Los audios de Villarejo desnudan al PP

Un superpolicía autor de alguno de los éxitos policiales más sonados de finales del siglo XX, ahora jubilado, llama por teléfono al agente encubierto José Manuel Villarejo un 10 de marzo de 2015. Ese día, EL PAÍS revela que Villarejo tiene un patrimonio sospechoso: 12 sociedades y 16 millones de euros de capital.

—Te llamo para darte un abrazo. Ten cuidado con los envidiosos y traidores, que no te dejen tirado.

Villarejo agradece el consejo y le cuenta al superpolicía estrella que la noticia de EL PAÍS es fruto de un enfado del CNI: “Están mosqueados con la Casa Real porque la Corinna [Larsen, examante del rey] contacta conmigo porque está hasta la polla de las amenazas y toda esa historia… Y yo no tengo la culpa de que todo el mundo venga a buscarme... aunque luego la gente paga poco”.

La conversación, como casi todas en la vida profesional de Villarejo, acaba grabada por él mismo y forma parte del material sonoro que la policía incautó en su domicilio cuando le detuvo en noviembre de 2017.

—Yo creo en la reencarnación. Todos me han dicho: “A muerte y no te preocupes”. Desde el ministro al secretario de Estado. Ellos no me pueden traicionar. Vamos a hacer un paripé de investigación…

Todo lo que cuenta Villarejo al superpolicía jubilado se cumple. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, encarga una investigación interna sobre el patrimonio de Villarejo que concluye reafirmando su inocencia: todos los negocios del comisario son familiares y compatibles con su ejercicio de policía. Aunque detrás de esa maraña empresarial se esconden múltiples delitos, según denunció dos años después la Fiscalía Anticorrupción, Villarejo sale indemne de aquella investigación interna —“paripé”, según él— y sigue su vida sin despegarse del poder.

Esa conversación grabada delata que el Ministerio del Interior hizo la vista gorda para proteger al comisario que más poder e influencia ejercía sobre el Gobierno del PP. Pero hasta ahora, nadie ha oído una evidencia tan rotunda del escándalo.

Los audios secretos de la corrupción, sacados de las conversaciones que grababa Villarejo y publicados por EL PAÍS en la última semana, destapan algunas claves ocultas hasta ahora de episodios oscuros en la historia de España y añaden gravedad a las causas judiciales abiertas contra el PP, muchas de ellas todavía vivas en los juzgados.

La acusación popular que ejerce el PSOE en el caso Kitchen, el espionaje policial sin autorización judicial a la familia del extesorero del PP, Luis Bárcenas, pidió el pasado viernes la apertura del caso tras escuchar algunas de las conversaciones de Villarejo con la que fue durante 10 años secretaria general del PP. Podemos pretende hacer lo mismo esta semana.

Dirigentes del viejo y del nuevo PP, un partido cercado por la corrupción y con una decena de causas todavía pendientes de juicio, han expresado a este periódico su preocupación ante los nuevos audios que ha hecho públicos EL PAÍS.

Obstrucción a la justicia. “La libretita”. El comisario grabó sus andanzas durante los últimos 20 años de vida profesional. La Fiscalía Anticorrupción fija el comienzo del historial delictivo de Villarejo en 2004. Los audios secretos conocidos ahora han agravado la sombra de la sospecha que el PP lleva a cuestas desde que en 2009 le estallara el caso Gürtel, una extensa red de corrupción que colonizó numerosas administraciones gobernadas por la formación conservadora. Ese caso lleva 12 años destrozando el prestigio del PP, ha sacado de la política a decenas de dirigentes corruptos del partido y desencadenó la moción de censura que desalojó al PP del Gobierno de la nación en 2018. Los secretos que el comisario guardaba en decenas de discos duros con miles de grabaciones y documentos ofrecen ahora algunas claves de los acontecimientos investigados por los tribunales.

La expresidenta de Castilla-La Mancha, exministra de Defensa y exsecretaria general del PP, Dolores de Cospedal, comenzó su relación con Villarejo en el verano de 2009, apenas unos meses después de que estallara el caso Gürtel. Era muy amigo de su marido, quien le introdujo en el corazón del poder del PP. El comisario le contó entonces a la pareja algunos detalles de la investigación y presumió de sus gestiones para evitar daños mayores a la formación conservadora. Durante los años de instrucción de ese caso, el PP intentó obstaculizar la investigación por distintas vías. Las conversaciones que ahora ha publicado EL PAÍS apuntalan aquellos hechos. Cospedal buscó desesperadamente la “libretita” donde Bárcenas registró las entradas y salidas de dinero de la caja b del PP —casi ocho millones en casi 20 años—, e intentó parar su publicación con la ayuda de Villarejo. Además, conspiró con el comisario para que los informes policiales que llegaban al juez sobre los papeles de Bárcenas fueran suavizados previamente para evitar graves acusaciones contra la cúpula del PP.

El juez instructor del caso Kitchen resolvió hace meses que las reuniones de Cospedal con Villarejo no merecían ningún reproche penal y archivó la causa abierta contra ella. A la luz de las nuevas conversaciones conocidas entre el comisario y la entonces secretaria general del PP, el PSOE ha remitido un escrito al juzgado donde señala: “Como conocedora de las prácticas ilegales que desarrollaba el comisario Villarejo, la señora Cospedal no podía desconocer la obligación de denunciar tan graves delitos que afectan a la credibilidad y profesionalidad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Puesto que no lo ha hecho, es evidente su intencionalidad de conseguir información sobre la marcha de la instrucción del caso Gürtel y sobre los tejemanejes para obstruir la acción de la justicia”.

