La vida destrozada de un militar entregado al régimen de Argelia por el Gobierno de España

El exsuboficial argelino Mohamed Benhalima, de 32 años, fue entregado por el Gobierno español a las autoridades argelinas el pasado 24 de marzo, solo cinco días después de que Argelia retirase a su embajador en Madrid, Said Moussi, en protesta por el “brusco giro” de Madrid respecto al Sáhara Occidental. Para España era apenas un inmigrante en situación irregular. Sin embargo, Argelia lo perseguía como un disidente con mucha visibilidad. Si la intención del Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska era tender puentes con Argel y calmar las aguas, no lo ha conseguido. Dos meses después, Argelia continúa sin embajador en España. Pero la vida de Benhalima, tal y como él advirtió antes de su expulsión, se ve abocada a pasar los siguientes lustros en la cárcel. O el resto de su vida.

El exmilitar llegó a España con visado en septiembre de 2019, temeroso de acabar preso por su participación en las protestas masivas que nacieron meses antes en Argelia reclamando más democracia. El hirak, como fue bautizada la corriente de manifestaciones, no tenía un líder visible, pero el régimen fue metiendo en la cárcel a cientos de activistas hasta aplastar el movimiento. Desde el exilio, Benhalima se hizo popular en las redes sociales, donde denunciaba las corruptelas de altos mandos del Ejército argelino.

Benhalima pidió asilo en España, pero España, que fue el primer país de Occidente en mostrar su apoyo al régimen argelino cuando estallaron las protestas, se lo denegó. Las autoridades españolas alegaron “razones fundadas” ―que nunca han concretado― para considerar que suponía “un peligro para la seguridad nacional”, además de “perjudicar las relaciones de España con otros países”.

El exmilitar intentó, entonces, pedir protección en Francia, pero ese país no aceptó su solicitud porque la normativa europea obliga a que se haga cargo de ella el primer país en el que se registró. Con miedo de que Francia lo devolviese, lo intentó en Portugal, también en vano. De vuelta en España, camino de Francia, Benhalima se topó con un control policialen Zaragoza. Al estar en situación irregular, la Policía pidió que lo recluyeran en un centro de internamiento de extranjeros y un juez lo aceptó.

El exmilitar acabó encerrado en el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Valencia. Desde allí volvió a pedir asilo pero su solicitud ni siquiera fue admitida a trámite, a pesar de la opinión favorable de la Agencia de Refugiados de la ONU (Acnur) para que se estudiase. Un día antes de que lo expulsaran, Benhalima grabó un vídeo donde advertía de que podía ser torturado en su país. “Argelia es un país de dictadores militares y no aceptan otras opiniones, quiero pedir al señor Marlaska y a Pedro Sánchez que revisen sus decisiones y me salven la vida. Mi vida corre riesgo”, alertó.

Sus peticiones de auxilio, y las de varias organizaciones humanitarias, no sirvieron de nada. A las 19.45 del jueves 24 de marzo, según ha informado la Policía al Defensor del Pueblo, despegaba desde Valencia el avión fletado por las autoridades españolas que transportaba al activista, junto a media decena de inmigrantes irregulares. Benhalima llegó esposado una hora después al aeropuerto argelino de Chelf, donde guardias argelinos le colocaron una camisa de fuerza negra.

Benhalima está acusado de pertenecer al grupo islamista Rachad, que se declara pacífico y contrario a un Estado “teocrático”. Sin embargo, las autoridades argelinas clasificaron en mayo de 2021 como grupo terrorista a esta corriente religiosa, que tenía una gran influencia entre una parte del hirak.

Solo tres días después de su detención en Argelia, la Dirección General de la Seguridad Nacional (DGSN) difundía un vídeo donde el exmilitar solicitaba el perdón y la gracia del presidente del país, Abdelmayid Tebún. Y reconocía “haber atentado contra la reputación de varias personas”. Fuentes conocedoras del proceso indicaron a EL PAÍS que Benhalima reveló durante un interrogatorio el nombre de 24 policías y miembros del Ejército que supuestamente eran sus informantes.

Sobre la posibilidad de aparecer confesando al llegar a Argelia también había advertido Benhalima en otro vídeo: “Tienen que saber [si aparece en un vídeo de confesión] que esto es en contra de mi voluntad y que me sometieron a la tortura”.

Benhalima compareció ante el tribunal de Bir Mourad Raïs, en Argel, el pasado 9 de mayo. La Fiscalía pedía 10 años de prisión. Se le acusaba de difundir informaciones falsas que atentaban contra la seguridad del país y la integridad del territorio.

“Me han sucedido cosas en la comisaría”

Durante la sesión, Abdelkadir Chohra, uno de sus abogados, indicó que Benhalima había sido trasladado a la prisión de Soula. El acusado tomó la palabra y declaró: “El Estado ha destruido una vida. Me han sucedido cosas en la comisaría Saoula [barrio de Argel]. No las voy a contar ahora. Eso será en su debido momento”. Esas declaraciones se pueden interpretar como una denuncia velada de tortura.

El Ministerio del Interior español mantiene que con Benhalima se siguió el procedimiento habitual con todas las garantías. Pero no fue el procedimiento habitual para expulsar inmigrantes en situación irregular. Una vez que Benhalima fue encerrado en el CIE había prisa por mandarlo a Argelia. Sus abogados no tuvieron tiempo para recurrir ante la justicia su expulsión: según Jaume Durá, abogado de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), se le notificó su expulsión a las 17.38 y menos de dos horas después ya estaba en el avión. Cuando se resolvieron las medidas cautelarísimas que su abogado había pedido al juez para detener el proceso de expulsión, Benhalima ya estaba en Argelia hacía días.

El medio de transporte tampoco fue el habitual. Interior suele expulsar a los inmigrantes argelinos en situación irregular en ferris, donde puede meter un contingente más numeroso de personas. Fletar un avión de Iberia para expulsar a un puñado de personas no es nada habitual.

Organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional, Human Rights Watch o Red Jurídica aseguran que el activista ha sido condenado a pena de muerte por un tribunal militar. En Argelia existe una moratoria contra la pena capital desde 1993 y no se aplican estas sentencias desde hace 30 años. A menudo, la pena capital se transforma en cadena perpetua. No obstante, ninguna organización ha tenido acceso directo a la sentencia de Benhalima y fuentes gubernamentales españolas aseguran que las autoridades argelinas les han negado tajantemente ese extremo.

El de Benhalima no es el único caso con el que España ha intentado contentar a Argelia. En agosto de 2021 también fue entregado el activista Mohamed Abdellah, amigo de Benhalima y exgendarme, muy popular en las redes por sus denuncias contra la corrupción en la Gendarmería. Tras llegar a Argelia, Abdellah reveló que había sufrido torturas.