Aborto, ‘ley Celaá’, eutanasia: las sentencias más importantes a la espera de la renovación del Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional, cuatro de cuyos doce magistrados terminaron su mandato el 12 de junio, aguarda a la renovación de estos miembros para emitir sentencia sobre algunas cuestiones de gran relevancia política. Algunos de estos fallos derivan de recursos interpuestos por el Partido Popular y por Vox contra normas del actual Gobierno de Pedro Sánchez en materia social, educativa y sanitaria. La más antigua de las grandes causas pendientes atañe a la ley del aborto, aprobada durante la presidencia del socialista José Luis Rodríguez Zapatero y que el PP recurrió ante el tribunal de garantías hace 12 años.

Los 12 magistrados del Constitucional tienen que dirimir también los recursos de los partidos de la derecha contra la reforma educativa impulsada por la anterior ministra de Educación, Isabel Celaá. PP y Vox impugnaban, entre otros aspectos, el trato que la norma da a los centros concertados y apuntaban a que no se discriminase a los centros que segregan por sexo. Los recursos reivindican, además, que se asegure la enseñanza del castellano en las comunidades con lenguas cooficiales, algo que entienden que la ley educativa vigente descuida.

El proyecto de sentencia sobre la ley Celáa está preparado desde octubre, pero no se ha tratado porque el tribunal presidido por Pedro González-Trevijano, cuyo mandato también expiró el día 12, ha procurado evitar en los últimos meses que se reprodujeran las tensiones de otras sentencias relevantes resueltas el año pasado, antes de su última renovación en noviembre. Entre las resoluciones que han fracturado al tribunal figuran las del estado de alarma, considerado inconstitucional por la mayoría conservadora del órgano de garantías.

Aquellas sentencias fueron objeto de duros votos particulares de la minoría progresista, que discrepó de la tesis de que para suspender derechos fundamentales frente a una pandemia hubiera que solicitar a las Cortes la declaración del estado de excepción. El conservador González-Trevijano y el vicepresidente del tribunal, el progresista Juan Antonio Xiol —también pendiente de renovación— acordaron en noviembre, al acceder al cargo, abrir una fase en la que no se reprodujeran las tensiones cuando no se alcanzase consenso. Ello ha supuesto aparcar debates como el de la ley Celaá.

Y algo parecido puede ocurrir ahora con la ley del aborto. Hubo voluntad de debatir el proyecto de sentencia antes de la renovación del tribunal, pero no se llevó al pleno por la convocatoria de las elecciones andaluzas del pasado domingo. La sentencia sobre la llamada ley de plazos para la interrupción voluntaria del embarazo, tampoco había sido incluida en el orden del día del próximo pleno, la semana que viene. Los magistrados se encontraban a la espera de que pudiera haber un acuerdo entre el Gobierno y el PP sobre la renovación pendiente, que supondrá el relevo del presidente y del vicepresidente del Constitucional. Sin embargo, este acuerdo entre los dos grandes partidos aparece ahora lejano tras la reforma legal exprés propuesta por el PSOE para permitir que el Consejo General del Poder Judicial en funciones pueda nombrar a los dos magistrados del Constitucional que le corresponde en esta renovación —los otros dos magistrados debe nombrarlos el Gobierno—.

Precisamente, el Constitucional tiene pendiente de resolver un recurso contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que en marzo de 2021 privó al Consejo del Poder Judicial en funciones —situación en la que lleva tres años y medio— de su potestad para efectuar nombramientos discrecionales, entre ellos el de los dos magistrados del Constitucional. Esta norma es la que pretende revocar parcialmente la propuesta socialista para que el órgano de gobierno de los jueces pueda designar a los dos miembros del tribunal de garantías.

Otra de las leyes sobre las que aún debe pronunciarse el Constitucional es la de la eutanasia. El tribunal admitió a trámite en septiembre el recurso del PP contra esta norma. La redacción de la sentencia recayó en el magistrado progresista Cándido Conde-Pumpido.