El Congreso aprobará endurecer temporalmente las penas por trata solo en el caso de los ucranios

La trata de seres humanos tendrá, temporalmente, una pena agravada específica en el caso de que las víctimas sean refugiados de la guerra de Ucrania. La mayoría del Congreso de los Diputados aprobará presumiblemente este jueves la iniciativa del PSOE para introducir esa cláusula en el Código Penal, con una vigencia en principio de 18 meses. La propuesta socialista ha encontrado respaldo en los grupos de la derecha, frente al rechazo de su propio socio de Gobierno, Unidas Podemos, y de la mayoría de sus aliados parlamentarios, que la tachan de discriminatoria. La reforma tendrá que pasar ahora el trámite parlamentario de enmiendas.

La propuesta del PSOE consiste en una modificación de un artículo del Código Penal en el que, entre las circunstancias agravantes del delito de trata de seres humanos —que se haya puesto en peligro la vida de la víctima o que esta se encuentre en una situación de especial vulnerabilidad— se incluya el hecho de que sea un refugiado procedente de la guerra de Ucrania. Esa agravante implica que al delito se le impondrá una pena superior a la prevista en los demás casos, entre cinco y nueve años de prisión.

La diputada socialista Andrea Fernández apeló al “contexto” para justificar ese trato diferente a las víctimas en función de su nacionalidad. “La masa de refugiados que ha provocado la guerra de Ucrania no tiene precedentes”, argumentó. La diputada socialista sostuvo además que el Código Penal permite aplicar penas temporalmente cuando concurran “circunstancias extraordinarias”.

Solo el PP y Vox apoyaron sin reservas la iniciativa del PSOE. El resto de la Cámara se desmarcó de lo que entiende como una medida discriminatoria respecto a los refugiados de otras guerras que también sean objeto de trata. Grupos como Ciudadanos, PNV o PDeCAT compartieron esos reproches, aunque votarán a favor de que se tramite la propuesta con la salvedad de que tratarán de modificarla mediante enmiendas para suprimir ese carácter discriminatorio que le atribuyen.

Una de las intervenciones más críticas fue del partido minoritario del Gobierno. La diputada de Unidas Podemos Sofía Castañón censuró: “No se puede legislar en caliente ni en función de la agenda mediática”. Castañón argumentó que los derechos humanos son “universales” y, por tanto, su vulneración no puede castigarse de modo diferente en función de la nacionalidad de las víctimas.

Los socialistas escucharon un rosario de críticas, de los grupos ya citados y también de ERC, EH Bildu, Junts, BNG o Foro Asturias. El nacionalista gallego Néstor Rego la consideró una prueba de “racismo institucional”, palabras parecidas a las que empleó Mariona Illamola, de Junts, quien también insistió en una idea muy repetida: “Están creando víctimas de primera y víctimas de segunda”. Joseba Agirretxea, del PNV, se preguntó: “¿Por qué los refugiados de Ucrania sí y los de otras guerras no? ¿Acaso son menos importantes? ¿acaso tienen menos valor?”.

Carolina Telechea, de ERC, pronosticó que ese diferente tratamiento legal provocará que las mafias que explotan a seres humanos se centren en los refugiados de otras nacionalidades. Que se haya establecido un plazo de 18 meses también recibió críticas abundantes. “¿Saben ustedes cuánto va a durar la guerra?”, se preguntaron varios portavoces.

Solo el PP y Vox respaldaron la iniciativa sin cuestionar su fondo. Eso sí, la popular Marta González reconvino al Gobierno por no cumplir su promesa de llevar a la Cámara una ley de trata. Rocío de Meer, de Vox, dedicó la intervención a su tema favorito, la inmigración ilegal, y llegó a calificar al PSOE de “partido del tráfico y la trata de personas”.