La derecha apela al ‘procés’ para justificar el supuesto espionaje a independentistas

El caso Pegasus ha colocado al Gobierno en la situación más anómala de toda la legislatura, y con eso tuvo que lidiar este lunes en el Congreso Óscar López, el director del gabinete de Pedro Sánchez en La Moncloa. López se encontró de un lado con unos socios de Ejecutivo, Unidas Podemos, que no cesan de pedir explicaciones por el supuesto espionaje a independentistas, y con unos aliados parlamentarios —los presuntamente espiados— a los que no les valen las promesas de investigación del Gobierno y que tampoco cesan de advertirle de que la mayoría parlamentaria está en peligro. En el flanco por la derecha, una oposición que repartió aplausos al CNI, defendió el derecho de los servicios de inteligencia a intervenir las comunicaciones de quienes “han protagonizado un golpe de Estado” y cuyo reproche al Ejecutivo es el contrario: que “se humille ante los independentistas”.

La comparecencia parlamentaria de López reveló que las promesas del Gobierno de encargar investigaciones al CNI y al Defensor del Pueblo apenas han logrado calmar al independentismo, incluidas fuerzas como ERC y EH Bildu indispensables para sostener la base parlamentaria del Ejecutivo. Ambos grupos, como Junts y la CUP, exigen dimisiones. Y creen que el Gobierno está subestimando sus advertencias. Lo dijo muy expresivamente, hasta por tres veces, uno de los portavoces habitualmente menos airados del independentismo, Jon Iñarritu, de EH Bildu. “Les está viniendo encima un meteorito y no son conscientes de lo que puede suceder. Yo soy de los que no quiere que caiga este Gobierno, pero no sé cómo están tan tranquilos”. López rehuyó el choque y repartió buenas palabras: “El Gobierno tiene la mejor voluntad y está tomando la iniciativa”.

Ante la acometida de fuego amigo, el mayor alivio para López vino desde el campo de la oposición, donde no solo no ven ningún escándalo en el supuesto espionaje, sino que lo justifican en caso de que se haya producido en el marco del procés. El popular Juan Antonio Callejas ensalzó el trabajo de los servicios de inteligencia y subrayó que “el Estado de derecho tiene que defenderse de quienes quieren desestabilizarlo”. “Para esto están los servicios de inteligencia”, había comentado poco antes Miguel Gutiérrez, de Ciudadanos. Vox aprovechó para defender de nuevo la ilegalización de los partidos independentistas, una “anomalía democrática”, en visión del diputado Víctor González Coello de Portugal. Lo que la derecha reprochó al Ejecutivo es que se rebaje a dar explicaciones al secesionismo con gestos como la visita a Barcelona del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Otra “humillación” para el Gobierno, en expresión de Gutiérrez, de Ciudadanos.

López comparecía por primera vez en el Congreso desde que en julio tomó las riendas en La Moncloa que hasta entonces llevaba el defenestrado Iván Redondo. Le tocaba exponer una de las competencias de su cargo, la Estrategia de Seguridad Nacional, y el azar le jugó la mala pasada de hacer coincidir la cita con la explosión del caso Pegasus. Los independentistas lo acribillaron a preguntas que el jefe de gabinete de Sánchez esquivó alegando desconocimiento. Ante Mireia Vehí, de la CUP, dijo incluso que no sabe si el Pegasus se vende solo a gobiernos. López exhibió toda su diplomacia, hasta para lanzar algún reproche, como que los independentistas están dando por sentado algo —que el CNI los espió— que “va más lejos de los hechos” conocidos. Y sobre todo se defendió de las acusaciones de pasividad: “Podrán decir que se ha hecho poco o mucho, pero no que no hemos hecho nada”.

La diputada de ERC Montse Bassa, sin entrar en la cuestión de las posibles consecuencias parlamentarias del caso, se mostró muy dura y remató así: “Se espía a activistas, a abogados, a periodistas... Este es el país que ustedes llaman democrático”. En lo que a dureza se refiere nunca falta a la cita Miriam Nogueras, de Junts, otra de las supuestamente espiadas, quien clamó contra el “Watergate español” , prueba de “un sistema corrupto, podrido” y concluyó: “Con 52.000 millones de impuestos de los catalanes han financiado este escándalo internacional”.