“Al cocinero se le mete a policía y le tenemos pescado”. El chófer que puso el PP a Luis Bárcenas y su familia terminó siendo confidente a cambio de 2.000 euros al mes de fondos reservados del Ministerio del Interior. Su tarea consistía en averiguar dónde escondía Bárcenas documentos o pruebas de la financiación ilegal del PP e informar a la cúpula policial que puso en marcha un plan para sustraer esa documentación y evitar que llegara al juez que investigaba el caso. Villarejo captó a ese confidente, al que apodó “el cocinero” porque su nombre coincidía con el de un cocinero famoso.

El comisario despachaba habitualmente con el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, para informarle de algunos asuntos que interesaban al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Esa costumbre tenía su origen en la orden que, según Martínez, el ministro le dio desde que llegó a Interior.

En una conversación de 2014, Villarejo y Martínez reflexionan sobre el peligro de que el confidente cuente alguna vez este trabajo especial, sin conocimiento del juez, que le han encargado y pagado con fondos reservados.

Comisario Villarejo. El cocinero tiene 39 años. Con el fin de cerrar todo y tal, este tío, si hay unas oposiciones para polícía básico y se le mete de policía, a él lo tenemos pescado para siempre porque ya sería un policía...

Martínez (número dos de Interior). ¿Y él quiere?

Villarejo. Yo le puedo convencer. ¿No te parece? Es que eso... Una vez que eres policía ya no vas a derrotar nunca.

Martínez. Es buena idea.

El confidente del caso Kitchen acabó aprobando las oposiciones a policía con una edad más que sospechosa. Martínez se desvinculó de este proceso cuando el juez le preguntó.

La grabación aclara cómo el secretario de Estado de Seguridad estaba al tanto de un plan ejecutado sin conocimiento del juez que investigaba el caso de la caja b del PP; que conocía el peligro de que el confidente pudiera algún día contar lo ocurrido y que apoyó la idea de hacerle policía para ahuyentar el riesgo de que pudiera confesar su trabajo inconfesable.

Un favor judicial para evitar el ostracismo político. Esperanza Aguirre, recibida con aplausos el pasado viernes en el congreso del PP de Madrid y homenajeada en casi todos los discursos, habló en noviembre de 2014 con el comisario Villarejo en presencia de José Luis González Armengol, quien había sido hasta cuatro meses antes juez decano de Plaza de Castilla.

En esa conversación, grabada por Villarejo, se trazó un plan para que el proceso judicial abierto contra Aguirre por desobediencia —huyó de la policía municipal cuando la multaban por aparcar en un carril bus de la Gran Vía de Madrid— terminase rápido y archivado.

Aguirre logró su objetivo porque Villarejo, que ejercía la acusación popular, se retiró del proceso para hacerle un favor y cumplir con lo que también le había pedido Armengol.

Tras conocer por este periódico el contenido de la conversación, Aguirre intentó negar los hechos —”yo nunca pedí a Villarejo que dejará de pedir diligencias”— y llegó a decir que ni siquiera sabía lo que eran diligencias. Aguirre es licenciada en Derecho y en aquella conversación de 2014, a unos meses de las elecciones municipales donde pudo presentarse como candidata a la alcaldía por el PP, descalificó por corrupto a todo el núcleo duro de sus gobiernos y de su partido en la Comunidad de Madrid (los vicepresidentes Alfredo Prada e Ignacio González, y el exconsejero Francisco Granados); tildó de “mala persona” al exministro Alberto Ruiz-Gallardón, que ganó por mayoría absoluta dos elecciones a presidente autonómico y otras dos a alcalde de Madrid; machacó a los principales dirigentes nacionales del PP (Mariano Rajoy o Javier Arenas, entre otros) y participó animada de una charla donde el comisario y el exjuez decano lanzaron acusaciones gravísimas sin pruebas contra compañeros de Aguirre en la formación conservadora.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid, no dijo nada el pasado viernes cuando le preguntaron por Aguirre con una excusa extraña: “No comparto conocer audios de personas que han sido grabadas y que no lo saben”.

Algunos de los aludidos en esa conversación estudian posibles acciones legales contra Aguirre.

La ‘Operación Cataluña’ que no evitó el desafío independentista. La policía patriótica —comisarios que trabajaron para el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, entre 2012 y 2016, en oscuras maniobras sin aval judicial para desacreditar a los adversarios políticos del Gobierno, como los independentistas catalanes o dirigentes de Podemos— se afanó en desactivar el movimiento secesionista en Cataluña impulsado por la Generalitat.

La primera acción conocida, confirmada ahora por los audios secretos de las grabaciones de Villarejo, consistió en un trabajo de intoxicación a través de determinados medios de comunicación mediante la elaboración de informes basados en procesos judiciales vivos, como el caso Palau, pero donde se detallaban, sin pruebas, negocios ilegales y cuentas corrientes en Suiza de los principales dirigentes independentistas.

Con ese material informativo defectuoso —nunca se acreditaron muchos de los hechos expuestos en los informes—, la presión sobre los políticos que apoyaban la ruptura con España fue muy intensa desde noviembre de 2012, en plena campaña electoral catalana.

CiU, partido hegemónico en Cataluña, perdió 12 escaños en aquellos comicios dominados por las noticias sobre la corrupción de los dirigentes independentistas. En el material grabado por Villarejo aquellos meses hay múltiples evidencias de los esfuerzos policiales por enredar contra el independentismo catalán. Pese a todas las operaciones policiales que entonces se pusieron en marcha, algunas de ellas exitosas como la que destapó la fortuna oculta de los Pujol en Andorra, el movimiento independentista catalán no solo no fue desactivado sino que se consolidó con el tiempo hasta llegar a forzar la celebración de un referéndum ilegal de autodeterminación el 1 de octubre de 2017.