Yolanda Díaz insta a un acuerdo con las distribuidoras para limitar el precio de los alimentos básicos

La vicepresidenta segunda no logra el apoyo de PSOE. Podemos aboga por la creación de un impuesto extraordinario a grandes empresas de alimentación

La vicepresidente segunda, Yolanda Díaz, el pasado viernes durante un acto en Madrid.
La vicepresidente segunda, Yolanda Díaz, el pasado viernes durante un acto en Madrid.

La vicepresidenta Yolanda Díaz se ha desmarcado este lunes de su socio de Gobierno al lanzar una propuesta para lograr un acuerdo con las distribuidoras que limite el precio de alimentos básicos. En un contexto de elevada inflación (10,4% en agosto) que está afectando ya al poder adquisitivo de las familias, la titular de Trabajo ha abogado en una entrevista concedida a Eldiario.es por fijar un máximo para determinados productos, como el pan, los huevos o la leche. La iniciativa de la líder de Unidas Podemos en el Ejecutivo ha sorprendido al partido de Ione Belarra, que ha recibido con escepticismo su planteamiento, y al PSOE, que tampoco se ha mostrado partidario de topar los precios. Aunque Podemos lo ve “sensato”, cree que en “momentos de dificultad económica” el Gobierno no solo debe llegar a acuerdos, sino “tomar decisiones”, según ha reaccionado en rueda de prensa el portavoz de la formación Pablo Fernández.

La vicepresidenta segunda ha alertado de que los oligopolios “no están solo en el sector bancario o en el energético”. “Tenemos cinco grandes distribuidoras que concentran el 50%”, ha señalado antes de considerarlo “un factor de riesgo” que ha propiciado la subida de precios. “A los productores les compran las naranjas a 15 céntimos, y los ciudadanos las pagamos a 1,48 euros. Las patatas se pagan a los productores de nuestro país en torno a 18 céntimos y se están vendiendo a 1,35. El ajo llega a los supermercados con un incremento de casi el 800%. Es una barbaridad”, ha considerado en la entrevista. “Alguien aquí se está enriqueciendo por el camino y está utilizando la guerra [en Ucrania]”, añadía.

“Esto está siendo un problema para mucha ciudadanía en nuestro país. No solo porque pierden poder adquisitivo, sino porque tienen dificultades para mantener una alimentación sana”, ha justificado horas más tarde en declaraciones a los medios. Díaz ha precisado a su llegada a la toma de posesión del nuevo Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, que mantendrá diferentes encuentros con distribuidoras y asociaciones de consumidores acompañada del ministerio que dirige Alberto Garzón con la finalidad de que alcancen entre ellas un acuerdo para “fijar una cesta de la compra básica, sin vulnerar el derecho de la competencia, con entre 20 y 30 productos”. “Hemos fijado precios máximos a las mascarillas o en el último real decreto a la bombona de butano. Creemos que es un paso más y que es muy importante”, ha defendido.

La formación de Belarra, que desconocía la propuesta concreta formulada por Díaz y ve improbable un pacto con las compañías, apoya la creación de un impuesto extraordinario a grandes empresas de alimentación y distribución que ya propuso hace algunos meses. Esa recaudación, explica el partido, permitiría dar cheques a las familias para acceder a los productos.

El PSOE tampoco se ha mostrado partidario de limitar el precio de determinados alimentos. “Nuestro interés es reducir los costes y que los agricultores y ganaderos estén debidamente remunerados”, ha señalado Alegría, que ha recordado algunas de las medidas aprobadas por el Gobierno, como una partida de 169 millones de euros para ganaderos lácteos y otra de 143 millones a los ganaderos de carne, sin olvidar la ley de cadena alimentaria, que demandaba el sector primario y contó con el voto contrario del PP, para que no se venda por debajo de los coste de producción. La bonificación del combustible y la rebaja del IVA del gas deberían contribuir a hacer disminuir los costes por la guerra de los que no escapan energía, fertilizantes ni piensos.

