La comisión de investigación sobre enchufismo en la Junta culmina antes de las elecciones autonómicas

El popular Juan Manuel Moreno inició la última campaña electoral andaluza, en 2018, delante de un prostíbulo sevillano donde un directivo de la Fundación Andaluza de Formación y Empleo (Faffe), un ente público, pagó con una tarjeta de crédito de la Junta consumos indeterminados. Y va a comenzar la próxima campaña, aún sin fecha, con un regalo debajo del brazo: las conclusiones de la investigación que durante tres años ha realizado una comisión parlamentaria en la que todos los grupos, salvo el PSOE, coinciden en el nombre de Manuel Chaves como máximo responsable político de una fundación que está siendo investigada en los juzgados por enchufismo y uso fraudulento de dinero público.

El nombre de Chaves aparece en todas las propuestas de dictamen registradas este jueves por cuatro de los cinco grupos parlamentarios a la hora de fijar las responsabilidades políticas, tras la comisión de investigación sobre la Faffe, una institución pública destinada al asesoramiento y formación de los desempleados desde 2003 hasta 2011, fecha en la que se liquidó. El PSOE deja fuera a todos los ex altos cargos de los anteriores gobiernos socialistas y solo apunta al exdirector de la Faffe, Fernando Villén, quien está siendo juzgado por usar tarjetas de crédito institucionales en gastos por unos 32.000 euros en 12 fiestas en prostíbulos de Sevilla, Cádiz y Córdoba.

Lo más llamativo de las conclusiones es que PP y Ciudadanos, que gobiernan en coalición en Andalucía, difieren a la hora de establecer las responsabilidades políticas. El partido liberal deja fuera en su listado a la expresidenta Susana Díaz, a la que apoyó desde el Parlamento en la anterior legislatura. “Fue una pésima gestora, pero no podemos considerarla responsable porque cuando ella era presidenta, la Faffe ya se había liquidado. No ha sido la precursora y colaboró en la comisión”, ha dicho la portavoz de Cs, Teresa Pardo.

Por el contrario, para el PP Díaz “no colaboró” cuando los juzgados requirieron información a la Junta ni impulsó los expedientes de reintegro de subvenciones. La portavoz popular en la comisión, Ana Vanesa García, ha cuantificado en 115 millones de euros los gastos que aún están pendientes de verificación, aunque el día anterior el portavoz del grupo, José Antonio Nieto, aseguró que había habido un “derroche” de 480 millones de euros que “o bien se lo llevaron algunos o se malgastó en decisiones incomprensibles”.

El PP señala en sus conclusiones como responsables políticos a los tres últimos presidentes de la Junta (Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz) y a ocho exconsejeros de las áreas de Empleo y Hacienda: María Jesús Montero —actual ministra de Hacienda—, José Antonio Viera, Antonio Fernández, Manuel Recio, José Sánchez Maldonado, Javier Carnero y Antonio Ávila. “La Faffe fue impulsada, tolerada y protegida por el PSOE. Sus presidentes lo conocían y fueron pasivos con la corrupción y, por la tanto, cómplices”, ha asegurado García, quien junto con el diputado Erik Domínguez ha llevado el peso de los trabajos por parte del PP.

Ciudadanos incluye a Chaves y a Griñán y a los exconsejeros Montero, Antonio Ramírez de Arellano y Javier Carnero, estos dos últimos actuales diputados socialistas en el Parlamento andaluz. Pero este grupo no incorpora ninguna cifra de supuesto dinero malversado. “Había un plan para huir de la legalidad, pero no hemos incluido ninguna cifra porque serán los jueces los que tendrán que delimitar”, ha dicho el diputado de Cs Juan de Dios Sánchez. Ciudadanos también deja su toque propio y de diferenciación con su coaligado en el apartado de las recomendaciones al instar al gabinete jurídico de la Junta a prestar “su máxima colaboración con toda investigación judicial sobre posible enchufismo en la Junta de Andalucía”. Los servicios jurídicos de la Junta se han opuesto a remitir al juzgado los contratos de todos los trabajadores de la fundación como ha pedido Vox.

