El nuevo curso judicial marca el paso a la agenda política

A poco más de una semana del acto de apertura del año judicial, que presidirá el Rey el próximo 7 de septiembre, la tensión preside las relaciones entre el Gobierno y el PP sobre el bloqueo de las instituciones de la justicia, un elemento que marcará de nuevo la agenda política del curso que arranca. El enfrentamiento radical entre populares y socialistas sobre cómo debe entenderse y garantizarse la independencia judicial se ha traducido hasta ahora en la imposibilidad de renovar dos órganos clave para el Estado de Derecho: el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) —el gobierno de los jueces, que realiza nombramientos, impone sanciones y elabora informes sobre proyectos de ley— y el Tribunal Constitucional. Ambos tienen caducados sus respectivos mandatos: en el primer caso, todo el Consejo está en funciones desde diciembre de 2018; en el segundo, un tercio de los magistrados del Constitucional terminó su mandato el pasado junio y deben ser sustituidos, lo que provocará un vuelco en la relación de fuerzas, dando lugar a un tribunal de mayoría progresista. Y ambas instituciones están, en este caso, conectadas, porque dos de los cuatro magistrados del Constitucional que deben ser sustituidos corresponde nombrarlos al Consejo. Un intrincado escenario que condiciona el funcionamiento de la justicia y enfrenta de forma cada vez más descarnada al Gobierno y al primer partido de la oposición.

A ese conflicto se suma la dificilísima situación en la que está el Tribunal Supremo, al borde del colapso en algunas de sus salas —principalmente la que analiza los asuntos contencioso-administrativos— por la imposibilidad de sustituir a los jueces que fallecen, se jubilan o causan baja: esas vacantes deben ser cubiertas por el CGPJ, pero este tiene vetada por ley la facultad de realizar nombramientos desde el año pasado, al tener el mandato caducado. Y esa situación alimenta también la bronca entre Gobierno y oposición: el PP acusa al Ejecutivo de desbloquear los nombramientos solo en el Constitucional para garantizarse el cambio de mayorías, olvidándose del problema mayor en el que está sumido el Supremo.

Por si faltara algo, en este contexto de ruido político-judicial ha aterrizado la polémica desencadenada a raíz de la sentencia del Supremo sobre el caso de los ERE de Andalucía, dictada por tres votos a dos y que supone enviar a prisión durante seis años al exministro, expresidente andaluz y expresidente del PSOE José Antonio Griñán. El texto de la sentencia y el del voto particular de las dos magistradas discrepantes se conocerá a principios de septiembre, y dará paso a la presentación de un incidente de nulidad de actuaciones por parte de la defensa. Si esta iniciativa fracasa, será seguida de un recurso de amparo ante el Constitucional, en un proceso paralelo a la solicitud de indulto anunciada por la familia de Griñán. Y esta última medida entrará de lleno en el debate político, pues será potestad exclusiva de un presidente socialista conceder o no la medida de gracia a un compañero y excargo del partido.

El pulso en torno a la renovación del CGPJ y el Constitucional se produce en el contexto de una disputa inacabable entre PSOE y PP sobre el alcance de sus compromisos para normalizar la situación. Prueba de que tales compromisos existen es el documento suscrito por el anterior secretario general del PP, Teodoro García Egea, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, dado a conocer por EL PAÍS el pasado 16 de agosto. En dicho documento, ambos partidos acordaban impulsar conjuntamente una reforma de la Ley del Poder Judicial para permitir la elección de los cuatro magistrados del Constitucional. Pero ese acuerdo ha saltado por los aires, el PSOE ha acabado presentando en solitario la reforma legal y la bronca política ha enrarecido tanto la situación que ha dado lugar a sucesivas renuncias de magistrados del sector conservador del Supremo a aceptar un puesto en el Constitucional.

De ahí que resulte difícil que los nuevos miembros del tribunal de garantías puedan ser elegidos con un amplio respaldo, aunque en el Consejo impera el criterio de que al final se podrán obtener los 12 votos (de un total de 19 posibles) precisos para la designación de esos dos magistrados del Constitucional. En paralelo, el Gobierno debe nombrar a otros dos. Por esta vía, el tribunal pasará a tener una mayoría progresista, dato que explica en buena medida por qué existe tanta disputa en torno a su renovación, según asumen fuentes del propio Constitucional.

Sentencias a la espera de pronunciamiento

El tribunal de garantías, con su actual composición de mayoría conservadora, declaró inconstitucionales diversos aspectos del paraguas jurídico desplegado por el Gobierno para hacer frente a la pandemia —empezando por el confinamiento de la población en el primer estado de alarma—, en uno de los mayores varapalos judiciales sufridos por el Ejecutivo. Y ahora tiene por delante sentencias tan importantes como la referida a la ley del aborto, la de eutanasia o la de educación, conocida como ley Celáa. También debe resolver cuestiones relevantes en materia parlamentaria, como las fórmulas de juramento alternativas empleadas por diputados de varios grupos al inicio de la legislatura o la posible devolución del escaño al exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez.

La Constitución establece que la renovación del tribunal de garantías debe hacerse cada cuatro años por tercios, de modo que en cada turno sean sustituidos cuatro de sus doce miembros. Para evitar un conflicto institucional, el Gobierno ha ido aplazando el nombramiento de los dos magistrados que le corresponde designar, a la espera de que el Consejo haga lo propio. Pero la espera no será indefinida. Fuentes gubernamentales subrayan que, si en septiembre no hay indicios claros de que el órgano de gobierno de los jueces va a hacer su parte, el Gobierno hará la suya y nombrará a sus dos magistrados en la primera quincena de octubre.

De acuerdo con la reforma legal finalmente impulsada por el Gobierno sin el concurso del PP, el plazo para que el Consejo efectúe sus dos nombramientos termina el 13 de septiembre. Antes, el día 8, está convocado un pleno extraordinario del CGPJ para abordar el asunto, pero fuentes del órgano afirman que cerrar el acuerdo en esa fecha es improbable, pues las espadas siguen en alto entre los vocales que quieren pactar los nombres sin más dilaciones y los que volverán a expresar su rechazo a la reforma legal que facilita los nombramientos en el Constitucional pero los sigue bloqueando en el Supremo. “Mi obligación es asistir al pleno y proponer nombres, pero si no hay acuerdo y no se consigue elegir entre los candidatos, no será culpa mía”, dice, por ejemplo, un vocal del sector conservador. Y añade: “Si en el Parlamento no han sabido ponerse de acuerdo sobre la renovación del Consejo, ¿por qué vamos a lograrlo nosotros sobre el Constitucional? ¿Por qué se va a ser más exigente con unos que con otros?”.

En el CGPJ hay, en todo caso, una mayoría decantada a favor de nombrar a los dos magistrados, sin ampararse en dificultades para pactar sus identidades. El acuerdo pasa por que sean miembros del Supremo y que uno provenga del sector conservador y otro del ámbito progresista. El segundo es más fácil de encontrar, porque no faltan en ese sector magistrados dispuestos a aceptar la designación. En la franja conservadora, en cambio, existe mayor resistencia, en parte porque los posibles designados son conscientes de que en su nuevo cargo formarían parte de la minoría, y prefieren conservar el peso específico que tiene su puesto en una Sala del Supremo.