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La oposición andaluza acusa al presidente Moreno de “manosear” la fecha electoral para tapar su gestión

El PSOE de Andalucía empieza su campaña con sospechas de corruptelas en los contratos de emergencia de la Junta

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno (de pie), junto al vicepresidente, Juan Marín (sentado a su derecha), durante la sesión de control al gobierno este jueves en el Parlamento.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno (de pie), junto al vicepresidente, Juan Marín (sentado a su derecha), durante la sesión de control al gobierno este jueves en el Parlamento.PACO PUENTES (EL PAÍS)
Lourdes Lucio

Los 109 diputados del Parlamento andaluz han abandonado este jueves el salón de plenos sin saber muy bien si volverán a sentarse en sus escaños a la vuelta de la Semana Santa. Había ambiente de despedida en todas las bancadas, donde muchos ignoran si figurarán de nuevo en las listas. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, el dueño del botón electoral, aún no lo tiene decidido, pero en las últimas 48 horas los argumentos que más se oyen en el Gobierno andaluz son los de convocar en junio para contar cuanto antes con unos Presupuestos autonómicos, ya que los actuales están prorrogados. La oposición de PSOE y Unidas Podemos han a acusado a Moreno en la sesión de control de “manosear” la fecha electoral para tapar su “falta de gestión”.

El presidente de la Junta se debate entre las razones “políticas” y las “técnicas” para fijar la fecha electoral. En su Gobierno hay división de opiniones. El consejero de la Presidencia y flamante coordinador general del PP nacional, Elías Bendodo, es de la opinión de que hay que esperar a octubre y primar la estabilidad política; el departamento económico, con el consejero de Hacienda y vicesecretario nacional de Economía del PP, Juan Bravo, y el consejero de Economía, Rogelio Velasco, son partidarios del adelanto para contar cuanto antes con unas Cuentas que ahora mismo, sostienen algunos, son “papel mojado” y también para combatir la inflación, aunque el margen de la comunidad autónoma para contener el alza de los precios es muy escaso. La posición de Velasco, consejero independiente por Ciudadanos, choca con la que mantiene el vicepresidente andaluz y candidato de Cs, Juan Marín, que defiende que sean en octubre. Este jueves, Marín ha señalado que “no sería acertado” el adelanto.

Economistas consultados por este periódico aseguran que esos razonamientos denotan “falta de imaginación”, porque la inflación se combate con políticas presupuestarias restrictivas y se preguntan si lo que quiere Moreno es plantear un ajuste fuerte del gasto. La otra pregunta que se hacen es con quién va a pactar el presupuesto. Vox dejó tirado al Gobierno en las cuentas de 2022 porque el PP no incluía cambios en las políticas de género, migración, memoria democrática y en la eliminación de entes públicos de la llamada administración paralela, lo que conllevaría despidos. La Junta trabajaba ya con el horizonte de la prórroga presupuestaria desde un año antes por las dificultades de pacto en año electoral. Un trance que el vicepresidente de la Junta expresó con toda crudeza cuando en una reunión interna, que fue grabada y difundida, proclamó que aprobar un presupuesto el último año de legislatura era “estúpido”.

Moreno nunca ha prestado atención a las recomendaciones en este sentido de Bravo, pero ahora es todo oídos. La pandemia, el alza de precios y las repercusiones por la invasión de Ucrania son los argumentos que pone en uno de los platillos de la balanza electoral. También se ha entrevistado con el gobernador del Banco de España y tiene previsto celebrar contactos en los próximos días con ejecutivos de entidades financieras y el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos.

El análisis que le van trasladando es que la situación empeorará en los próximos meses y Moreno traduce esos datos en votos para la ultraderecha. “Vox crece en el descontento”, aseguran desde el Ejecutivo andaluz que teme que los 22 escaños que la encuesta del Centro de Estudios Andaluces conocida este miércoles le da al partido de Santiago Abascal se consoliden o, lo que es peor, aumenten. Al contrario que en las elecciones autonómicas de 2018, la preocupación del PP de Moreno es Vox. Es su principal competidor y con el que estará obligado a pactar si el resultado se aleja mucho de los 55 escaños en los que está fijada la mayoría absoluta en el Parlamento andaluz.

