El ‘caso ERE’

El Tribunal Supremo ha condenado por corrupción una década de ayudas sociolaborales de los gobiernos socialistas en Andalucía por el fraude en la gestión de fondos públicos para el rescate de empresas privadas en dificultades. Las razones del Tribunal no se conocen porque la comunicación de la sentencia está a la espera de que termine de redactarse el voto particular con el que dos magistradas de los cinco que forman el Tribunal justificarán su rechazo a la condena por malversación que llevará a la cárcel a José Antonio Griñán.

Los hechos se han ido repitiendo a lo largo del largo periplo judicial del caso ERE. El Gobierno socialista de Manuel Chaves decidió en 1999 gastar una parte del presupuesto de la Junta de Andalucía en pagar prejubilaciones de trabajadores pertenecientes a empresas que atravesaban dificultades y cuya continuidad dependía de que pudieran adelgazar sus plantillas sin coste alguno. Para hacer realidad esa decisión política con agilidad, se ideó un sistema de prejubilaciones de trabajadores en empresas en ERE (expediente de regulación de empleo) que se incorporó a los presupuestos de la Junta aprobados por el Parlamento autonómico en años sucesivos —sin objeción de ningún partido— y que permitió la concesión de ayudas por la Consejería de Empleo al margen de los controles preventivos establecidos, con carácter general, para las subvenciones.

Pero en la aplicación de aquella norma se produjeron todo tipo de irregularidades. Los gestores directos del programa en la Consejería de Empleo colaron en las listas de trabajadores afectados a familiares o amigos que nunca habían trabajado en esas empresas. La investigación detectó unos 200 intrusos entre los más de 6.000 beneficiados. Otra línea de ayudas públicas para proyectos empresariales acabó mayoritariamente en la Sierra Norte de Sevilla en empresas de municipios gobernados por el PSOE. Por último, la gestión del pago de las prejubilaciones recayó en compañías aseguradoras sin escrúpulos que cobraron comisiones de hasta el triple de los precios de mercado. La sentencia de la Audiencia de Sevilla, confirmada ahora por el Supremo, sostuvo que la previsión legislativa de aquella norma resultaba en sí misma fraudulenta y que con su aprobación se buscó amparo para eludir la legalidad. La sentencia, sin embargo, no fue capaz de evaluar y precisar el coste de todos los desmanes, ni consideró fraude la mayor parte de las ayudas concedidas a 200 empresas y a sus miles de trabajadores prejubilados. Hasta 2010 —la época juzgada—, el dinero público invertido en estas ayudas sociolaborales era de 680 millones de euros. Cuando se acaben de pagar las últimas prejubilaciones en 2025, la Junta habrá destinado a este programa 1.300 millones de euros

Los dos presidentes de la Junta de esa época dejaron sus cargos institucionales hace siete años, cuando el Tribunal Supremo comenzó a investigar su actuación. Su responsabilidad política quedó saldada. Siete años después, afrontan un castigo penal duro.

A Chaves, y a la espera de conocer las razones del Supremo, se le condena a nueve años de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación. Griñán y otros ocho ex altos cargos son condenados a penas de prisión por malversación de fondos públicos. Según la sentencia de la Audiencia de Sevilla, Griñán fue consciente como consejero de Hacienda del riesgo de fraude que asumía al aprobar ese sistema de concesión de ayudas.

Juzgar un mecanismo legal deficiente que permitió la comisión de irregularidades, e incluso delitos, a través de un procedimiento penal en el que se imputa responsabilidad jurídica no solo a quienes lo aplicaron efectivamente, sino a también a quienes ostentaban la máxima responsabilidad política, abre un camino inédito y tan controvertido que el Tribunal Supremo se ha partido en dos en torno a la condena de Griñán.

En septiembre conoceremos los argumentos discrepantes de esta decisión judicial con la que terminan 13 años de investigación del caso ERE, que ha dañado gravemente el prestigio de los gobiernos socialistas andaluces por el daño del clientelismo sobre las políticas públicas.