Los sindicatos se revuelven

La ventaja electoral del PP sobre el PSOE en las encuestas, aunque algo ralentizada, según refleja en su estudio 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER, tendrá su reflejo esta mañana en la identidad de los asistentes a un desayuno con el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, organizado por la agencia Europa Press. Se da por descontada la afluencia masiva a la convocatoria de dirigentes y cargos del PP; por ir, irían todos. Pero habrá que observar qué miembros del mundo económico, empresarial, financiero y sindical acudirán.

Esta vez, el curso político y económico no lo inaugura el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado de banqueros, financieros y empresas del Ibex, como en años anteriores, sino en un acto con ciudadanos de distintos sectores laborales. Cada actor marcará su territorio. Los sindicatos, en breve, fijarán su camino; no quieren tutelas ni extraños compañeros de ruta. Las movilizaciones que se esperan para el otoño vendrán de diversos colectivos más o menos reconocibles, pero las centrales quieren identificar las suyas sin lugar a confusión.

Cuando el presidente del Gobierno abra mañana el debate en el Senado con un intercambio largo de posiciones y propuestas frente a Núñez Feijóo, ambos tendrán sobre la mesa un nutrido paquete de medidas y de reproches. La ventaja de Feijóo, o eso cree él, es que no ha visto la necesidad de responder con claridad y precisión sobre asuntos muy concretos. Desde la subida de las pensiones, el incremento de los salarios, o el creciente crédito del Gobierno de España en la Unión Europea sobre sus propuestas energéticas y de control de precios.

Debates en el Parlamento, mesas de diálogo y posibles, más que probables, movilizaciones en la calle. Este es el marco en el que se va a mover la vida pública española hasta las próximas elecciones generales de finales de 2023, con parada en las municipales y autonómicas del mes de mayo.

La dependencia energética aún no ha tomado cuerpo en la vida de los europeos, pero el Gobierno y los sindicatos estudian las consecuencias. Sin un pacto de rentas, la capacidad de contener el descontento será muy limitada. No hay razones objetivas, en este momento, para considerar que la patronal vaya a aceptar, no ya sentarse a negociar la cuantía de la subida salarial, sino siquiera considerar la idea de un incremento.

CC OO y UGT están estudiando las opciones de respuesta a los escenarios que pueden presentarse y su capacidad de influir para que sus representados, y los trabajadores en general, no queden a la intemperie en el largo invierno que se avecina. La flexibilidad será su máxima si empieza la negociación de los convenios colectivos, pero con alguna garantía. No les valdrá el compromiso lejano de que al tercer año se puedan producir subidas salariales. Solo eso, no. Ni se les ocurre pedir un aumento salarial acorde con la inflación, casi un 10%, sino un 3% o un 4%, y de manera escalonada, para llegar al tercer año con una recuperación real del poder adquisitivo. De momento, la patronal está en el no absoluto. Ese rechazo no es exclusivo de las grandes empresas, sino que en todo el tejido empresarial es impensable hablar de una subida salarial que amortigüe el abrumador efecto de la inflación.

El Gobierno y los sindicatos no aceptan como realidad incontrovertible que las empresas, dentro de su variedad y de la imposibilidad de hacer de ellas un absoluto, estén en pérdidas. No son esos los datos de los equipos económicos del Gobierno y de las centrales sindicales. La certeza de que hay que margen para subidas salariales ha empujado a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a emplazar a la patronal a que se siente a negociar. Todo movimiento dentro del Gobierno de coalición se analiza por sus propios miembros con la actitud de ver más allá de lo que parece. La vicepresidenta ha llevado la bandera de las sucesivas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y no la va a posar en ninguna mesa. Sus compañeros de gobierno, con o sin carné del PSOE, no permitirán que la vicepresidenta y Unidas Podemos se apunten el éxito. Habrá subida del SMI, coinciden fuentes del Gobierno. En esta parada esperan al PP y a su presidente, Alberto Núñez Feijóo, para que se posicionen. Para pronunciarse sobre esa cuestión deberá estar preparado el líder popular, pues los avisos de que se le va a preguntar sobre el asunto son públicos y notorios.

Este martes, Sánchez intentará en el Senado que Feijóo no se limite a aportar sus propuestas, sino que provocará que se pronuncie sobre las decisiones que va a tomar el Gobierno. La subida del SMI será una de ellas; también la revalorización de las pensiones, y está pendiente el sueldo de los funcionarios. No es fácil para la oposición conservadora pronunciarse sobre subidas salariales, pensiones o salarios en la función pública. Que sea el Gobierno el que pague el coste de sus acciones. Esta es la actitud de la oposición, confiada en que el radar ciudadano no detecte sobre qué aspectos guarda silencio.

No será Feijóo el que convoque movilizaciones, aunque será comprensivo según sean las razones. Los sindicatos, en breve, darán a conocer cuándo y por qué llamarán a salir a la calle. Si la patronal no se sienta a negociar, esa razón es segura. Pero el Gobierno recibirá su parte de críticas en las pancartas. Moncloa y los ministerios económicos pueden tomar medidas que amortigüen el deterioro de la vida laboral y cotidiana. Ni tontos útiles, en beneficio de los detractores acérrimos del Gobierno, ni el gran paraguas para el Ejecutivo de izquierdas. Los sindicatos buscarán un equilibrio que se les antoja difícil. Mientras tanto, avanza el plan de movilización global auspiciado por la Confederación Europea de Sindicatos. Antes de que llegue el frío.