La Policía alerta del riesgo de un aumento del tráfico de armas por la guerra de Ucrania

La Policía Nacional considera que la guerra de Ucrania tiene y tendrá consecuencias directas en la seguridad dentro de las fronteras españolas. Entre ellas, el riesgo de un incremento del tráfico ilícito de armas “a corto y medio plazo” procedente de arsenales sin control de uno y otro contendiente que comiencen a circular por Europa. No será la única amenaza derivada del conflicto bélico, según recoge el Plan Estratégico de la Policía Nacional 2022-2025, un documento confidencial al que ha tenido acceso EL PAÍS y en el que se desglosan los retos a los que deberán enfrentarse los agentes en los próximos años y las líneas de trabajo para combatirlos. El texto también alerta sobre un previsible incremento de ciberataques por parte de “actores estatales y paraestatales”, en clara referencia al régimen de Vladimir Putin, como el que afectó al Consejo Superior de Investigación Científicas (CSIC) en julio. En marzo, poco después del estallido de las hostilidades, España ya elevó a 3 el nivel de su alerta de ciberseguridad, en una escala de cinco, ante el riesgo de ataques informáticos procedentes de Rusia.

El documento ―que recoge “los análisis de situación y tendencias” elaborados por las diferentes comisarías generales y departamentos de la Policía Nacional― añade un tercer riesgo motivado por la invasión de Ucrania: los casos de trata de ciudadanos de ese país desplazados a España para huir de la guerra, que la policía considera un “colectivo de especial vulnerabilidad”. En abril fue detenido un hombre en Madrid acusado de intentar trasladar a dos menores de nacionalidad ucrania a Málaga para prostituirlas.

Terrorismo yihadista

En su análisis, la Comisaría General de Información, responsable de la lucha antiterrorista, también pone el foco en el terrorismo yihadista y, en concreto, en el “fortalecimiento” del Estado Islámico (ISIS en sus siglas en inglés) “tras el periodo de debilidad de la coalición internacional a causa de la pandemia” de la covid-19. El documento destaca la expansión “creciente” de este grupo yihadista en “diversos escenarios geográficos” y el riesgo de que pueda aprovecharlo “para ejecutar acciones de mayor complejidad y amplitud”. Sobre el otro gran grupo yihadista, Al Qaeda, el informe señala que, si bien su estrategia actual es “eminentemente local”, sigue intacta “su vocación de liderar el movimiento yihadista global”. “El robustecimiento de estas organizaciones en las distintas regiones del planeta en las que ya actúan podría incrementar la capacidad operativa de sus redes en Europa”, afirma, antes de subrayar el riesgo que supone el retorno a Europa de excombatientes de estas zonas o de Afganistán, tras la reinstauración del régimen talibán.

No obstante, la Policía Nacional considera que el mayor riesgo para España lo siguen suponiendo los “terroristas o células autónomas”, como el grupo de Ripoll que cometió los atentados de Cataluña de agosto de 2017. A ello suma “la excarcelación por cumplimiento de condena” de presos yihadistas que pudieran “dinamizar la actividad terrorista en los próximos años”. En este sentido, el documento incide en que “la radicalización en las cárceles, el señalamiento de funcionarios de prisiones y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como objetivos, así como la prevención de la radicalización y la financiación del terrorismo siguen siendo un reto”. En los últimos meses, revistas de corte yihadistas han lanzado amenazas contra estos colectivos incitando a sus seguidores a atacarlos.

Extremismos y desinformación

Los expertos antiterroristas también plantean la necesidad de incrementar la atención de lo que denomina “extremismos ilícitos”, que considera “un riesgo para la convivencia entre los ciudadanos y la estabilidad de las instituciones del Estado”, sin explicitar a qué se refiere. Y señala que no se puede descartar “la aparición de movimientos de nuevo cuño y narrativas transversales con cierta capacidad de movilización social y que, en algunos casos, podría afectar al orden público” En 2019, la Estrategia Nacional contra el Terrorismo elaborada por el Ministerio del Interior ya alertaba sobre los “extremismos identitarios excluyentes”, al considerar que estaban “dando origen a dinámicas violentas y filoterroristas entre sectores minoritarios de nuestra sociedad”.

El nuevo plan estratégico incluye entre las amenazas “las campañas de desinformación y las operaciones de influencia [conocidas también por el término inglés fake news]” que tiene como objetivo “interferir en la libre conformación de la opinión pública en la sociedad española”. En marzo del año pasado, Interior lanzó un plan para luchar contra la ciberdelincuencia que situaba, precisamente, las noticias falsas en Internet como una de las diez mayores ciberamenazas a las que se enfrentaba España. En aquel documento, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska admitía que las lagunas legales existentes en el Código Penal hacían difícil combatirlas.

Crimen organizado en internet

En cuanto a la criminalidad organizada, el informe destaca los delitos que encuentran amparo en internet y las redes sociales, “sobre todo los relacionados con estafas o fraudes”, y considera que su número seguirá “al alza”. No son los únicos. El documento recalca que, de hecho, “una gran variedad de tipologías del Código Penal son ejecutadas a través de las redes sociales”, como los acosos, las extorsiones o las injurias, pero incide en lo que califica de “fenómeno delictivo en crecimiento, de gran repercusión y extremada preocupación mundial”: la explotación sexual de menores en internet. En su última memoria, la Fiscalía General del Estado apuntaba en el mismo sentido.

Los expertos en el crimen organizado ponen el otro gran foco en el tráfico de drogas, que obliga a la policía a “una permanente adaptación de los métodos de investigación tanto a las modificaciones legislativas como a la evolución permanente de las organizaciones criminales”. Para combatirlo mejor, aboga por el desmantelamiento de “la infraestructura financiera y las actividades de blanqueo” de estos grupos. El documento también destaca la necesidad de mejorar la lucha contra “la delincuencia itinerante en delitos patrimoniales”, formada por grupos que actúan por toda Europa. Por este carácter transnacional de ambos tipos de delincuencia, el plan estratégico apuesta por reforzar la cooperación internacional, y cita como ejemplo los equipos conjuntos de investigación con agentes de varios estados creados al amparo de Europol, la agencia europea policial.