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La exjefa etarra Anboto suma otros 425 años de cárcel por un atentado fallido junto al estadio del Alavés

La Audiencia Nacional dicta la condena más alta impuesta en España a la terrorista, que acumula ya nueve sentencias en contra desde su entrega por Francia

Etarra Soledad Iparraguirre 'Anboto'
Soledad Iparraguirre, 'Anboto', en enero de 2021, durante uno de los juicios celebrados contra ella en la Audiencia Nacional.Juan Carlos Hidalgo (EFE)

El sangriento historial de Soledad Iparraguirre, alias Anboto o Marisol, suma una nueva condena. La Audiencia Nacional ha sentenciado a la exjefa de ETA a otros 425 años de cárcel por la colocación de un coche bomba en 1985 cerca del estadio de Mendizorroza, en Vitoria (Álava), donde el equipo de fútbol del Alavés iba a jugar un partido contra el Lleida. Los jueces consideran probado que la terrorista condujo el vehículo usado en el crimen, cargado con 24 kilos de Goma 2 y 100 kilos de metralla (“tornillos usados normalmente por Renfe en la sujeción de vías”), en cuyo volante se encontraron las huellas dactilares de la acusada, según la policía. Desde que Francia la entregara en 2019, este es el noveno fallo dictado contra ella, que acumula así penas por valor de 793 años y 8 meses de prisión.

Los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, en una sentencia fechada el pasado viernes, consideran a Anboto culpable de 20 intentos de asesinato, de un delito de atentado contra agentes de la autoridad en grado de tentativa y otro de estragos por atentado. El coche utilizado por el comando Araba no llegó a explotar, ya que los investigadores lo localizaron antes de que se cometiera el crimen y los Tedax lo desactivaron.

La Audiencia Nacional absolvió en marzo de 2021 a Iparraguirre por este atentado, pero el Tribunal Supremo obligó a repetir el juicio con otros magistrados porque se “omitió erróneamente” la prueba de las huellas encontradas en el vehículo. Un elemento que ahora ha resultado clave para imponerle la condena de 425 años de prisión, la más alta de las dictadas contra ella. “Existen cuatro huellas de Iparraguirre en el volante del coche que estaba cargado con el explosivo. De esta manera existe prueba directa de que estuvo físicamente presente en el interior del vehículo, y que agarró el volante con cuatro de sus dedos”, apuntan los magistrados en su sentencia del pasado viernes.

Pese a la alta pena impuesta, el tribunal recuerda que Anboto cumplirá un máximo de 30 años de prisión, de acuerdo al Código Penal vigente cuando los cometió. La terrorista, que llegó a ser jefe de ETA y que tiene más causas pendientes, formó parte del comando Araba y acumula ya 10 juicios en la Audiencia Nacional.

De todos sus procesos en España, nueve se han saldado con condenas. Además de la sentencia por el atentado de Mendizorroza, la etarra acumula 122 años de prisión por el asesinato de Luciano Cortizo, comandante del Ejército de Tierra, en 1995; 50 años por el tiroteo en 1995 contra los policías que vigilaban la entrada de las oficinas del DNI en Bilbao —que provocó la muerte de un agente y dejó tetrapléjico a otro—; 70 años y 8 meses de cárcel por el asesinato de dos policías en Vitoria en agosto de 1987, durante las fiestas patronales de la Virgen Blanca; 11 años de cárcel por la colocación de una bomba en 1994 junto a un banco de Getxo (Bizkaia), que no causó víctimas; 39 años por el asesinato en 1985 de Estanislao Galíndez, cartero de la localidad alavesa de Amurrio, al que la banda consideraba confidente de las fuerzas de seguridad; 15 años por ordenar acabar con la vida del rey Juan Carlos I con ocasión de la inauguración del Museo Guggenheim de Bilbao en 1997; 46 años por colocar una bomba trampa en un bar de Escoriaza (Gipuzkoa) en 1987; y 15 años por el ataque al palacio de Justicia de Amurrio en 1996, que no dejó víctimas mortales.

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Los tribunales españoles la han absuelto, además, por el atentado cometido en 1997 contra una comisaría de Oviedo. Esta sentencia ha sido recurrida por la Fiscalía ante el Tribunal Supremo. A Anboto, que permanece actualmente en prisión, también se le investiga en su calidad de jefa de ETA como “autora mediata por dominio” de atentados cometidos por sus subordinados —una especie de inductora intelectual de los crímenes, al tener el control absoluto de la banda—: entre otros casos, por el atentado en 1997 contra Miguel Ángel Blanco, concejal del PP en Ermua (Bizkaia).

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Sobre la firma

J. J. Gálvez

Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.

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