“Me ponen contra la pared, me tiran al suelo y me dan con las porras”

“Cuando llego allí, me encuentro a más funcionarios, y me ordenan que saque las cosas de los bolsillos para cachearme. Me saco las cosas y me ponen contra la pared para cachearme, y a continuación me tiran al suelo y me dan con las porras”. El pasado 10 de septiembre, Patxi F. U., un preso de 39 años con un historial de entradas en la cárcel que se remonta a finales de 1998, relató a dos responsables de la prisión de Estremera (Madrid), los supuestos malos tratos que había sufrido el día anterior a manos de funcionarios. Su caso es investigado por el Juzgado de Instrucción 1 de Arganda del Rey, por el Ministerio del Interior —que ha expedientado a los siete funcionarios implicados— y por el Comité Europeo de Prevención de la Tortura, del Consejo de Europa. EL PAÍS ha tenido acceso a parte de la documentación de la investigación.

El suceso que desembocó en la denuncia se inició sobre las 16.30 del 9 de septiembre, después de que el Patxi F. no pudiera demostrar que era propietario del televisor que tenía en la celda y un funcionario se lo retirase. Sin embargo, las versiones sobre lo ocurrido a partir de ese momento son dispares. Los funcionarios afirman que el preso se dirigió una hora después a la cabina donde estaban los funcionarios y comenzó a golpear los cristales. “Ante la actitud manifiestamente agresiva del interno se procede a separarlo del resto de reclusos para su cacheo en el cuarto”, recoge el parte de los funcionarios. El preso, sin embargo, afirma que fue a la cabina a “hablar” con ellos y que, como no quisieron, se fue al patio. “A la media hora, entra el funcionario y una funcionaria al patio y me ordenan que les acompañe, dirigiéndonos al cuarto de cacheo del módulo”.

La versión de lo que ocurrió en esa habitación —que no cuenta con cámaras de videovigilancia— es también muy diferente. Los funcionarios aseguran que “en el transcurso del cacheo, el interno pega una patada a una mesa volcándola contra los funcionarios allí presentes, a la que vez que profiere las siguientes amenazas: 'Os vais a enterar, perras, quién soy yo. Conmigo no se juega. Esto no os va salir gratis. Me cago en vuestros putos muertos”. Siempre según ese parte, los funcionarios redujeron a Patxi “utilizando la fuerza mínima imprescindible”. El documento no recoge la utilización de ningún medio coercitivo. El recluso, sin embargo, asegura que fue empujado al suelo y golpeado. Tras ello, afirma que lo esposaron. “¿Usted opuso resistencia en algún momento?”, le preguntaron en el interrogatorio. “No, ninguna”, aseguró.

Tras ser reducido, Patxi F. fue trasladado al módulo de aislamiento donde, a las 18.50, fue sometido a un reconocimiento médico. La doctora recogió en el parte que presentaba “dolor en la punta del dedo” y “discreta hiperemia [enrojecimiento] en ambas muñecas sin escoriaciones ni heridas”. Se le suministró un analgésico. Sin embargo, al día siguiente, cuando otro funcionario lo trasladaba a una celda, notó que el preso cojeaba y le preguntó por el motivo. El recluso asegura que le contó lo sucedido el día anterior: “Y le enseño las marcas que llevaba en las nalgas y en la pierna”. Ese mismo día, Patxi F. fue sometido a un nuevo reconocimiento médico en el que se le apreciaron hematomas en muslo izquierdo, en las plantas de ambos pies y en los glúteos, así como “erosiones en ambas muñecas”.

Interior abrió una investigación interna que incluyó el visionado de las grabaciones de las cámaras de seguridad. Según fuentes penitenciarias, las imágenes muestran la entrada en la sala de cacheo de hasta siete funcionarios. En un segundo informe elaborado por los funcionaros el 16 de septiembre, estos se reafirmaron en su relato de la supuesta agresividad del preso para justificar la utilización de “las esposas de sujeción sin la previa autorización del jefe de servicios”. En dicho documento se sigue sin hacer mención al supuesto uso de las defensas de goma.

Un portavoz de Instituciones Penitenciarias ha declinado comentar lo sucedido al estar el suceso bajo investigación judicial y recordó que de las 128 denuncias por malos tratos presentadas por reclusos el año pasado, “113 están ya archivadas. Somos los primeros interesados en que las prisiones no tengan un ámbito impune”, añadió. Por su parte, José Ramón López, presidente del sindicato Acaip-UGT, mayoritario entre los funcionarios de prisiones, reclama “que se esclarezcan los hechos, pero al mismo tiempo que no existan 'juicio o condenas previas”.

El Consejo de Europa también declinó dar detalles sobre el informe que ha elaborado la delegación de su Comité de Prevención de la Tortura que visitó, entre 13 y el 28 de septiembre, 19 centros de detención en España, entre ellos la cárcel de Estremera. Según confirman varias fuentes penitenciarias, allí recogieron el testimonio del preso y le sometieron a un informe forense en el que tomaron fotografías de sus lesiones. Un portavoz de este organismo se limitó a asegurar que habían hecho llegar “observaciones preliminares” a las autoridades españolas, sin concretar si hablaron del suceso de la cárcel madrileña.