La Fiscalía del Supremo, sobre el fraude de los ERE: “Todo era prevaricador”

La Fiscalía del Tribunal Supremo se ha ratificado este jueves en su tesis sobre el fraude de los ERE de Andalucía: no fueron “actuaciones aisladas” del director general de Trabajo (el fallecido Javier Guerrero), como sostienen las defensas, sino un “entramado administrativo” ideado para repartir ayudas sorteando el control de la Intervención general. Así lo ha asegurado el fiscal Rafael Escobar durante la segunda sesión de la vista oral sobre los recursos presentados por 19 ex altos cargos del Gobierno andaluz contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que en 2019 les condenó por malversación y prevaricación. “Todo era prevaricador porque eran necesarias resoluciones prevaricadoras”, ha defendido el ministerio público, que da también por acreditado el desvío de fondos públicos que define el delito de malversación, por el que el expresidente José Antonio Griñán está condenado a seis años de prisión.

Los recursos quedan vistos para sentencia. El Supremo debe resolver ahora si confirma o revoca las condenas impuestas por la Audiencia Provincial. La decisión de la Sala Penal no se espera antes de las elecciones andaluzas de 19 de junio, pero la vista ha devuelto a la actualidad el fraude de los ERE, el gran caso de corrupción que afectó a la cúpula del Gobierno socialista de 2000 a 2009 y que, aún hoy, sigue lastrando al PSOE andaluz. La confirmación de la sentencia, como pide la Fiscalía, implicaría la entrada en prisión de nueve exaltos cargos, entre ellos Griñán. Por el contrario, si revoca las condenas de los principales responsables políticos, como reclaman las defensas, el PP vería desmontarse el relato con el que durante más de una década construyó su oposición en Andalucía.

La Fiscalía ha tratado de rebatir ante el tribunal todos los argumentos empleados el día anterior por las defensas para desvincularse del caso. Nadie niega que el fraude existió. Pero mientras que las defensas de los principales responsables políticos sostienen que los fondos desviados fueron solo una pequeña cantidad de los 680 millones en ayudas sociolaborales dadas con el llamado fondo de los ERE, y que la responsabilidad exclusiva de este desvío estuvo en la Consejería de Empleo, el ministerio público asegura, y así lo asumió también la Audiencia en su sentencia, que la cúpula del Gobierno andaluz urdió un sistema ilegal para agilizar las ayudas a empresas en crisis eludiendo el control de la Intervención.

“Cualquiera puede entender que una partida concreta pueda escaparse al control, lo que no es posible es que esto suceda durante 10 años”, ha afirmado el fiscal Escobar, para quien el entonces presidente de la Junta (Manuel Chaves, condenado por prevaricación) y los consejeros de Economía y Hacienda (primero Magdalena Álvarez y luego Griñán) y el resto de ex altos cargos condenados “necesariamente tenían que saber y necesariamente eran conscientes de que se estaba presupuestando mal”. “Y lo estaban admitiendo. Lo que no vale es decir que en su periodo han mejorado el sistema de control presupuestario, estableciendo mayores controles”, ha añadido el representante del ministerio público.

La Fiscalía ha recordado que la Junta modificó el sistema de concesión de las ayudas directas y pasó a concederlas mediante transferencias de financiación, un sistema que, según el ministerio público, siempre se ha usado para la cobertura de pérdidas de una entidad pública, pero no vale para conceder ayudas. “Con este procedimiento se eludió la fiscalización”, ha insistido el fiscal Fernando Prieto, que ha asegurado que tanto los responsables de Empleo como los de Economía y Hacienda eran “conscientes” de que ese mecanismo no era el adecuado para conceder subvenciones.

Los fiscales han rechazado también uno de los principales argumentos utilizados por las defensas de Griñán, Chaves y otros condenados para negar la prevaricación: que los proyectos de ley delos presupuestos autonómicos aprobados cada año por el Consejo de Gobierno, donde se incluía el fondo de los ERE, constituían un acto político que no está sujeto al control de la justicia. “Puede ser una decisión política el conceder subvenciones, pero todos los trámites hasta que se conceden deben ser sometidos al control jurisdiccional”, ha advertido el fiscal Escobar.