Oposición y socios usan el decreto anticrisis para castigar al Gobierno

El Gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta este jueves en el Congreso a otra prueba de fuego para la estabilidad de la legislatura con la convalidación del decreto anticrisis para amortiguar los efectos de la guerra en Ucrania. Y lo hace casi en solitario y soportando el castigo, las cuentas pendientes y una batería de críticas desde casi todos los frentes. El socio menor de la coalición, Unidas Podemos, y aliados parlamentarios habituales han ido acrecentando su distanciamiento y “desconfianza” con el sector socialista del Ejecutivo por el llamado caso Pegasus, el presunto espionaje a líderes independentistas, y por la actitud desafiante mostrada por la ministra de Defensa, Margarita Robles. Exigen dimisiones. La oposición de derechas, en particular PP y Ciudadanos, aprovecha esa crisis en el bloque progresista de investidura para cobrarse aunque sea una victoria parlamentaria simbólica.

El Ejecutivo busca a la desesperada y en todos los recovecos ideológicos del hemiciclo apoyos —en forma de voto afirmativo o abstención— para este decreto, más que simbólico, que contiene medidas como el descuento de 20 céntimos por litro de gasolina o diésel hasta el 30 de junio o el límite a las subidas de los alquileres. El objetivo de mínimos, cuya negociación podría prolongarse este jueves hasta el final de la mañana, es que partidos tan heterogéneos como PP, ERC o EH Bildu pasen de su posición contraria a revalidar ese decreto a la abstención. A PP, Bildu e incluso a Coalición Canaria, el Gobierno les ofreció el gesto de tramitar el decreto como proyecto de ley, como habían reclamado, para discutir sus ideas, pero más para retratarles si optaban por el no y dejarles sin argumentos.

Esa fue la estrategia que se concentró sobre el PP. Los populares habían insistido, en una negociación bilateral que protagonizó el vicesecretario de Economía, Juan Bravo, con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en que se atendiera alguno de los planteamientos sobre bajada o deflactación de impuestos para los tramos medios y bajos del IRPF que el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, envió por carta al presidente con su plan alternativo. El PP contó que Montero le pidió el voto a Bravo sin mucho debate y le dijo que no había tenido tiempo de leer esos 41 folios. El equipo de Feijóo se tomó esa salida como un desaire y no descartó votar en contra del decreto, incluso pese a que algunos dirigentes y barones populares veían la abstención como una oportunidad para profundizar en la idea de que con el líder gallego había llegado otro modelo de hacer política, más dialogante e institucional, alejado del obstruccionismo del pasado o del no a todo de Vox.

La ministra Montero replicó la noche de este miércoles a esa postura escéptica con una carta, que se hizo pública, para remachar al popular Bravo “toda la disposición” del Gobierno para tratar esos asuntos adelantados por Feijóo a Sánchez, pero también los 11 pactos de Estado que el presidente le demandó, como renovar el atascado Consejo General del Poder Judicial.

En cualquier caso, si el Gobierno suma al final este jueves más síes que noes a su decreto, salvaría in extremis uno de sus proyectos más relevantes en el actual contexto político nacional e internacional, en plena incertidumbre sobre la duración de la guerra en Ucrania y con la inflación casi en el 10%.

Distintos ministros y dirigentes del PSOE se afanaban este miércoles con enorme presión a negociar a varias bandas la votación de ese decreto. El marcador está tan apretado que se podrían repetir las escenas de tensión que se vivieron en el Congreso para sacar adelante la reforma laboral el pasado 3 de febrero. Aquella votación se solventó con 175 votos a favor frente a 174 en contra y gracias al error informático del diputado del PP Alberto Casero. Este miércoles, en plena sesión de control al Gobierno, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, se permitió bromear con el presidente, Pedro Sánchez, al recomendarle: “Pídale el teléfono al señor Casero”. La gracia no enamoró a los negociadores socialistas, que desplegaron durante toda la jornada sus contactos con todo tipo de portavoces para intentar atraer algún voto desde el no al menos a la abstención. Hasta el portavoz del PSOE, Héctor Gómez, llamó por teléfono al portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, con el que mantiene buena relación, para interesarse por su voto.

Reserva ultra

Vox está en el no al decreto, como dejó claro este miércoles su líder, Santiago Abascal, en su pregunta al presidente, pero formalmente el partido ultra se reserva su posición hasta escuchar cómo transcurre este jueves el debate. Varios partidos avisaron este miércoles de que esa sesión volverá a ser de infarto. La votación está prevista para el final de la mañana. El Gobierno, por el momento, solo tiene bastante asegurados 169 votos afirmativos, que podrían no resultar suficientes si al final confluyen en el no todas las revanchas y asuntos pendientes que ha ido acumulando este Ejecutivo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, que suman 154 escaños. Algunos socios habituales e importantes del Gobierno, como PNV (cinco actas), PDeCAT (cuatro) Más País (dos) y Compromís, Nueva Canaria y Partido Regionalista de Cantabria (una cada uno), han expresado estos días sus dudas y críticas, sobre todo por lo tarde que entienden que se ponen en contacto con ellos los negociadores de La Moncloa. Es un problema endémico de casi toda la legislatura. Pero también matizan que esa queja no les llevará a votar este jueves contra el decreto antiguerra, porque desligan esos dos escenarios.

Formaciones como ERC (13 diputados), Junts (cuatro) y EH Bildu (cinco) se aferran a la “ruptura de confianza” y “falta de lealtad” que achacan al Ejecutivo por el caso Pegasus para desmarcarse de esta votación, aunque con matices. Los partidos independentistas catalanes se ubicaron de entrada en el no al decreto. El grupo de ERC eludió avanzar su voto hasta conocer cuál es el mandato que reciben de su dirección este jueves desde Barcelona y para dejar algún resquicio a la rectificación del Gobierno. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, exigió este miércoles la dimisión de Robles, y el Parlament catalán aprobó llevar el caso Pegasus a los tribunales con el voto del PSC. El PSOE se volcó mucho anoche en presionar a Bildu para se moviera del no al menos a la abstención. Fuentes abertzales admitieron que aunque aún no habían tomado la decisión, su intención era que se pueda tramitar “el plan de choque porque, aunque sea insuficiente, contiene avances sociales y algunas medidas positivas”. Esos cinco escaños de Bildu podrían resultar determinantes para inclinar el panel del empate técnico que se registraba anoche en los despachos del Congreso.

En el otro lado del hemiciclo están PP y Ciudadanos, con posturas similares. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, intercambió criterios con su interlocutor en Cs. Edmundo Bal le pidió apoyo a ideas de un documento que Bolaños no se había leído. Cs pedía que el Gobierno se abriera a alargar la vida de las centrales nucleares. Bolaños lo descartó y Bal avisó de que Cs votará no. En esa tesitura de exigir reivindicaciones territoriales para pasar del no a la abstención se fijaron Teruel Existe y BNG, ambos con un voto. La diputada de Coalición Canaria dijo que se abstendrá.