El trato benévolo de los poderes públicos libró a Juan Carlos I de ser juzgado

Juan Carlos I, rey de España entre 1975 y 2014, evitó el banquillo por delito fiscal gracias a que los distintos gobiernos y la administración de justicia interpretaron la ley de la manera más favorable posible hacia el emérito, según admiten con distintos matices a EL PAÍS ministros de los últimos ejecutivos, magistrados y fiscales, todos ellos conocedores de las investigaciones archivadas en distintas instancias.

El rey emérito decidió en agosto de 2008 ocultar un regalo de 65 millones de euros en una entidad suiza a nombre de una fundación radicada en Panamá. Si hubiese ingresado esa fortuna en un banco español y la hubiera declarado al fisco, habría debido pagar 51,8 millones de impuestos de donaciones, según los cálculos del sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

La Audiencia Nacional archivó la causa abierta por las confidencias de Corinna Larsen, examante del emérito, en apenas 56 días sin practicar apenas diligencias. Con la misma prueba, Suiza destapó el escándalo. La Fiscalía del Supremo admitió, gracias a una interpretación muy benévola de la ley, las dos regularizaciones extraordinarias que Juan Carlos I hizo cuando ya sabía que le investigaban por irregularidades fiscales. Jueces y fiscales dieron por buena la tesis, no refrendada por ninguna sentencia del Tribunal Constitucional, de que la inviolabilidad del rey Juan Carlos era absoluta y le protegía de sus delitos fiscales. El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en 2014 una reforma legal, apoyada por el PSOE, para proteger judicialmente a Juan Carlos I tras su abdicación. En el preámbulo, sin validez jurídica, se lee que la inviolabilidad del rey alcanza a “hechos de cualquier naturaleza”, algo que no detalla la Constitución.

El silencio de todos sobre la cuenta suiza del rey

Un magistrado conocedor de la instrucción del caso Gürtel recuerda cómo Baltasar Garzón ordenó en los primeros meses de 2009 una comisión rogatoria para registrar el despacho en Ginebra del gestor suizo Arturo Fassana, al que habían confiado sus fortunas varios implicados en la trama corrupta. “Las fiscales del caso”, cuenta este juez, “redujeron el registro a los nombres del caso Gürtel, aunque allí había 100 cuentas de españoles, entre ellas, la del rey emérito”. Un fiscal conocedor de la operación añade: “Aquel registro iba dirigido a unos determinados empresarios y políticos concretos. Si en ese despacho había alguna otra cosa que afectase al Rey, no me consta que lo supieran las fiscales”.

Algunos de los imputados en Gürtel con cuentas en Suiza conocían que Juan Carlos I escondía su fortuna en el mismo lugar que ellos. Francisco Correa, cabecilla de la red corrupta, lo sabía porque su chófer recogía en Barajas a Fassana y le llevaba al Palacio de la Zarzuela, pero nunca lo contó ni lo confesó al juez. Un promotor inmobiliario, imputado en una de las piezas de Gürtel, se lo sugirió a EL PAÍS en 2011 sin pruebas para acreditarlo. Este periódico tampoco las consiguió.

El comisario José Manuel Villarejo se reunió en 2015 con Corinna Larsen, la examante de Juan Carlos I, quien tres años antes había aceptado una donación irrevocable de los 65 millones de euros que el emérito ocultaba en la cuenta suiza del banco Mirabaud. Larsen detalló en marzo de 2015 a Villarejo parte de las andanzas suizas del rey emérito e identificó a quienes supuestamente actuaban como testaferros y le gestionaban su fortuna. El comisario tardó muy poco en difundirlo a periodistas, abogados y políticos con los que trataba.

