Crónica negra del socialismo andaluz en 10 años de pillaje institucional

El Tribunal Supremo ha dado la puntilla a una era de hegemonía socialista en Andalucía. Los magistrados han confirmado esta semana la mayoría de las condenas de la Audiencia de Sevilla por el caso ERE, un fraude masivo en la gestión de ayudas millonarias a empresas en crisis perpetrado desde distintos departamentos de la Junta.

En la década prodigiosa del PSOE andaluz —logró victorias inapelables con el 51% y el 48% de los votos en las elecciones autonómicas de 2004 y 2008— este partido firmó su crónica más negra a cuenta de algunos de sus gobernantes.

Dos presidentes autonómicos, Manuel Chaves (1990-2009) y José Antonio Griñán (2009-2013), seis consejeros, tres viceconsejeros y tres directores generales han sido condenados por corrupción. Unos, Griñán entre ellos, tendrán que ingresar en prisión por malversación. Otros, como Chaves, evitarán la cárcel al ser condenados solo por prevaricación.

Todos formaban parte de la cúpula del Ejecutivo andaluz que gestionó durante esa década (2001-2010) un programa de prejubilaciones pagadas con dinero público que afectó a 77 empresas y a más de 6.000 trabajadores. El programa costará 1.300 millones de euros cuando termine de pagarse, en 2025.

Pese a su abultado presupuesto, el plan benefició a un porcentaje mínimo de las empresas que en esa década sufrieron expedientes de regulación de empleo en Andalucía: casi 6.000 empresas y más de 100.000 trabajadores afectados.

El instrumento que ideó el Gobierno de Manuel Chaves en 2000 para repartir esas subvenciones públicas era tan ágil y flexible —no había concurrencia, ni publicidad— como opaco y arriesgado: la falta de requisitos o de control sobre el gasto —ni antes de aprobarlo ni después— convertía un plan social de ayuda a miles de trabajadores y cientos de empresas en una gigantesca oportunidad para el robo de dinero público.

Altos cargos, empresarios y sindicatos aprovecharon durante 10 años ese agujero normativo para el saqueo de fondos, según los hechos probados de la sentencia ahora confirmada por el Supremo.

El diseño del fondo: una puerta abierta al fraude. “La necesidad política de dar una respuesta inmediata a los grandes conflictos sociolaborales llevó a los responsables de la Junta de Andalucía a establecer un sistema ágil de concesión de ayudas a empresas en crisis eliminando los mecanismos de control legalmente establecidos”, relata la sentencia. Ni las ayudas fueron conocidas (no se hizo publicidad de la convocatoria), ni hubo posibilidad de concurrencia, ni requisitos que cumplir para acceder a la subvención. La investigación destapó numerosos ejemplos de ayudas fraudulentas aprovechando esas circunstancias.

Procedimiento ilegal aprobado cada año por ley. La prevaricación, según la sentencia, consiste en aprobar un anteproyecto de ley que incluía la partida para las subvenciones a empresas mediante “transferencias de financiación”, un instrumento expresamente prohibido por la ley para ese tipo de ayudas. Y, además, la aprobación a posteriori de modificaciones presupuestarias cuando hacía falta más dinero “actuando a sabiendas de que el importe modificado se destinaba a abonar ayudas/subvenciones sociolaborales y de empresas en crisis que habían sido concedidas siguiendo un procedimiento ilegal”. Lo extraño del caso es que el Gobierno andaluz llevó su norma prevaricadora cada año al Parlamento, que la convirtió en ley tras una tramitación transparente. Pero la oposición, según los jueces, fue inducida a error al contar con una información “críptica, confusa y equívoca”. Ni la mayoría de los diputados que aprobaron el instrumento para el delito, ni muchos de los consejeros que dieron su visto bueno al proyecto de ley prevaricador fueron imputados en la causa.