Los socialistas andaluces, quién lo iba a decir, han dejado de ser una preocupación para el presidente andaluz que se plantea una campaña para atraer a todo el voto de centro y también de centroizquierda. Según los datos que manejan, hay un trasvase de votos del PSOE al PP. Lo cuantifican en 90.000 sufragios. Proclaman desde el entorno de Moreno que el PP apelará al voto útil, precisamente para combatir a Vox. Pero en la ultraderecha se preparan para defender que solo con ellos en el Gobierno andaluz se producirá un cambio real en Andalucía y no una “continuación” de las políticas socialistas.

Los contratos de emergencia, en la Fiscalía

El PSOE y Unidas Podemos (UP) le han reprochado en la sesión de control alentar el debate de las elecciones para no dar cuenta de su gestión. “Ahora sigue manoseando la fecha electoral para parar unas máquinas que llevan mucho tiempo paradas”, ha asegurado la portavoz de UP, Inma Nieto. La socialista Ángeles Férriz ha sostenido que adelantar a junio “con la que está cayendo, es frívolo y egoísta” y le ha recordado el resultado obtenido por el PP en Castilla y León cuando Fernández Mañueco adelantó las elecciones: “Se paga en las urnas y acaba con el horror de la extrema derecha en los gobiernos”.

Moreno solo ha tenido que tirar de hemeroteca para desmontar el argumento de la portavoz socialista de que Moreno agita el “fantasma electoral”. Le ha recordado que fue el PSOE el que usó el argumento del adelanto “cuando era mentira” para convocar elecciones primarias hace un año y “desplazar a Susana Díaz” de la secretaría general. El presidente andaluz ha asegurado que políticamente le interesa agotar el mandato porque tiene “muchas cintas de inauguraciones que cortar” y además le interesa aprobar el dictamen final de la comisión de investigación de la Fundación Andaluza de Formación y Empleo (Faffe), en el que PP, Cs y Vox hacen un retrato demoledor de casos de enchufismo y del uso de tarjetas oficiales de la Junta en prostíbulos por parte de un directivo. Moreno también ha aludido al pronunciamiento definitivo del Tribunal Supremo sobre el caso de los ERE, en el que están condenados los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Contrataciones durante la pandemia

Moreno ha pedido a los socialistas que cuando hablen de corrupción lo hagan con “contrición”. El PSOE ha arrancado su campaña con sospechas sobre las contrataciones de emergencia de la Junta durante la pandemia y ha pedido la creación de una comisión de investigación en el Parlamento, que la Mesa de la Cámara no ha tramitado por un defecto de forma, lo que de no corregirse no podría debatirse en el último pleno de abril, si es que Moreno no disuelve antes. El secretario general del PSOE, Juan Espadas, ha calificado el veto de la Mesa de “cacicada” y se ha mostrado dispuesto a acudir al Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales.

Los socialistas ponen la lupa en los 21.668 contratos por valor de 1.600 millones de euros suscritos por la Junta durante 2020, 2021 y lo que va de 2022 por la vía de emergencia. Sospechan que ha habido “un abuso consciente” de este tipo de contratación especial “con el ánimo de eludir los controles de la legislación en materia de contratación pública”. El pasado lunes el PSOE presentó una denuncia en la Fiscalía para que investigue las contrataciones exprés de 4.000 personas con motivo de la pandemia. Los tribunales contencioso-administrativos han dictado medio centenar de sentencias anulando estas contrataciones por no respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad. Las plazas fueron adjudicadas “por riguroso orden de llegada” a de la solicitud en un plazo de 24 horas a un correo electrónico. El PSOE apuntaba Elías Bendodo y a Juan Bravo. El Gobierno se defiende asegurando que ese método ultrarápido se pactó con los sindicatos.

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