Las grabaciones que le incautó la Policía acreditan que, apenas unos meses después de la reunión con Corinna, empezó a contar lo que sabía a periodistas, al menos desde octubre de 2015: “Yo, si quiero, me cargo las instituciones con toda la información que tengo”, contaba en una reunión. “Yo tengo las cuentas del director del CNI con el rey viejo, las cuentas, las comisiones, los pagos a Villar Mir. Lo tengo todo porque ella [Corinna Larsen] estaba muy acojonada con las amenazas del Rey y me lo dio todo como seguridad. Si me pasa algo o tal, aquí lo tienes. Y aquí lo tengo y yo no lo voy a emplear. Me tienen que estar desollando… Yo no soy monárquico, pero hay que tener un equilibrio con las instituciones, de qué sirve cargarte a la monarquía. Yo eso no lo voy a hacer, salvo que me toquen mucho los cojones”. En esta conversación de octubre de 2015, el comisario presume de tener documentación que nunca puso a disposición de nadie. En otra grabación con otro periodista, en octubre de 2017, Villarejo presumió de haber estado presente en el registro del despacho de Arturo Fassana en Ginebra, “aunque no consta”, y aseguró que allí se escondían fondos millonarios de Jordi Pujol —algo que nunca se acreditó— y del propio Juan Carlos I. En los documentos del sumario no figura la presencia de Villarejo en aquellos trámites.

El comisario también le contó en septiembre de 2017 a la ex secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, que el rey emérito, compartía con otros españoles la cuenta Soleado en Suiza. “Si yo hubiese tenido esa conversación con Villarejo”, señala ahora un exdirigente del PP, “lo primero que hubiese hecho es informar al presidente del Gobierno. Y creo que de forma muy discreta, la Fiscalía General del Estado debería investigar eso. O también decirle, presidente, tienes que hablar con el Rey, decirle que hemos tenido esta información, que no está contrastada, pero que te dé una explicación”.

En julio de 2018, con el comisario preso en la cárcel de Valdemoro, dos medios de comunicación hicieron pública la grabación de marzo de 2015 entre Villarejo y Corinna Larsen en Londres. Por primera vez, España conoció que la examante de Juan Carlos I detallaba el supuesto fraude del rey emérito.

Mes y medio para archivar el caso en España

La Audiencia Nacional abrió en el otoño de 2017 el macrosumario del caso Tándem, que investigaba los negocios ilegales del comisario José Manuel Villarejo. Cuando se conoció la conversación de Villarejo y Larsen —11 de julio de 2018— apenas había cuatro piezas separadas del sumario, que llegó a acumular casi 30. Dos días después —13 de julio de 2018—, el magistrado Diego de Egea abrió la pieza número 5 denominada Carol. La investigación apenas duró 56 días, con agosto de por medio. El carpetazo exprés se justificó porque los indicios eran “extraordinariamente débiles” y los hechos supuestamente delictivos, ocurridos entre 2008 y 2012, estaban protegidos por la inviolabilidad del Rey.

De Egea tomó declaración a Villarejo y el 4 de septiembre preguntó a la Agencia Tributaria si Juan Carlos I tenía cuentas en el extranjero. Hacienda contestó un día después que no le constaba y el magistrado optó el 7 de septiembre por archivar la investigación sin tomar declaración a Corinna Larsen, ni a los supuestos testaferros de Juan Carlos I, ni ordenar registros de los despachos de los supuestos gestores de la fortuna del rey emérito. Todas esas gestiones las hizo el fiscal suizo Yves Berthosa y confirmó con documentación oficial el manejo opaco de 65 millones por parte del rey emérito.

Un fiscal recuerda ahora que el juez De Egea, que abandonó el juzgado tras intentar dar carpetazo a otras piezas abiertas contra Villarejo, decidió un sobreseimiento libre de la pieza Carol, que impedía reabrir la causa si aparecían nuevos indicios. Al final, el magistrado se corrigió y decretó el sobreseimiento provisional, lo que permitió a la Fiscalía seguir por su cuenta la investigación por corrupción en las transacciones internacionales que acabó archivando.