Los grupos ponen negro sobre blanco no solo el gasto en clubes de alterne, sino contrataciones supuestamente irregulares de personas vinculadas con el PSOE, o la firma de contratos blindados de alquileres de oficinas durante 15 años por importe de 1,4 millones de euros cuatro meses antes de que la Faffe se liquidara, o expedientes de subvenciones sin visar. La mayoría de esas cuestiones están siendo investigadas por los juzgados sin que hasta el momento haya habido una resolución en firme.

Declaración de 84 extrabajadores

Días atrás, 84 trabajadores de la extinta Faffe fueron llamados a declarar ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, por orden del juez de refuerzo de Instrucción Número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, que investiga una denuncia del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) sobre el posible enchufismo en la fundación andaluza. Entre las personas citadas estaba Carmen Ivanco, esposa del candidato socialista a la Junta, Juan Espadas. Fue contratada en la Faffe en 2007. Se presentó a una convocatoria pública y su contrato lo firmó cuando aún el plazo de presentación de solicitudes no había terminado. Cuando Faffe se liquidó sus 1.058 trabajadores pasaron a formar parte de la plantilla del Servicio Andaluz de Empleo, donde no pueden ejercer potestades administrativas al no ser funcionarios.

Unidas Podemos (UP) considera que la responsabilidad política del “cúmulo de corruptelas” ocurridas está en la Consejería de Empleo, un departamento “epicentro” de los fraudes de los ERE y de los cursos de formación, investigados en anteriores legislaturas una vez que el PSOE perdió la mayoría absoluta. Los diputados de UP dejaron de participar en la comisión de investigación de la Faffe hace varios meses porque consideraron que los trabajos “no eran de provecho” y que la información era la misma que la de anteriores comisiones: “No vigilaron que las cosas se hicieran adecuadas a la ley”, ha asegurado su portavoz, Inma Nieto.

Para este grupo, la responsabilidad política in vigilando está en el expresidente Chaves y los exconsejeros Viera, Fernández y Recio. Nieto ha sido muy crítica con los ritmos de la comisión: se creó a principios de la legislatura a petición de propio Gobierno de PP y Cs y con el apoyo de todos los grupos, pero los calendarios de las comparecencias han estado acompasados a campañas electorales hasta estirarlos a final del actual mandato.

Chaves, por ejemplo, fue llamado a declarar 48 horas antes de la campaña de las elecciones generales de noviembre de 2019. Acudió, pero se acogió a su derecho a no declarar al considerar su comparecencia una maniobra electoral. El dueño del club de alterne Don Ángelo compareció al Parlamento el mismo día del arranque de esa campaña. Nieto reprochó a PP, Cs y Voz que el final de los trabajos de la comisión se produzca “con los tambores electorales”.

El PSOE no cita a ningún responsable político en su dictamen. Para este grupo, la comisión ha sido un “paripé”, “una pérdida de tiempo” y “sin concreción real” porque al convivir con procesos judiciales abiertos hay hechos que no han podido ser investigados, según su portavoz, Soledad Pérez. La diputada socialista ha defendido los procedimientos de contratación en la Fundación, la “calidad” de sus trabajos y el cumplimiento de los controles preceptivos. También se ha quejado de que se vetara la petición del PSOE para que comparecieran auditores y técnicos y se ha mostrado convencida de que una vez que el dictamen se debate en un pleno parlamentario “se convocarán las elecciones”.

El presidente de la comisión, Enrique Moreno (Cs), es ahora quien tiene en su mano acelerar el debate. Dispone de un máximo de 20 días para elaborar el dictamen, al que los grupos pueden presentar alegaciones en 15 días. Su intención es que el debate final se celebre a finales de marzo o principios de abril, según afirmó el pasado martes a la agencia Efe. Aunque la fecha electoral no está fijada, si el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, disuelve el Parlamento antes de que el dictamen se apruebe decaerá todo el trabajo.