Condenada a 122 años de cárcel la exjefa de ETA ‘Anboto’ en su primer juicio en España

La Audiencia Nacional considera probado que Soledad Iparraguirre dio las instrucciones y el explosivo al etarra que asesinó al comandante Cortizo en 1995

Anboto, durante el juicio en la Audiencia Nacional.
Anboto, durante el juicio en la Audiencia Nacional.Luca Piergiovanni / Europa Press

La Audiencia Nacional ha condenado a 122 años de cárcel a la que histórica dirigente de ETA María Soledad Iparraguirre Guenechea, alias Anboto, por dar la orden y facilitar los explosivos para que el miembro de la banda Sergio Polo asesinara con una bomba lapa al comandante del Ejército de Tierra Luciano Cortizo en León el 22 de diciembre de 1995. Este es el primer juicio al que se enfrentaba Anboto en España desde que Francia, donde cumplió una condena de 15 años por pertenencia a organización criminal, la entregase en 2019. Iparraguirre tiene aún pendientes otras 11 causas en la Audiencia Nacional. La exdirigente de ETA, junto con José Antonio Urrutikoetxea, Josu Tenera, fue la encargada de leer el comunicado del 3 de mayo de 2018 con el que la banda armada anunció su “disolución” definitiva.

En la sentencia, el tribunal impone a Anboto 30 años por un delito de asesinato terrorista por la muerte del miembro de las Fuerzas Armadas y cuatro penas de 20 años por asesinato terrorista frustrado por cada uno de los heridos en aquel atentado, entre ellos la hija del comandante Cortizo, que viajaba con él en el coche cuando estalló el artefacto que ETA había colocado bajo su asiento. Además, la sentencia le impone otros 12 años por tenencia de explosivos y al pago de indemnizaciones por un total de 802.100 euros a la mujer y los hijos del militar.

En el relato de los hechos, la sentencia considera probado que, un año después de la caída de la cúpula de ETA en Bidart (Francia) en 1992, Iparraguirre, que ya había formado parte de varios comandos, asumió labores de dirección en el aparato militar de la banda. En concreto, el control y coordinación de los llamados comandos legales (formados por miembros de la organización no fichados por la policía) bajo las órdenes de Pedro José Pikabea Ugalde, Larrún. La posterior detención de este, terminó por aupar en 1994 a Anboto a la jefatura de este brazo de la organización. Desde ese puesto, se encargaba de transmitir a los comandos las órdenes concretas sobre contra quién y cómo atentar, a la vez que les facilitaba dinero, armas y explosivos, y les impartía instrucciones para la fabricación de los artefactos.

Una de esas acciones señaladas fue el asesinato del comandante Cortizo, entonces destinado en León. El tribunal considera probado que Iparraguirre dio instrucciones para ello a Sergio Polo, condenado con anterioridad a 110 años de cárcel por este atentado. Anboto entregó el explosivo a Polo, que en aquella época constituía él solo un comando legal de ETA, y le dio “instrucciones precisas sobre la ejecución del atentado, fabricación, transporte y colocación del artefacto explosivo, tendentes a asegurar el resultado y evitar riesgos para el autor”. Tras vigilar durante varios días a la víctima, el etarra colocó en la noche del 21 al 22 de diciembre de 1995 una bomba lapa bajo el asiento del conductor del coche del militar “como le había ordenado María Soledad Iparraguirre”. Al día siguiente, cuando el Cortizo y su hija se desplazaban en el vehículo, el artefacto explosionó y causó la muerte del comandante y heridas de gravedad a su hija, de 18 años, así como lesiones de diversas consideraciones a tres transeúntes.

Entre las pruebas de la implicación de Anboto en el atentado, el fallo destaca la existencia de una carta remitida por ella al autor del atentado, y que fue intervenida por la Policía en el piso de Pasajes (Gipuzkoa) donde este residía, en la que la entonces dirigente de los comandos legales le daba instrucciones para colocar la bomba lapa dentro del vehículo, y no en los bajos del mismo, para evitar que, como había ocurrido en un atentado anterior, la víctima sobreviviera. Los magistrados también han tenido en cuenta las declaraciones de otros miembros de ETA condenados en otras causas que identificaron a Anboto como la máxima responsable aquellos años de los comandos legales de la organización. Durante la vista, Anboto negó su implicación en el atentado y aseguró que había sido acusada de este crimen porque se convirtió en la portavoz del colectivo de los presos de la banda (EPPK en sus siglas en euskera) tras ser detenida en Francia en 2004.

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