El PP amaga con una oferta de negociación del Poder Judicial sin modificar sus condiciones

Nuevo movimiento táctico en el juego de ajedrez en el que se ha convertido la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que el PP ha bloqueado durante casi cuatro años. El principal partido de la oposición, a través de su vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons, ha enviado una carta al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en la que emplaza al Gobierno a sentarse a negociar la renovación y reforma del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. El PP asume así que se puedan retomar las negociaciones. El PP ha hecho pública la carta, y Bolaños ha contestado rápidamente también a través de los medios: “Seamos serios. La carta es un intento de aparentar de cara a la galería que quieren renovar. Si quisieran renovar de verdad me pueden llamar por teléfono y en una tarde renovamos. Envían un documento con 11 folios llenos de excusas, líneas rojas y condiciones. Le respondo al señor Feijóo con tres palabras: cumpla la ley. O está usted con el Estado de derecho o está insumiso al cumplimiento de la ley”.

En la última reunión entre Bolaños y González Pons, el representante del PP exigió que el Gobierno retirara la reforma que da potestad al CGPJ en funciones para renovar el Tribunal Constitucional para poder seguir. El Ejecutivo se negó, porque ya estaba todo tramitado, y la negociación se rompió ahí. Ahora el PP se ofrece a retomarla y, aunque mantiene las condiciones habituales, señala que podría hacerse una negociación en bloque que permitiera avanzar. Sin embargo, mientras llega esta misiva, una parte del sector conservador del órgano de gobierno de los jueces, la más cercana al PP, está intentando bloquear la renovación del Constitucional. La estrategia de los populares parece clara: bloquear esa renovación para intentar forzar al Gobierno a negociar. Pero el Ejecutivo confía en que una parte de la mayoría conservadora del CGPJ, en especial Carlos Lesmes, su presidente, y al menos otros dos magistrados, presionen para poder renovar el tribunal de garantías como exige la ley.

El PP quiere una negociación en bloque y se queja de que, tras la renovación que está en marcha en el Tribunal Constitucional, este pasaría a tener una “mayoría abusiva” a favor de los progresistas. En realidad, si todo va según lo que se hizo siempre, la mayoría pasaría de la actual de 6-5 a favor de los conservadores a un 7-4 a favor de los progresistas. Lo habitual es una mayoría de 7-5 a favor de uno u otro sector en función del partido que gobernara cuando tocó la renovación, porque son los dos magistrados elegidos por el Ejecutivo los que decantan la mayoría en el tribunal de garantías durante nueve años. Así ha sido durante toda la democracia.

En este caso hay un magistrado conservador, Alfredo Montoya, que tuvo que retirarse por una enfermedad y eso desequilibra el reparto habitual. El Gobierno no tiene ningún problema en renovar ese magistrado en el Senado para que sea un conservador y quede 7-5, como siempre, pero es el bloqueo del PP el que ha impedido esta normalidad con la que se ha trabajado sin problemas en los últimos 40 años. Fuentes de la cúpula popular aseguran que lo más importante para el PP es impedir ese desequilibrio en el Constitucional, y que todas las demás condiciones de su carta son negociables. Sin embargo, esa mayoría de 7-4 que ahora critica el PP por “abusiva” es la que se produjo durante todo 2021 a favor de los conservadores, sin que los populares mostraran ninguna inquietud. En octubre de 2020, el magistrado progresista Fernando Valdés salió del tribunal de garantías al ser acusado de malos tratos en el ámbito familiar. El PP bloqueó su renovación durante más de un año, hasta diciembre de 2021, y en ese tiempo la “mayoría abusiva” de la que habla ahora González Pons se consolidó a la inversa. El Ejecutivo insiste en que quiere renovar todo sin problemas y con los repartos y equilibrios que hubo siempre, y asegura que si el PP tiene voluntad, todo se puede resolver en una tarde.

'El PP reclama todo lo contrario a lo que lleva haciendo al menos 10 años', por José Manuel Romero

La carta de González Pons a Bolaños está llena de interpretaciones erróneas y datos equivocados.

Todo esto estaba hablado y pactado con la anterior dirección del PP cuando en 2021 se renovó otra parte del Constitucional. De hecho, Gobierno y PP ―con la dirección de Pablo Casado― llegaron a pactar por escrito el cambio de la ley para renovar el Constitucional que ahora critican Alberto Núñez Feijóo y Pons. La Moncloa creyó que con la llegada del dirigente gallego se desbloquearía todo, también la renovación del CGPJ, pero lo cierto es que cinco meses después de su elección, la tensión entre los dos grandes partidos en este asunto es más fuerte que nunca.

