Los crímenes del ‘Escuadrón de la muerte’ peruano: decenas de agentes, nueve operativos y 30 asesinatos

La detención este martes en Guadalajara de Luis Alberto Mío Morocho, un prófugo de la justicia peruana, es solo la punta del iceberg de un proceso judicial extremadamente lento. Mío Morocho está acusado en su país de formar parte de un grupo de policías corruptos que asesinaba a delincuentes comunes, a los que hacían pasar por “peligrosos” criminales para recibir condecoraciones, ascensos y el aplauso de la sociedad peruana.

Un suceso turbio está en el origen del historial de estos grupos. Hace diez años, en noviembre de 2012, tres cuerpos fueron hallados en un descampado con disparos en la nuca y el tórax, en Puente Piedra, un distrito al norte de Lima. Los tres eran policías. Según la versión oficial que circuló por aquellos días en la capital de Perú, sus muertes se habían producido durante un enfrentamiento con otros agentes, de la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT), un brazo armado de la policía contra el crimen organizado. Estos últimos alegaron que sus compañeros abatidos planeaban secuestrar a un empresario de colchones y que en la refriega habían disparado contra ellos en defensa propia.

Tres años después, la autenticidad de ese operativo, calificado en un primer momento de “ejemplar”, se puso en discusión a raíz de una denuncia del entonces comandante Franco Moreno Panta contra la SUAT. Panta sostenía que la subunidad había cometido irregularidades y que a los supuestos policías secuestradores se les había tendido una emboscada para lucrarse con sus muertes. Una de las víctimas, el teniente Israel Moreno Goyeneche, era medio hermano del comandante Panta.

A lo largo de Gobierno de Ollanta Humala (2011-2016) se sucedieron otros casos sonados que en principio despertaron el aplauso de la ciudadanía y los medios locales. El asunto solía ser básicamente el mismo: unos “valerosos policías” mataban a unos “peligrosos delincuentes” y rápidamente recibían por ello condecoraciones y ascensos.

De los “valerosos policías” quien más capitalizó estas acciones contra el hampa fue el comandante Raúl Enrique Prado Ravines. El pasado marzo, tras un largo proceso judicial, Ravines, que obtuvo seis condecoraciones por acciones distinguidas y está prófugo de la justicia desde 2019, fue sentenciado a 35 años de prisión por el delito de homicidio calificado junto a una decena de integrantes de la Policía Nacional del Perú. La Fiscalía había confirmado su tesis: aquellos operativos policiales en realidad habían sido ejecuciones extrajudiciales a delincuentes de poca monta, que habían sido captados previamente para simular estas heroicas misiones.

Aquel grupo policial corrupto, apodado Escuadrón de la muerte, estaba integrado por unos 14 oficiales en su núcleo duro y por otros 40 con menor responsabilidad. Lanzaron nueve operativos en cuatro ciudades de Perú (cinco en Lima, dos en Chincha, uno en Piura y otro en Chiclayo) y en sus actuaciones se cobraron la vida de una treintena de personas, entre policías y ciudadanos de a pie.

Rubén Vargas, ministro del Interior de Perú, lideró una serie de investigaciones en 2016 durante el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y emitió un concluyente informe al respecto, que echaba por tierra la buena imagen inicial de los dispositivos. Seis años después, sus cabecillas siguen estando prófugos. A Prado Ravines se le suman sus lugartenientes Williams Castaño Martínez y Carlos Llanto Ponce.En octubre del año pasado, uno de los miembros del escuadrón de la muerte, Luis Hernán Olivares Sánchez, fue apresado, pero por otro delito: se le decomisaron 15 kilos de clorhidrato de cocaína valorados en medio millón de soles.

A mediados de 2020, en Huacho, una provincia al norte de Lima, fue capturado Eduardo Trujillo Isidro, alias Viejo Lucho, un sesentón que se encargaba de reclutar a las víctimas. No solo a delincuentes de baja estofa, sino también personas en estado de pobreza y, claramente, vulnerables a ser presa del dinero fácil. El 29 de julio, apenas dos días de su detención, amaneció muerto en un penal. En un inicio se consignó que había muerto de covid-19, pero luego se supo que había sido ahorcado en su celda.

Uno de los policías que ha sido relacionado al Escuadrón de la muerte es el general Vicente Álvarez Moreno, nombrado en agosto pasado como el jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional del Perú. “Él fue pasado a retiro en diciembre de 2016, pero fue reincorporado y ahora es el número dos de la Policía. Es inaudito que el Gobierno actual le haya dado ese a poder a un personaje tan cuestionado que, además, realizó un hurto sistemático de la gasolina a la institución”, explica el exministro del Interior Rubén Vargas.

Doris Aguirre, periodista del diario La República que ha seguido el caso, también coincide con Vargas en que hay una demora hasta cierto punto sospechosa en los arrestos de los implicados. “El Poder Judicial ya ha emitido orden de detención. Pero existe una lentitud preocupante de parte de la Policía. La mayoría han fugado y se desconoce su paradero. No hay un interés sólido para dar con ellos”, agrega.