Los inventos de los presos: así ocultan sus miniteléfonos móviles en las cárceles
Un vídeo muestra cómo funcionarios de Picassent localizan un terminal, cuyo uso está prohibido para los internos, en un ingenio dentro de una botella de limpiador
El ingenio de algunos reclusos parece no tener límites, sobre todo cuando se trata de ocultar objetos cuya tenencia les está prohibida dentro de las cárceles. El último ejemplo se descubrió el pasado el 2 de mayo en el Centro Penitenciario de Picassent (Valencia), la mayor prisión de España, con cerca de 2.100 internos. Durante el registro de una celda, los funcionarios penitenciarios localizaron un pequeño teléfono móvil en un compartimento estanco dentro de una de las botellas que tienen los presos con productos para limpiar, según se observa en un vídeo al que ha tenido acceso EL PAÍS. Solo unos días antes, el 21 de abril, los trabajadores de la cárcel de Ocaña I (Toledo) se habían incautado de cuatro teléfonos móviles camuflados también de manera sofisticada: tres estaban ocultos en envases de desodorante.
En el caso de la cárcel de Picassent, el vídeo muestra a un funcionario de prisiones que, durante el registro de una celda, coge una botella de plástico que parece contener en su interior únicamente un líquido verde. Sin embargo, el trabajador penitenciario empieza a desenroscar la parte inferior de la botella hasta desprenderla, y dejar a la vista que, entre esta y la superior, que también tiene líquido, aparece un compartimento estanco con un pequeño terminal y su cargador, que queda oculto a la vista por la etiqueta de la botella. “Este es el pan nuestro de cada día. Ellos idean mecanismos para esconder objetos prohibidos, y nosotros intentamos descubrirlo”, señala un funcionario de prisiones consultado.
En el caso de Ocaña, la fotografía muestra cómo tres de los terminales estaban dentro de envases de desodorante de tipo roll-on. En esta intervención también fueron hallados un teléfono smarphone, una batería y un cargador con cable. La tenencia de teléfonos móviles se considera una falta grave que acarrea sanciones a los reclusos a los que se les encuentren. Estos castigos van desde la reducción de las horas de salida al patio al traslado a un módulo más duro. Además, el incidente queda reflejado en el expediente penitenciario del recluso con el consiguiente efecto en la concesión, por ejemplo, de permisos. En agosto del año pasado, varios presos del Centro Penitenciario de Monterroso (Lugo) fueron sancionados después de que se difundiera en redes sociales un vídeo grabado por uno de ellos con un teléfono móvil en el que se les veía consumir fármacos de origen desconocido y presumir de que tenían otros objetos prohibidos, como una tatuadora
Entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021, Instituciones Penitenciarias ha intervenido 10.275 teléfonos móviles de todo tipo en las cárceles dependientes del Ministerio del Interior (la Generalitat catalana y el Gobierno vasco, este último desde el pasado octubre, tienen transferida la gestión de los centros existentes en sus territorios).
El año que más se intervinieron fue en 2019, justo antes de la pandemia, con 2.585 terminales. Una cifra que representa una media de siete al día. El año pasado fueron 2.261 teléfonos. Por cárceles, la de Algeciras, con 690 terminales, y la de Alhaurín de la Torre (Málaga), con 688, son en las que más se han localizado en estos cinco años. En la de Picassent, donde se ha hallado ahora el móvil oculto dentro de la botella de limpiador, entre 2017 y 2021 se hallaron 437 (68 en el último año). Y en la de Ocaña I fueron 141 (52 durante 2021).
La mayoría de los teléfonos móviles que se intervienen son de pequeño tamaño: miden poco más de seis centímetros y son fáciles de ocultar en un zapato o en las cavidades del cuerpo. Se ofertan en páginas web por poco más de 20 euros. Pero también los hay, cada vez en mayor número, con acceso a internet, los conocidos como smarphone, mucho más cotizados entre los reclusos. Buena parte de ellos son introducidos en las prisiones por familiares durante las visitas vis a vis (íntimas) o por reclusos que vuelven de un permiso y que los llevan escondidos en los objetos que portan —se ha llegado a encontrar uno en un tubo de pasta de dientes— o en sus orificios corporales. También se han encontrado algunos en los patios de la prisión supuestamente dejados caer desde un dron, como ocurrió en septiembre de 2018 en el centro penitenciario de Alhaurín de la Torre.
En los cursos de formación que reciben los funcionarios de prisiones antes de comenzar a trabajar en prisión, se les adiestra precisamente en la detección de objetos prohibidos dentro de las cárceles. En estas enseñanzas se hace especial hincapié en los nuevos sistemas utilizados por los presos o sus familiares para introducirlos y ocultarlos, destacan fuentes de Instituciones Penitenciarias.
Además, desde 2008, el Ministerio del Interior ha tomado medidas para evitar la utilización de teléfonos móviles por parte de los internos, sobre todo tras descubrirse que entonces algunos presos célebres, como Zakhar Kalashov, jefe de la mafia georgiana, y el narcotraficante gallego José Ramón Bravo Bugallo, Sito Miñanco, utilizaban estos dispositivos desde sus celdas presuntamente para mantenerse en contacto con su organización. Aquel año, Instituciones Penitenciarias comenzó a instalar inhibidores de frecuencia en el interior de buena parte de las cárceles. Interior no facilita el número de prisiones que cuentan en la actualidad con este sistema por motivos de seguridad, según una respuesta parlamentaria del pasado año al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu.
La excepción de los reclusos en semilibertad
En abril del año pasado, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias dictó una orden interna por la que autorizaba, por primera vez, a que parte de la población reclusa tuviera en sus celdas determinados objetos prohibidos hasta ahora, como ordenadores y teléfonos móviles. La medida afectaba a cerca de 2.400 internos que entonces disfrutaban de la llamada semilibertad “residencial”, es decir, con la obligación de acudir a prisión, la mayoría de ellos solo a dormir de lunes a jueves. La orden interna encuadraba la medida dentro de una política penitenciaria “orientada hacia la inserción social” y con el objeto de favorecer “los vínculos comunitarios” de los presos con el exterior. En este sentido, señalaba que, dada la expansión en la sociedad del uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, estas deben estar presentes en el medio abierto penitenciario “a efectos laborales, formativos y de comunicación” de los presos en semilibertad.
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