El juez cita como imputados a tres exjefes de ETA por el asesinato de Miguel Ángel Blanco

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha citado a declarar como imputados a tres antiguos jefes de ETA por el asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997: Mikel Albisu, Mikel Antza; José Javier Arizcuren, Kantauri (procesado ya como inductor del crimen); y María Soledad Iparraguirre, Anboto. El magistrado toma esta decisión tras recibir un contundente informe de la Guardia Civil que señala a estos exdirigentes de la banda como últimos responsables del atentado contra el concejal del PP de Ermua (Bizkaia). Sin embargo, el juez considera prescritos los delitos atribuidos a un cuarto terrorista: Miguel Gracia Arregui, Iñaki de Rentería. Kantauri y Anboto se encuentran en prisión. Antza, al igual que Iñaki de Rentería, hace tiempo que está libre.

Este no es el único caso abierto en la Audiencia Nacional contra las antiguas cúpulas de ETA. En los últimos meses, a raíz de nuevas querellas de Dignidad y Justicia, el tribunal ha reimpulsado y reabierto este y otros cinco sumarios contra exjefes de la banda, investigados como autores mediatos (una especie de inductores que tenían el control absoluto) de distintos atentados. Entre ellos, el asesinato del concejal popular Gregorio Ordóñez en 1995, donde se ha llamado también a declarar como imputados a Iñaki de Rentería y a Mikel Antza.

El nuevo documento policial sobre el asesinato de Miguel Ángel Blanco, fechado el 20 de junio, confirmó las tesis del magistrado. El instructor, que dirigió la investigación hace 25 años, decidió reabrir el sumario el pasado marzo tras una denuncia de la asociación Dignidad y Justicia para averiguar si nueve antiguos dirigentes de ETA participaron en la decisión de perpetrar el atentado, y también si, pudiendo impedirlo, no lo hicieron. Es decir, si cometieron un delito por “omisión”. El instituto armado, al igual que el instructor y la asociación denunciante, mantiene que la banda era una organización “piramidal, jerárquica y militar”, regida por una cúpula que controlaba con mano de hierro a sus miembros y que cumplía una función “decisiva y necesaria” para materializar cualquier acción terrorista.

En una resolución de este viernes, García-Castellón argumenta que existen “indicios” suficientes que “permiten sustentar la presunta participación de los integrantes del comité ejecutivo de ETA en la acción investigada”. “Tanto en la planificación y toma de la decisión como en el resultado”, subraya el escrito, que añade: “Pese a no ser los ejecutores materiales del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, podemos apreciar, desde la provisionalidad de este momento, una participación en comisión por omisión, atendida la posición de dominio que ostentaba el órgano ejecutivo de la organización terrorista con capacidad real durante las más de 48 horas en las que se prolongó el secuestro, para poder detenerlo, pudiendo deducir de la negativa a hacerlo una intención manifiesta en la producción del resultado”.

“Objetivo preferente”

“La víctima de esta acción, en su calidad de miembro del PP, se había convertido en objetivo preferente de ETA”, prosigue el juez: “No ya del comando Donosti [autor material del crimen], sino de toda la organización terrorista”. Según expone el magistrado, en el verano de 1997, el comité ejecutivo de ETA buscaba “con urgencia secuestrar y asesinar a un cargo electo de la referida formación política”. “Las comunicaciones orgánicas dirigidas en esas fechas por el responsable del aparato militar, Kantauri, a otro comando de liberados de la organización terrorista, el comando Bizkaia, así lo pusieron de manifiesto”, indica.

La Audiencia Nacional ya condenó en su día a tres personas por este crimen: a Francisco Javier García Gaztelu, Txapote, que apretó el gatillo; a su pareja, Irantzu Gallastegi, Amaia, que también participó en la ejecución del atentado; y a Ibón Muñoa, exedil de Herri Batasuna en Eibar (Gipuzkoa), que trabajaba cerca de donde lo hacía el concejal del PP y que facilitó la información a los anteriores. A José Luis Geresta Mújica, Ttotto, que sujetó a Blanco mientras lo asesinaban, nunca se lo llegó a juzgar: su cadáver se encontró en 1999 con un tiro en la sien. Los forenses concluyeron que se suicidó.

García-Castellón incide en que los miembros del comité ejecutivo o zuba —denominación que recibía la cúpula de ETA en el argot de los terroristas— “eran plenamente conscientes de la posición de mando que ostentaban” dentro de la banda y “de su amplia capacidad de actuación”: “Es decir, la de ordenar la comisión de acciones terroristas concretas o bien, la de evitarlas”. Y eran también “plenamente conocedores de la existencia del secuestro”. El magistrado añade que no solo “decidieron, planificaron y ordenaron” el atentado, sino que se “responsabilizaron” del mismo a través de los medios de comunicación y mediante un “comunicado justificando la acción terrorista”.

En este sentido, la resolución de este viernes remacha: “Pese a los múltiples llamamientos que, tras el secuestro de la víctima, se produjeron por parte de la gran mayoría de la sociedad civil española y de la clase política dirigente en ese momento, los miembros del comité ejecutivo no realizaron ningún acto para que finalizara el secuestro ni [para evitar] la muerte de la víctima, evidenciando una voluntad inequívoca en la producción del resultado”. “Eran plenamente conscientes de que tenían a su alcance los medios para hacer cesar esa situación y su posible resultado final, el asesinato de la víctima”, concluye.