El PP habla de mayoría abusiva y reclama al Gobierno que cuente con él para elegir a los dos que le corresponden, y habla de reforzar la despolitización de la justicia, pero en la última renovación de este tipo, en 2013, el Gobierno de Mariano Rajoy eligió, sin contar con el PSOE, a dos personas tan cercanas al PP como Enrique López ―que ha sido su secretario de Justicia hasta la llegada de Feijóo― y Francisco José Hernando, el polémico presidente del CGPJ de ese momento. López dimitió tras ser detenido por conducir ebrio.

En la misiva, los populares mantienen sus requisitos y exigen primar en la negociación la búsqueda de perfiles que garanticen la despolitización del órgano. De manera simultánea a la renovación, proponen impulsar una proposición de ley por vía urgente para reformar la Justicia. El PP da este paso después de que el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, amenazase con dimitir si este órgano, con el mandato caducado desde hace casi cuatro años, no se renueva o no se le devuelven sus competencias. En paralelo a esta carta, Feijóo ha enviado otra a Lesmes en la que también afirma su voluntad de renovar, y que le ha dirigido después de su rapapolvo en la apertura del año judicial.

El líder popular ha dicho este viernes que coincide “mayoritariamente” con el discurso de Lesmes, obviando que el presidente del CGPJ criticó al PP por condicionar la renovación del Poder judicial a otras exigencias, y ha acusado al Ejecutivo de tratar de controlar al órgano de gobierno de los jueces, a pesar de que son los vocales conservadores los que lo están bloqueando en estos momentos. “El Gobierno está intentando controlar el Poder Judicial a través de una ley inconstitucional vaciando de competencias al consejo y prohibiéndole que ejerza sus competencias constitucionales. Esa ley es inconstitucional y el Gobierno lo sabe. Lo único que he trasladado formalmente es la voluntad del PP de hacer esa renovación, con un mínimo de principios y avanzar, una vez hecha la renovación del Consejo, para que tengamos en el futuro una nueva ley”. Feijóo ha buscado además justificar su posición ante las críticas que está recibiendo el PP por obstruccionismo. “Esta formación no está bloqueando las instituciones, sino que intenta dignificar las instituciones”.

La carta de González Pons dice responder a “la preocupación” mostrada por Lesmes, “y antes por la Comisión Europea”, ante la situación en la que se encuentra la justicia española, que califica de “bloqueo”. Los populares envían este escrito en la misma semana en que Lesmes, durante la apertura del año judicial en el Supremo, el miércoles, emplazase al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, a que se reuniesen “con urgencia” para renovar el CGPJ, cuyo mandato venció en diciembre de 2018.

Los populares incluyen en la misiva un catálogo de condiciones, la primera de las cuales es que la negociación se lleve a cabo en el Congreso y la cuarta, que a su vez incluye 11 condiciones, reza que la renovación del Poder Judicial se haga a la vez que la reforma de la ley para cambiar el sistema de elección. “Simultáneamente, al proceso de renovación del CGPJ, se presentará una proposición de ley, de forma conjunta, por cuantos grupos parlamentarios apoyen este espíritu de despolitización de la justicia española, a tramitar por la vía de urgencia”.

A su juicio, el actual sistema “no garantiza la despolitización de la justicia” y no ahorra críticas al Gobierno. Lo hace cuando dice que, tras presentar el PP una “propuesta para reforzar la independencia judicial”, comprobó que, “lamentablemente, los planes del Gobierno eran otros”; o cuando afirma que “ganar un Tribunal Constitucional para un Gobierno es perderlo para los ciudadanos” y que la mayoría que se plantea para este alto tribunal por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez “nunca” fue “tan abusiva como la que se plantea en estos momentos”.

Carta a la Comisión Europea

En paralelo, el PP ha enviado a la vicepresidenta de la Comisión Europea Vera Jourová y al comisario de Justicia, Didier Reynders, sendas cartas en las que les informa de la propuesta de acuerdo remitida por Esteban González Pons a Félix Bolaños. En esas cartas, el PP dice a los dirigentes comunitarios que sus condiciones para un acuerdo con el Gobierno están basadas en las recomendaciones propuestas por la Comisión en el Rule of law report of 2022.

En su respuesta a la carta del PP, donde repite los argumentos de la propuesta anterior, Félix Bolaños ha cuestionado tanto las formas empleadas por la oposición en este último movimiento como la sensación de impostura que transmite la formación de Feijóo. Bolaños, además, ha cuestionado las condiciones, al tiempo que ha reclamado al PP que respete los plazos que marca la ley, lo que no ha ocurrido con el Poder Judicial, que va camino de cumplir cuatro años sin ser renovado. “Tenemos que dar tiempo a que los vocales del CGPJ hagan su trabajo y cumplan la ley, y ahí el Gobierno lo único que manifiesta es su máximo respeto por el funcionamiento del CGPJ y de sus vocales. Tienen un plazo legal que estableció la ley, están trabajando y desde el Gobierno lo único que deseamos es que hagan su trabajo con tranquilidad, sin presiones, y que por supuesto cumpla la ley y acaben nombrando dos magistrados del Constitucional”