Descontrol absoluto. Los peritos de la Intervención General del Estado no encontraron en los expedientes examinados “ningún análisis económico de la Consejería de Empleo” sobre las empresas que se beneficiaron de las ayudas millonarias para saber si necesitaban el dinero o, por el contrario, tenían capacidad suficiente para atender sus necesidades. Cuando le preguntaron por esa circunstancia al director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, que era quien decidía todo sobre las ayudas, contestó: “No era un elemento a tener en cuenta”.

Además, la sentencia recoge numerosas anomalías en subvenciones a otras empresas favorecidas, aunque no aprobaron ningún ERE. El dinero público sirvió en muchos casos para “abonar nóminas, deudas (sin especificar), gastos de primer establecimiento de la empresa, minutas por asesoramiento jurídico en materia laboral, mejoras salariales derivadas de convenios colectivos, cursos de alta dirección, indemnizaciones derivadas de despidos declarados improcedentes, devoluciones de préstamos suscritos por la empresa, pago de importes avalados, o préstamos para pago de nóminas de los que no consta su devolución”.

Las cifras del fraude. La sentencia no precisa el dinero defraudado, pero el PP, que ejerció de acusación popular en el caso, señala los 680 millones de euros presupuestados entre 2001 y 2010 para denunciar el “caso de corrupción más grave de la democracia”. El único cálculo posible se remite a lo acreditado en la investigación: 12 millones pagados a cerca de 200 intrusos —trabajadores que cobraron la prejubilación por el ERE de una empresa a la que nunca pertenecieron—; 50 millones abonados por sobrecomisiones a las aseguradoras mediadoras, y otros 73 millones a empresas que no reunían las condiciones para acceder a las ayudas. Todo ello eleva la cifra a 135 millones de euros. El resto, dinero invertido en prejubilaciones, no se puede considerar fraude, según el magistrado Alberto Jorge Barreiro. “Ha de partirse de la premisa de que un porcentaje de las subvenciones ilegalmente concedidas habría que concederlo también en el caso de que se hubiera seguido el procedimiento legal exigible para su concesión”.

¿Empresas y trabajadores socialistas? La investigación no acreditó la financiación ilegal del PSOE andaluz en este caso de corrupción. Tan solo hay pruebas de amaños perpetrados por el director general de Trabajo, Francisco Javier Guerra, para pagar prejubilaciones a algunos militantes socialistas incluidos en las listas de trabajadores de empresas a las que nunca pertenecieron. Y de ayudas a empresas sin trabajadores que se habían creado para recibir las subvenciones en una zona dominada por alcaldes socialistas.

Las dudas de una malversación. Ocho ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía han sido condenados por malversación de fondos públicos, entre ellos Griñán. El delito de malversación castiga a quienes sustraen fondos públicos para sí o para terceros o lo consienten. El tribunal considera que son culpables por inacción los máximos responsables de las consejerías de Empleo, Economía y Hacienda, e Innovación, que conocieron supuestamente en 2005 informes del Interventor General con las irregularidades de todo el plan de ayudas, no lo cambiaron y aprobaron presupuestos para seguir financiando unas cantidades dadas mediante un procedimiento ilegal.

El magistrado del Supremo Alberto Jorge Barreiro, que investigó el caso, escribió tras siete meses de instrucción: “Al menos a día de hoy, no constan datos indiciarios incriminatorios contra José Antonio Griñán como presunto autor del delito de malversación, pues no se ha acreditado que interviniera en la concesión concreta de ayudas fraudulentas de fondos públicos ni que supiera que se estaba disponiendo de los caudales públicos para las ayudas/subvenciones con destino al lucro ilícito de terceras personas”.

Barreiro, ya jubilado, concluyó que Griñán sí conoció que el sistema para conceder las subvenciones era ilegal en su tramitación, pero no supo que al ejecutarse se “estuvieran desviando importantes sumas de dinero para procurar el beneficio ilícito de terceras personas”. No hay pruebas en la investigación de que Griñán se lucrase, ni tampoco de que conociese que se estaba desviando dinero a terceras personas. El Supremo ha dado por buena la condena de la Audiencia de Sevilla a Griñán, pero dos magistradas, de los cinco que integran el tribunal, defienden su absolución.