Los ocho vocales rebeldes del Poder Judicial dilatan un acuerdo para el Constitucional que no garantizan

La primera reunión que los grupos conservador y progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mantendrán el próximo viernes se presenta sin expectativas de avances sustanciales en la negociación para designar a los dos magistrados del Constitucional que le corresponde nombrar al órgano de gobierno de los jueces. Ni siquiera existe garantía alguna de que los representantes de los ocho vocales del Consejo conjurados para exigir unas “reglas de juego” que están dilatando todo el proceso vayan a acudir a la convocatoria con propuestas concretas de nombres de candidatos sobre los que iniciar el diálogo.

La elección de esos dos nombres es el eje de una negociación que ya ha rebasado el límite temporal legalmente establecido, un plazo que vencía este martes, 13 de septiembre. Sin embargo, el hecho de que esa fecha haya quedado atrás no ha imprimido un nuevo ritmo a un diálogo que, en realidad, ni siquiera ha arrancado. De hecho, el grupo conservador les propuso a sus interlocutores del bloque progresista que la primera reunión para desbloquear la renovación del Constitucional tuviera lugar la semana que viene, alejándose sensiblemente del citado límite legal, que fue establecido no ya para proponer candidatos, sino para haberlos elegido.

Para plantear que el primer encuentro fuera tras haber transcurrido al menos una semana después del plazo dado por la reforma legal que devolvió competencias al Consejo del Poder Judicial y que pudiera proponer a los citados dos magistrados del órgano de garantías, el grupo conservador alegó motivos de agenda. El argumento fue considerado por el grupo progresista como meramente dilatorio, con lo que la fijación de la fecha para arrancar la negociación estuvo a punto de convertirse en un episodio inicial conflictivo para la mesa de diálogo.

Finalmente, el tira y afloja con las hojas del calendario se saldó con una convocatoria para el próximo viernes: lo bastante lejos del 13 de septiembre para que se note que se ha rebasado el plazo legal, pero la misma semana en que debió terminar la negociación para renovar el tribunal de garantías. Esta primera reunión negociadora se hará por videoconferencia, ya que algunos de los vocales que han de participar en la cita siguen desempeñando sus tareas jurisdiccionales en los lugares en que están destinados, fuera de Madrid.

Escasas perspectivas de avance

Vistos los antecedentes de los tres meses transcurridos sin que se haya empezado siquiera a hablar de nombres de candidatos, y dado que ya ha sido difícil incluso fijar la fecha para la primera reunión telemática, la esperanza de que este inicio pueda servir para encauzar propuestas concretas es muy limitada, prácticamente nula. En el caso de los conservadores, porque se muestran pasivos, a verlas venir, sin avanzar detalle alguno de cuál es la dinámica que piensan seguir, ya sea por no desvelar su estrategia, o ya sea porque no la tienen, salvo que se trate de dilatar el proceso.

En el caso de los progresistas, la confianza en que en esta primera convocatoria se va a poder progresar hacia un acuerdo es muy escasa, no por falta de deseos de alcanzarlo, sino porque se teme una actitud de incomparecencia real de la contraparte. El sector de la izquierda judicial querría que se pusieran nombres sobre la mesa sin más prolegómenos, y de hecho tiene ya una primera propuesta compuesta sobre la que se hubiera podido empezar a negociar. Pero falta la otra mitad de la baraja, que nadie del sector conservador saca del cajón.

Las identidades de los candidatos del sector progresista son conocidas desde comienzos del presente mes. De hecho, sonaban desde antes. Se trata de los magistrados del Supremo José Manuel Bandrés, Pablo Lucas, Ángeles Huet, Jacobo Barja de Quiroga y Eduardo Espín. En cambio, desde el bloque conservador se sigue transmitiendo el mensaje de que no resulta fácil presentar candidatos porque muchos de los que hubieran podido serlo se han descartado, en parte, según las fuentes consultadas, porque no hallan suficiente estímulo en la idea de “acceder a un tribunal de garantías en el que van a estar en minoría”.

Esta situación hace temer al sector progresista que sus interlocutores se han instalado en una estrategia dilatoria de la que será difícil sacarles. De hecho, en medios del Consejo se manejan desde antes de la apertura del año judicial nombres como los de los magistrados Rafael Fernández Valverde, Francisco Marín Castán, Inés Huerta, Antonio Sempere o Diego Córdoba, todos ellos del ámbito conservador, que habrían manifestado su interés en acceder al Constitucional sin que, de momento, su candidatura haya sido trasladada al grupo progresista, ni siquiera para un primer sondeo que permita abrir el diálogo.