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Los socialistas también han declinado la propuesta, que Díaz no ha descartado en la entrevista, de pactar listas conjuntas en algunas circunscripciones o para el Senado. “El PSOE tiene muchos años y somos un partido de mayorías como hemos demostrado a lo largo de la historia, nuestros militantes y simpatizantes eligen a los candidatos en los distintos procesos electorales y vamos a seguir con esa dinámica”, ha zanjado Alegría. Una vez más, la portavoz socialista no ha entrado a las palabras de la vicepresidenta segunda, que cree que el PSOE “no está maduro para esta realidad”.

Desbloqueo de la ley de vivienda

Nuevo curso, viejas reivindicaciones. Podemos arranca el curso político con el objetivo prioritario de desbloquear la ley de vivienda en el Congreso, un proyecto del Ministerio de Transportes, en manos del PSOE, pero que se ha convertido en una de las normas fundamentales para el partido de Belarra en esta legislatura, que ha negociado el texto en primera persona. Fuentes de Derechos Sociales, que dirige la secretaria general de Podemos, han presionado este lunes a su socio de Gobierno al afirmar que la ley “puede estar aprobada mañana mismo” si los socialistas apoyan tres propuestas que respalda el bloque de investidura, como la regulación del alquiler en zonas de mercado tensionado para todos los propietarios. El PSOE sostiene que se trata de una ley muy compleja: “Se han recibido más de 800 enmiendas a esta ley y es necesaria la búsqueda de consensos”, ha observado Pilar Alegría, portavoz de la dirección socialista y ministra de Educación.

Tal y como está concebida ahora, la medida afectará solo a grandes tenedores, aquellos que son titulares de más de 10 inmuebles. Después de los tira y afloja entre el PSOE y UP durante la redacción de la ley, organizaciones civiles y parte del arco parlamentario —entre ellos ERC— han tachado la norma de descafeinada.

Con sus afirmaciones, Podemos ha responsabilizado a los socialistas del bloqueo de la ley de vivienda en la Cámara baja, después de que fuera aprobada en Consejo de Ministros el pasado 1 de febrero y en marzo se abriera la fase de enmiendas en el Congreso. Entre las reivindicaciones de los socios se encuentran la prohibición de los desahucios en España de familias vulnerables sin que haya alternativa habitacional y la inclusión de la totalidad de viviendas de la Sareb en el parque público en alquiler. “Estos tres elementos, si se incluyera dentro del texto legislativo, sería cuestión de días que pudiéramos cerrarlo. Es mi obligación como representante público y como persona responsable del Gobierno de que los textos salgan adelante decírselo al PSOE. Si eso se incluyera, sería mucho más fácil aprobar esta ley”, ha reiterado Belarra en declaraciones a TVE a primera hora de la mañana. “Son propuestas de sentido común y cuentan con un gran respaldo social”, justifica Derechos Sociales.

El PSOE otorga muchísima importancia a limitar lo máximo posible el ruido en la coalición en vez de agitar las diferencias con el socio minoritario del Ejecutivo. Alegría ha evitado el choque con Unidas Podemos en la ley de la vivienda y otros puntos de fricción. “Lo más importante que tenemos que decir es que por primera vez vamos a tener una ley de vivienda. Es un objetivo fundamental y queremos alcanzar los máximos consensos para aprobar una ley histórica que dé repuesta a uno de los principales problemas de este país, sobre todo para los jóvenes”. Alegría ha apelado a la prudencia, evitando entrar en el estado de las negociaciones, aunque ha recordado que el Gobierno ha aprobado 160 leyes en la legislatura fruto del diálogo y del consenso.

El portavoz de Podemos se ha mostrado optimista en rueda de prensa sobre la posibilidad de que el PSOE dé el visto bueno a sus exigencias, pese a que en buena medida fueron rechazadas ya durante la elaboración del texto. “Estamos en un contexto de mayor crisis económica, las familias atraviesan enormes dificultades y fue Pedro Sánchez el que aseveró su intención de dar un giro a la izquierda. En este momento el Gobierno lo que no puede es perder credibilidad”, ha justificado. Fernández ha apremiado al socio para que apruebe la ley “de manera inmediata” y ha desvinculado su negociación de la de los próximos Presupuestos. “Confiamos en que se realice antes”, ha declarado.



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