Videovigilancia para evitar maltratos en las salas donde se cachea desnudos a los presos

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha dado instrucciones a las prisiones dependientes del Ministerio del Interior ―todas menos las de Cataluña y País Vasco, con la gestión transferida― para que aquellas que aún no las tengan instalen cámaras de videovigilancia en las salas donde se practican los cacheos con desnudo integral a los reclusos, según un documento interno al que ha tenido acceso EL PAÍS. Estos espacios concentran buena parte de las denuncias de malos tratos que presentan los presos, según recoge en sus informes anuales el Defensor del Pueblo. De hecho, la aplicación de esta medida, que se extenderá también a las celdas en las se aplica a internos la sujeción mecánica de manera prolongada para supervisar cómo se han desarrollado estas medidas de contención, es una antigua recomendación del organismo que encabeza Ángel Gabilondo.

Con la extensión de los sistemas de videovigilancia ―fuentes de Instituciones Penitenciarias prefieren hablar de “homogeneización”― Interior pretende evitar, por un lado, los casos de maltrato a presos, pero también destapar posibles acusaciones infundadas de estos contra funcionarios de prisiones. La medida se pone en marcha cuando están a punto de cumplirse dos años de que el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, dependiente del Consejo de Europa, inició una investigación por los supuestos malos tratos sufridos, en septiembre de 2020, por un preso en la cárcel de Estremera (Madrid). El recluso, que presentaba hematomas en los glúteos, las piernas y las plantas de los pies cuando fue visitado por una delegación de este comité, denunció haber sido golpeado por varios funcionarios en la sala de cacheo de su módulo, en la que no había cámaras. Tras el incidente, que ha sido investigado por un juzgado e Interior, la dirección de esta cárcel instaló dispositivos de videograbación en estos espacios, destacan fuentes penitenciarias.

Ahora, esta medida, que ya está instaurada en más centros, según recalcan fuentes de Instituciones Penitenciarias, va a ser obligatoria para todas las cárceles dentro de la adaptación a la última modificación de la ley de protección de datos. Estas mismas fuentes detallan que cada centro deberá informar del estado actual de sus sistemas de videovigilancia ―”algunos son antiguos”― y cuáles son sus necesidades para implementar las nuevas medidas. “Se lleva más de ocho años trabajando en ello”, aseguran. La instrucción interna ―que entrará en vigor a mediados de agosto y da tres meses a los centros para adaptarla sus procedimientos de régimen interior― regulará el uso de estos sistemas de videograbación, “una herramienta legítima de prevención” y que es considerada “un instrumento de apoyo al ejercicio de las competencias del personal penitenciario para garantizar la seguridad personas y colectiva”.

El documento recuerda que deben seguir sometidos a este tipo de vigilancia las zonas comunes de las cárceles, los espacios destinados “al depósito y custodia de objetos, documentos o valores” y el aparcamiento de vehículos del centro. Por el contrario, sigue estando prohibido que graben imágenes de las vías públicas que rodeen el penal, salvo cuando sea imprescindible por motivos de seguridad; y del interior de las celdas, baños, vestuarios y salas donde los reclusos mantienen comunicaciones con familiares y abogados. La instrucción abre la posibilidad a que los funcionarios porten “dispositivos móviles de grabación”.

El documento añade otros espacios del recinto donde ahora será “necesario” disponer de videovigilancia. Además de las salas de cacheo con desnudo integral (donde se adoptarán medidas especiales para preservar la intimidad del recluso) y las celdas destinadas a la sujeción mecánica, deberán instalarse en las dependencias donde se custodien los medios coercitivos (defensas de goma, aerosoles y grilletes) que usan los funcionarios para determinar quién accede a ellos y las celdas destinadas a aplicar el aislamiento provisional de los internos. El documento añade que las imágenes en estos lugares tendrán “carácter reservado” y solo se podrá acceder a ellas “para el ejercicio de las labores de supervisión por parte de la autoridad competente”. De hecho, solo se podrán extraer cuando exista una “queja o denuncia” de un supuesto maltrato para ponerla “a disposición de la autoridad competente”. Si no existiera denuncia, a los tres meses “serán destruidas de oficio sin extraerse del sistema”. En su último informe, el Defensor del Pueblo recomendaba que este plazo se elevase hasta un mínimo de seis meses.

Las imágenes grabadas en el resto de los espacios videovigilados solo tendrán que guardarse durante 30 días. No obstante, deberán extraerse antes de que su produzca su borrado aquellas relacionadas con sucesos en los que internos o funcionarios hayan sufrido lesiones, con “incidentes de carácter grave o muy grave” (secuestros, motines, plantes, evasiones...), con denuncias o quejas de reclusos por malos tratos o cuando se abra una investigación judicial o interna relacionada con algún hecho acontecido en las zonas con cámaras.

Para garantizar la validez legal de la grabación, la instrucción detalla que “el visionado y extracción de las imágenes solo se realizará por el personal expresamente designado” por la dirección del centro y, además, se habilitará un procedimiento de “claves o códigos individualizados” para identificar de manera “fehaciente e indubitable de cada una de las personas designadas” para este fin. “Esto permitirá acreditar la trazabilidad y no alteración” de las imágenes, añade el escrito.