Los progresistas eligen a Bandrés como candidato para el Tribunal Constitucional

José Manuel Bandrés, juez de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, es ya el candidato oficial del sector progresista para ocupar una de las dos plazas de magistrado del Tribunal Constitucional que tiene que asignar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), según han confirmado fuentes de ese grupo. Así lo han decidido este jueves los vocales propuestos por PSOE e IU durante una reunión interna fijada para intentar avanzar en los nombramientos del tribunal de garantías después de que el PP rompiera las negociaciones con el PSOE para renovar el órgano de gobierno de los jueces. Tras el anuncio de los progresistas, la comisión negociadora que reúne a vocales de ambos grupos ha convocado una reunión para este mismo jueves por la tarde, en la que los conservadores no han presentado aún ningún candidato, pero han asegurado que lo tendrán en los próximos días, según fuentes del órgano. Ambos bloques han quedado en verse de nuevo el próximo 16 de noviembre.

Bandrés, miembro de Juezas y Jueces para la Democracia, era desde el principio uno de los aspirantes de los progresistas del CGPJ, pero la postura no era unánime. Algunos preferían a Pablo Lucas, también magistrado de la Sala Tercera (de lo Contencioso-administrativo) del Supremo, por lo que habían acordado desde hace semanas que, llegado el momento de designar a un candidato, celebrarían una votación interna. Y así lo han hecho este jueves, durante una reunión a la que algunos vocales han asistido presencialmente desde la sede del Consejo y otros por videoconferencia. La candidatura de Bandrés ha sido apoyada por todos, excepto por Mar Cabrejas, partidaria de Lucas. El hermano de este, Enrique Lucas, vocal del CGPJ a propuesta del PNV, se ha abstenido de participar en la votación, según fuentes del órgano.

El juez propuesto por los progresistas para el Constitucional, de 66 años, es magistrado del alto tribunal desde 2003 y ha ejercido también en juzgados del País Vasco, Cataluña y Aragón y en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Atesora una amplia trayectoria judicial y académica y es experto en jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derecho Humanos y en derecho constitucional y contencioso-administrativo. Su tesis doctoral sobre el derecho al proceso debido y el Tribunal Constitucional está considerada una de las biblias del derecho a un proceso con plenas garantías. Pero su nombre gusta menos que el de Lucas a una parte del sector conservador.

Los dos bloques, no obstante, han sostenido hasta ahora en reuniones internas que no habría vetos —es decir, que todo el Consejo respaldaría a un candidato de los progresistas y a otro de los conservadores— porque todos los aspirantes iban a ser magistrados del Supremo, a quienes se les presupone un nivel de excelencia. Los vocales propuestos por el PP tendrán que decidir ahora su postura ante la elección de Bandrés. En la reunión mantenida este jueves, los negociadores de este sector se han limitado a decir que “trasladarán” el nombre del candidato progresista a los miembros de su grupo, pero han advertido de que le consideran el candidato que preferido del Gobierno. La razón, según los vocales propuestos por el PP, es que Bandrés ya estuvo a punto de ser designado para el Constitucional a propuesta del PSOE en la renovación que pactaron los dos partidos en octubre de 2021, pero finalmente los socialistas optaron por Inmaculada Montalbán.

Los conservadores llevaban semanas reclamando a los progresistas que pusieran un solo nombre encima de la mesa, a pesar de que ellos no han puesto todavía ninguno (tras un encuentro celebrado este miércoles por la noche se comprometieron a buscarlo en “los próximos días”). Los progresistas han sido reticentes hasta ahora a confirmar su candidato final porque consideraban que, ante las reticencias de los vocales propuestos por el PP para llegar a un acuerdo, su aspirante podía acabar desgastándose. Pero fuentes del bloque progresista señalan que se ha optado por tomar la decisión ya para dar un paso al frente y forzar al otro grupo a avanzar en sus gestiones.

Los conservadores aseguran que quieren que el Constitucional quede renovado “cuanto antes”, aunque advierten de que no van a aceptar presiones. Vocales de este sector sostienen ahora, además, que hay una razón de peso para no consumar ya los nombramientos: el Supremo tiene pendiente decidir si acepta la suspensión cautelar de la elección de Rafael Mozo como presidente suplente del CGPJ tras la dimisión de Carlos Lesmes, una medida solicitada por el vocal Wenceslao Olea y por el secretario general del órgano, José Luis de Benito, en los recursos que han presentado contra la designación de Mozo. Los conservadores aseguran que si el pleno del CGPJ presidido por Mozo elige a los dos magistrados del Constitucional y luego el Supremo suspende esa presidencia, se correría el riesgo de que la renovación del tribunal de garantías fuera impugnada.