Hacienda ofrece “recursos récord” a las autonomías y las del PP piden ahorro y otro sistema de financiación

El Gobierno central ha ofrecido este miércoles más dinero y recursos que nunca a las comunidades autónomas, como consecuencia de sus mayores ingresos y para paliar los efectos de la actual crisis económica, en el seno de otra reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que ha vuelto a reflejar la división sobre cómo encarar la salida a esta crítica situación y en particular la oposición de las autonomías dirigidas por el PP. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado en ese contexto las razones de haber aumentado el techo de gasto de los próximos presupuestos del Estado y les ha comunicado que en 2023 dispondrán de los mayores recursos de la historia, que llegarán hasta los 134.336 millones de euros, un 24% más que en 2022. Las autonomías del PP han criticado ese gasto porque entienden que con la actual inflación se debería apostar por más ahorro y algunas han reiterado que debe modificarse ya el actual modelo de reparto.

La ministra Montero ha aprovechado esta cita con los consejeros de Hacienda de las autonomías para informarles, además, de que durante 2023 podrán contar con una tasa de referencia de déficit público que pasará del 0,1% al 0,3% del PIB. Y les ha confirmado que también tendrán 26.130 millones de euros más en su sistema de financiación autonómico, que alcanzará los 134.336 millones en total, un 24% más que el año anterior. Montero justificó ese incremento en que las entregas a cuenta aumentarán un 11% hasta los 124.292 millones, y las liquidaciones positivas de 2021 llegarán a los 10.981 millones, según fuentes oficiales del Ministerio.

María Jesús Montero ha considerado que el dato positivo de las liquidaciones se debe a lo que calificó como “previsiones prudentes del Gobierno” y a las medidas adoptadas para reforzar el empleo y el crecimiento económico. La ministra recordó que, incluyendo los datos de 2023, las comunidades autónomas habrán recibido en los cinco años de mandato del actual Ejecutivo, que preside Pedro Sánchez, un total de 178.750 millones más que en los últimos cinco años completos del expresidente Mariano Rajoy, lo que supone un incremento del 40% en la financiación de las autonomías.

Todas esas previsiones y perspectivas positivas no han convencido a los responsables de Hacienda de las autonomías gobernadas por el PP. El primero que ha puesto pegas ha sido el consejero madrileño, Javier Fernández-Lasquetty, que ya a la entrada de la cita ha acusado al Ejecutivo nacional de pretender gastar el año próximo “50.000 millones de euros más que antes de la pandemia”, sin tener en cuenta que España “no ha recuperado el PIB” previo a los tiempos de la covid. Lasquetty advirtió de los riesgos de provocar así más inflación: “El gasto público va a seguir creando inflación, que es el primer problema que tiene España, cuanto más gasto público, más inflación, y creemos que es una equivocación que generará deuda, y eso es un problema”.

El consejero de Madrid avanzó que en la reunión se aseguraría de que el Gobierno central dejara a la comunidad que preside la popular Isabel Díaz Ayuso continuar su política fiscal de bajada de impuestos, que según su criterio es lo que les ha permitido “avanzar por encima de la media nacional”. Para Fernández-Lasquetty la anunciada relajación del déficit es “un parche” y apostó por reducirlo, especialmente por parte del Estado con menos nivel de endeudamiento y más ahorro: “Nosotros, en la Comunidad de Madrid, hemos hecho una política muy prudente y vamos a intentar actuar sin salirnos para nada de esos límites de referencia”.

Carolina España, la nueva consejera de Hacienda del Gobierno andaluz, que preside Juan Manuel Moreno, ha centrado sus demandas en abordar un punto que no estaba de entrada en el orden del día, pero que es recurrente desde hace años: renovar el sistema de financiación. Algo que por cierto también piden gobiernos socialistas, como el de la Comunidad Valenciana, o el de Murcia. Moreno le remachará esa idea este jueves al presidente Pedro Sánchez en la reunión que mantendrán en La Moncloa.

La consejera andaluza ha aceptado que en estos dos últimos ejercicios el Gobierno ha afrontado la pandemia y la guerra y no ha considerado una prioridad renovar el modelo de financiación de las autonomías, pero ha subrayado que para Andalucía sí lo es. “Estamos infrafinanciados y perdemos cada año entre 800 y 1.000 millones de euros”, ha añadido. Andalucía, como hacen otras comunidades, aprovecha estas reuniones para denunciar que por culpa de lo que ven como una mala financiación desde 2009 acumulan una deuda que “podría ser de unos 9.000 millones de euros”.

El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Arcadi España, ha solicitado durante la reunión que, ante la actual de subida de tipos, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) lleve a cabo un estudio sobre la sostenibilidad y la viabilidad de esa deuda conjunta de las autonomías “en el que se analice la parte de la deuda que en cada comunidad se deriva de la insuficiencia de recursos del sistema de financiación y que culmine con la aplicación de un plan de saneamiento del endeudamiento” en forma de “compensación o reestructuración”. Y ha recalcado que en los últimos 13 años las autonomías han asumido muchos gastos en servicios sociales, sanidad o educación sin aumentar sus ingresos. Para ello, ha recurrido a estudios de expertos fiscales que estiman esa infrafinanciación en 22.000 millones anuales. Una demanda que ha suscrito la consejera balear Rosario Sánchez.

El conseller catalán, Jaume Giró, ha cifrado en 2.240 millones el ingreso extra que recibirá Cataluña y ha valorado que ese añadido servirá para dotar de más medios a los servicios públicos y sociales en sus próximos Presupuestos en este momento complejo.

El modelo de financiación autonómica vigente, que prácticamente no contenta ya a ningún barón autonómico, se debería haber renovado hace una década, en 2014, pero ni el Gobierno, ni el PSOE o el PP ven viable remozarlo ahora. El Consejo de Ministros aprobó en febrero de 2017 una comisión de expertos para ofrecer una alternativa, que sigue parada.