Regularizaciones bajo sospecha

El teniente fiscal del Supremo Juan Ignacio Campos, fallecido el pasado diciembre, investigó la fortuna oculta del rey emérito y notificó a Juan Carlos I a través de su abogado, Javier Sánchez Junco, en junio, noviembre y diciembre de 2020 las tres diligencias preprocesales abiertas. Para librarse de una querella por delito fiscal, el rey emérito presentó el 9 de diciembre de 2020 una regularización fiscal por importe de 638.393 euros —por el dinero que un empresario mexicano le había regalado a través de un testaferro—; y volvió a hacer lo mismo en febrero de 2021 por casi 4,4 millones —por los vuelos privados que utilizó durante varios años a costa de la Fundación Zagatka de su primo Álvaro de Orleans—. Ambas iniciativas se produjeron después de que la Fiscalía notificara a Juan Carlos I que le estaba investigando, un aspecto que invalida supuestamente cualquier regularización fiscal. Pero la Fiscalía y la Agencia Tributaria consideraron que las regularizaciones habían sido, como marca la ley, completas y veraces, y no pusieron reparos. “Sobre este tema”, explica un magistrado a EL PAÍS, “Hacienda tiene diversas interpretaciones. Hizo lo mismo con Botín [presidente del Banco Santander]. A veces lo admite porque eso es una medida absolutoria que tiene como objetivo recuperar el dinero. Se puede entender que ahí se hizo una interpretación benévola o amplia de la excusa absolutoria de la facultad de excluir la persecución penal si se paga. Pero no es algo que se haya hecho solo en este caso”.

La inviolabilidad, un escudo dudoso

La Audiencia Nacional primero (septiembre de 2018) y la Fiscalía del Supremo después (marzo de 2021) archivaron investigaciones abiertas a Juan Carlos I por entender, entre otras cosas, que sus delitos fiscales durante el reinado no podían ser perseguidos porque gozaba de inviolabilidad. El Tribunal Constitucional nunca se ha pronunciado sobre el alcance de la inviolabilidad que regula el artículo 53 de la Constitución: “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. El catedrático de Derecho Penal, Luis Rodríguez Ramos, se ha pronunciado en muchos artículos contra la inviolabilidad absoluta y apoya la tesis de que las conductas privadas del rey Juan Carlos —recibir un regalo de 100 millones de dólares y no declararlo— no entra dentro del paraguas de la inviolabilidad.

Cuando Juan Carlos I abdicó en el verano de 2014, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó una reforma legal para proteger al rey emérito por la pérdida de inviolabilidad. Uno de los ministros que participó de aquella decisión lo cuenta así: “El día que el rey abdica había dos demandas civiles presentadas contra él por juicios de paternidad que se podían ir a Plaza de Castilla, y ahí te puede tocar la lotería. Deprisa y corriendo se redacta una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para aforarle no solo ante la sala segunda del Supremo para posibles responsabilidades penales, sino también ante la sala primera para cualquier tipo de demanda civil”. Esa ley de 2014 introdujo en su preámbulo una interpretación sobre el alcance de la inviolabilidad del Rey: “Conforme a los términos del texto constitucional, todos los actos realizados por el Rey o la Reina durante el tiempo en que ostentare la jefatura del Estado, cualquiera que fuere su naturaleza, quedan amparados por la inviolabilidad y están exentos de responsabilidad”. Rodríguez Ramos escribió contra esta interpretación: “Excede lo dispuesto en la Constitución y no deja de ser un deseo del legislador que no osó convertirlo en un texto legal consciente de su inconstitucionalidad”.

Un exministro de Justicia defiende la inviolabilidad absoluta: “Si el legislador hubiese querido hacer una interpretación de que en los actos privados el rey no era inviolable, lo que hubiese hecho es aforarle en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Al rey no le afora. ¿Por qué? Porque no está sometido a jurisdicción. Si en estos momentos se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial y se dice que el rey, en los actos que no están sometidos a refrendo y que no tienen relación con la jefatura del Estado estarán sujetos a responsabilidad penal y que serán instruidos por la sala segunda del Tribunal Supremo, creo que ese artículo no sería inconstitucional. Además, el único que podría declararlo inconstitucional es el Tribunal Constitucional a partir de un recurso de amparo del propio rey, lo cual sería una cosa insólita. Y [si se cambiara la ley orgánica] estoy seguro de que el rey Felipe lo aceptaría encantado, porque además en la mentalidad de este hombre no está cometer la más mínima irregularidad”.