España entrega a Argelia a un disidente que teme ser preso y torturado

España entregó este jueves por la noche a Argelia a Mohamed Benhalima, un exmilitar que denunció la corrupción del régimen de su país. El Benhalima fue expulsado como inmigrante en situación irregular a pesar de sus reiterados intentos por pedir asilo ante el temor de ser preso y torturado en su país. Argelia lo acusa de tener vínculos terroristas, un extremos que el rechaza. La propia ONU ya ha alertado de la ampliación que ha hecho Argelia de la definición de terrorismo y que puede suponer la violación de derechos fundamentales.

Benhalima se sumó a las protestas contra el régimen argelino que en marzo de 2019. Pronto, las detenciones de militantes de la Hirak, como se bautizó a este levantamiento pacífico, comenzaron a multiplicarse y Benhalima recibió un chivatazo: un amigo le contó que irían a por él. El exmilitar, de 32 años, decidió entonces exiliarse. Llegó a España con un visado en septiembre de 2019 y formalizó su petición de asilo cinco meses después en San Sebastián. Su solicitud fue denegada porque, según el expediente, hay “razones fundadas” de que Benhalima supone “un peligro para la seguridad de España”. Él lo niega.

El hombre estaba encerrado en en el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Valencia por estar en situación irregular y desde allí protagonizó su propia campaña para evitar que lo expulsasen. “Argelia es un país de dictadores militares y no aceptan otras opiniones, quiero pedir al señor Marlaska y Pedro Sánchez que revisen sus decisiones y me salven la vida. Mi vida corre riesgo”, pidió Benhalima en un vídeo grabado desde el centro de retención. No funcionó. En el vídeo divulgado este jueves por la noche se ve al exmilitar esposado bajando de un avión con la bandera de España. Enseguida lo recogen varios agentes argelinos que se lo llevan, inmovilizado, en un todoterreno negro. El Ministerio del Interior, preguntado por el caso, no ha respondido a las preguntas de EL PAÍS.

Las razones por las que España considera que Benhalima podía ser un peligro para la seguridad nacional tampoco han sido aclaradas por el Ministerio del Interior. Jaume Durá, abogado y coordinador de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) de Valencia, mantiene que se le relaciona indirectamente con un disidente argelino al que acusan de tener vínculos con terroristas. Benhalima niega cualquier actividad delictiva y mantiene que sus acciones se basan únicamente en denunciar la corrupción en las altas esferas de su país. Así fue como se hizo popular al llegar a España, señalando corruptelas de altos mandos en su canal de YouTube que tiene más de 155.000 seguidores. “Si verdaderamente fuese un riesgo para la seguridad, este caso debería ser objeto de un procedimiento penal, que sería más garantista que este”, explica el letrado.

Argelia quería a Benhalima de vuelta y lo ha conseguido. En enero de 2021, el hombre fue condenado in absentia a 10 años de prisión acusado de unirse y financiar un grupo terrorista que tiene como objetivo la seguridad del Estado y la unidad nacional, según un escrito de su abogado en Francia. El miedo de que al volver a su país lo encierren y lo torturen tiene un precedente reciente. Su amigo Mohamed Abdellah, un exgendarme argelino que también se hizo popular en las redes por sus denuncias contra la corrupción y que también fue condenado por revelación de secretos y sus supuestos vínculos terroristas, fue expulsado por España el pasado 21 de agosto. Y nada más pisar Argelia fue detenido. Abdellah ha denunciado que fue torturado. La organización considerada terrorista a la que se vincula a ambos es el movimiento político Rachad, islamista, pero no violento y a favor de dialogar con la oposición laica, según publicó El Confidencial.

Fue la expulsión de Addellah la que motivó a Benhalima a dejar España y marcharse a Francia, donde volvió a pedir protección internacional en enero de este año. La normativa europea obliga a que se haga cargo el primer Estado miembro que registró la solicitud, así que Francia también rechazó su petición y le advirtió de que tendría que volver a España. Temeroso de que Francia lo devolviese, intentó refugiarse en Portugal, que también se negó a tramitar su solicitud, y de vuelta a Francia, en Zaragoza, la policía lo paró en un supuesto control rutinario. Ya en situación irregular, fue directo a un centro de internamiento de extranjeros.

Ya encerrado, Benhalima hizo un último intento para evitar que lo expulsasen. Volvió a pedir asilo dentro del CIE, pero se volvió a rechazar su petición por los mismos motivos que la anterior. Durá, el abogado de CEAR, mantiene que se dio carpetazo a la solicitud a pesar del informe favorable de Acnur, la agencia de la ONU para los refugiados, para que se admitiese a trámite. El parecer de la organización, según el abogado, recomienda que se profundice en la persecución por motivos políticos y de grupo social que alega el solicitante. Acnur, que forma parte de la comisión que resuelve las solicitudes de asilo, ha declinado hacer declaraciones porque no se pronuncia públicamente sobre casos individuales.

La ONU ya ha alertado de cómo la modificación de determinadas leyes para ampliar la definición de terrorismo y luchar contra él podrían resultar en “violaciones significativas de los derechos humanos y las libertades fundamentales”, como el derecho a la libertad de expresión, de asociación o el derecho a un juicio justo. Un informe de 2021 advierte de que “un número creciente de militantes, periodistas y defensores de los derechos humanos que han tenido un papel relevante en las protestas acaban acusados de vínculos con el terrorismo. “Estamos muy preocupados por el deterioro de la situación de los derechos humanos en Argelia y la continua y creciente represión contra los miembros del movimiento Hirak”, dijo hace un año el portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Rupert Colville.

Amnistía Internacional ha abrazado el caso de Benhamila. “Las autoridades españolas son muy conscientes del sombrío destino que le espera a Mohamed Benhlima si lo deportan. En los últimos dos años, las autoridades argelinas han intensificado su descarada persecución de activistas en su intento de aplastar toda forma de disidencia”, afirma la organización en un comunicado. “Según el derecho internacional, nadie debe ser devuelto a un país en el que corra peligro de sufrir tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”, añade.

Said Salhi, vicepresidente de la Liga Argelina por la Defensa de los Derechos del Hombre (LADDH), indicó a este diario que su organización ha solicitado a las autoridades españolas que suspendan la expulsión de Benhalima, “en conformidad con las convenciones internacionales para los derechos de asilo y refugiados”. Pero esta asociación, de gran relevancia en el país en la defensa de derechos humanos, no ha obtenido ninguna respuesta.

España ni siquiera necesita iniciar un proceso de extradición para entregar a Argelia sus disidentes. Considerados inmigrantes en situación irregular, se trasladan a su país en el marco de un proceso administrativo de expulsión. Normalmente en ferry y, en este caso, en avión. En noviembre de 2019, España también expulsó a Hussein Bachir Brahim, un activista saharaui de 29 años, que llegó a Lanzarote en una patera en enero de ese año. El hombre fue condenado poco después a 12 años de prisión en el Tribunal de Apelación de Marrakech por el asesinato de un joven marroquí durante una pelea entre estudiantes, según publicó El Confidencial. El activista saharaui siempre negó los hechos y su defensa alegó que no existía ninguna prueba de cargo que avalase la acusación.