Condenado el exconsejero andaluz Antonio Fernández a siete años de cárcel por una causa de los ERE

La macrocausa del caso de los ERE que, después de múltiples archivos y prescripciones, engarza 132 piezas separadas, mengua, aunque muy lentamente. Tras la pieza política fallada en noviembre de 2019, la Audiencia de Sevilla ha dictado en la mañana de este viernes la segunda sentencia vinculada a la trama de ayudas fraudulentas. La sección tercera del tribunal ha condenado al exconsejero socialista de Empleo de la Junta, Antonio Fernández, a siete años de cárcel por las ayudas concedidas a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco), al considerarle como autor de un delito continuado de prevaricación y un delito de falsedad en documento oficial, ambos en concurso medial con otro de malversación de caudales públicos, por su intervención en la concesión de 2,9 millones de euros a (Acyco).

El tribunal ha sancionado también al exconsejero socialista con otra pena de inhabilitación absoluta de 17 años y 15 días. Fernández ya había sido condenado a otros siete años y 11 meses de prisión por malversación y prevaricación continuada en la pieza política de los ERE, en noviembre de 2019. La Audiencia de Sevilla concluyó entonces el macrojuicio con penas de prisión por un total de 68 años y de inhabilitación por 258 años a dos expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y a 11 ex altos cargos de Gobiernos socialistas.

El exconsejero de Trabajo de la Junta entre 2004 y 2010 tiene, además, pendientes todavía varias causas abiertas por otras piezas separadas del mismo caso de corrupción. Su defensa recurrió su implicación en el proceso por las ayudas a Acyco alegando que la sección séptima había excluido a los ex altos cargos condenados en la causa política por entender que no podían volver a ser juzgados por los mismos hechos, pero la sala tercera rechazó esa cuestión previa.

Además de Fernández, también ha sido condenado a cuatro años de cárcel y a 10 de inhabilitación absoluta el ex director general de Trabajo, Juan Márquez. Cinco implicados ajenos a la Junta también han sido sancionados con penas de entre dos y cinco años de prisión, mientras que otros tres antiguos altos cargos de la Administración —el exviceconsejero de Empleo, Agustín Barberá; el ex director de Trabajo, Daniel Alberto Rivera, y el ex director general de la agencia IFA-IDEA, Miguel Ángel Serrano—, han quedado absueltos. Salvo Rivera, el resto también fueron condenados en la pieza política juzgada en noviembre de 2019. Los siete condenados por las ayudas a Acyco deberán indemnizar a la Junta con poco tres millones de euros, de manera conjunta y solidaria.

“Irregularidades e ilegalidades clamorosas”

Los hechos que se han juzgado ahora se remontan a 2003, cuando Fernández era viceconsejero de Trabajo y presidente del Consejo Rector del IFA. El 3 de julio de ese año, la empresa Acyco, radicada en Dos Hermanas (Sevilla), presentó en la Delegación de Empleo de Sevilla la solicitud de un ERE para la extinción de la relación laboral de 35 trabajadores. El 23 de ese mismo mes se autorizó el expediente de extinción de los contratos laborales. Los magistrados, en su sentencia de 332 páginas, consideran probado que el respaldo económico de la Junta para sufragar el coste de estas prejubilaciones, así como la inclusión en las mismas de dos “intrusos” —personas que no reúnen las condiciones para ser beneficiarios de esas ayudas― se debió “exclusivamente” a la relación personal que mantenía la presidenta del consejo de administración de Acyco con el entonces director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero —el principal condenado en la macrocausa de los ERE y responsable último de la administración del sistema “fraudulento” e “ilegal” que provocó un “descontrol absoluto” sobre 680 millones de euros en ayudas sociolaborales―, y que, al fallecer en octubre de 2020, también ha sido exculpado del caso Acyco.

La sala considera que las pólizas correspondientes a esos dos intrusos “fueron aceptadas y asumidas” por Guerreo “con consentimiento y autorización” de Fernández, que entonces era presidente del consejo rector del IFA, que “a la postre iba a ser la encargada del pago de la póliza”. Ambos, señala la sentencia, conocían que ese pago se había realizado “sin la fiscalización del gasto por parte de los interventores de la Consejería de Empleo”. Los magistrados también destacan que las ayudas se concedieron “sin previa solicitud formal de la empresa beneficiaria y sin instrucción de expediente y resolución escrita”.

Todo este proceso se llevó a cabo a través de las famosas “transferencias de financiación”, el sistema de pago por el que se distribuyeron de forma fraudulenta los fondos destinados a los ERE, de acuerdo con la sentencia de la pieza política de noviembre de 2019 y cuya definición y legalidad centró buena parte de ese macrojuicio. Los magistrados sostienen que se hizo uso de ese mecanismo “como sistema para eludir la aplicación de las leyes de subvención y conceder sin control alguno ayudas sociolaborales a empresas”.

Sobre el papel del exconsejero de Empleo, en la sentencia se recuerda que el importe de la subvención a Acyco del que le dio cuenta Guerrero “le hubiera obligado a presentar su concesión a la aprobación y ratificación del Consejo de Gobierno de la Junta, dada su condición de vicepresidente del consejo rector del IFA”, un paso que no se dio “admitiendo una subvención que sabía que carecía de fiscalización previa del gasto por parte de la Intervención de la Consejería, con lo que facilitó el desvío de fondos públicos a favor de particulares”.

“La ilegalidad era tan evidente”, continúa el fallo, “que tuvo que ser conocida y consentida por el citado viceconsejero [Fernández], puesto que “se concedió de forma verbal, omitiéndose la obligación de registrar la subvención en la base de datos establecida al efecto”. “Nos encontramos ante irregularidades e ilegalidades clamorosas, de bulto, que evidencian el desprecio a normas de obligado cumplimiento y la arbitrariedad en la concesión de la ayuda a Acyco”, aseveran los magistrados.

Contra la sentencia emitida este viernes cabe interponer recurso de casación. En el Tribunal Supremo están pendientes de resolver interpusieron en su momento los condenados en la pieza política contra una sentencia que cuestionó la política de empleo desarrollada por distintos Gobiernos socialistas. Los magistrados consideraron que la antigua cúpula de la Junta urdió “un sistema fraudulento” con el que gestionó y repartió “sin control” un fondo de 680 millones para empresas en crisis.