IU denuncia ante el Tribunal de Estrasburgo el archivo de la investigación sobre el rey emérito

La decisión de la Fiscalía de archivar, el pasado marzo, la investigación sobre las supuestas irregularidades fiscales de Juan Carlos I ha despejado el panorama judicial en España del rey emérito, pero no en otras instancias europeas. Mientras la justicia británica sigue adelante con la causa abierta contra el ex jefe del Estado por hostigamiento, difamación y vigilancia ilegal por la demanda interpuesta por Corinna Larsen, Izquierda Unida (IU), el Partido Comunista de España (PCE) y Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda han acudido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo para denunciar el archivo de la investigación en España. El motivo: la supuesta vulneración del derecho comunitario que supuso la decisión del Tribunal Supremo de rechazar, sin practicar diligencias, las querellas que la formación había interpuesto contra Juan Carlos I “con un claro ánimo exculpatorio a ultranza”, según recoge la demanda presentada el pasado 29 de marzo y a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

IU, integrada en la coalición Unidas Podemos que participa junto al PSOE en el Gobierno de Pedro Sánchez, considera que aquella decisión del Supremo vulnera el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH), al que está obligado España. Fuentes de IU señalan que en esta iniciativa jurídica cuentan con el respaldo del resto de formaciones que integran el grupo parlamentario de Unidas Podemos. No obstante, el TEDH debe decidir aún si la demanda cumple los requisitos y la admite. En ese último caso, la Abogacía del Estado deberá comparecer ante el Tribunal de Estrasburgo para responder a la demanda en nombre de España.

De este modo, IU da un último paso en una batalla judicial que inició en diciembre de 2018, cuando presentó una querella en el Tribunal Supremo contra Juan Carlos I y otras siete personas tras salir a la luz los audios que guardaba el comisario José Manuel Villarejo en los que Corinna Larsen atribuía al monarca el cobro de comisiones y el uso de testaferros para ocultar una supuesta fortuna en Suiza. En aquella querella, la formación atribuía al monarca 13 delitos, entre ellos los de cohecho, fraude, tráfico de influencias y constitución de grupo criminal.

El Tribunal Supremo la archivó inicialmente en abril de 2019 y, tres meses después, ratificó esta decisión rechazando el recurso de súplica presentado por IU. Tras aquel doble revés judicial, la formación política solicitó en julio de 2020 la reapertura y, en diciembre de ese mismo año, hizo una ampliación de la querella. El Tribunal Supremo volvió a archivar la causa. Los querellantes recurrieron en amparo, a comienzos de 2021, ante el Tribunal Constitucional, que inadmitió el recurso sin mayor trámite el pasado mes de octubre.

Tras esta última decisión judicial, IU acude ahora al Tribunal de Estrasburgo con una demanda contra España en la que, tras relatar los hechos presuntamente delictivos del rey emérito que denunció, detalla el proceso que siguió aquella querella y las supuestas vulneraciones del derecho comunitario cometidas por la justicia española para rechazar la investigación del exjefe del Estado.

La formación considera que con el archivo de las querellas, el Supremo vulneró los artículos 6.1 y 13.1 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos, referidos al derecho fundamental a un proceso equitativo y a la tutela judicial efectiva por parte de un tribunal independiente e imparcial. IU considera que la investigación de la Fiscalía ―archivada al considerar que los delitos presuntamente cometidos por Juan Carlos o habían prescrito o no eran perseguibles― no fue suficiente, ya que sus pesquisas no fueron públicas y no pudieron ser recurridas.

Sobre los argumentos esgrimidos tanto por el Supremo para archivar las querellas interpuestas como por la fiscalía para cerrar las diligencias de investigación de Juan Carlos I, IU denuncia que conceden al rey emérito una suerte de inmunidad para ser impune ante la comisión de cualquier delito, interpretación que sería contraria al convenio europeo de derechos humanos. “La justicia española ha dado carta blanca al exmonarca para que pueda delinquir sobre persona o bienes jurídicos especialmente protegidos sin que tenga responsabilidad penal alguna”, asegura IU en su demanda. En este sentido, la formación política recuerda la reciente decisión de un juez británico de seguir con la causa abierta tras la demanda de Corinna Larsen contra Juan Carlos I al considerar que este no tiene ningún tipo de inmunidad.

Por último, IU alega una supuesta falta de imparcialidad por parte de los magistrados del Supremo que decidieron rechazar sus querellas. La formación política destaca que en el auto por el que decidió archivar en febrero de 2021 la misma, los miembros del tribunal incluyeron expresiones que, en su opinión, demostraban una evidente animadversión y hostilidad contra los querellantes, a los que tildaba de “profesionales de la acción popular” que con su actuación degradaban esta figura para convertir noticias en delitos.

IU considera que con estas expresiones los magistrados mostraron una pérdida de imparcialidad que invalida sus decisiones. En este sentido, recuerda la sentencia que, en noviembre de 2018, dicto precisamente el Tribunal de Estrasburgo por la que condenaba a España por vulnerar el derecho a un juicio justo de Arnaldo Otegi y otros cuatro dirigentes abertzales en el caso Bateragune al considerar que hubo dudas razonables sobre la imparcialidad del tribunal de la Audiencia Nacional, que condenó al actual líder de EH Bildu en primera instancia a 10 años de prisión en 2011 como dirigente de ETA.