Los jueces de los ERE: visiones opuestas sobre los mismos hechos

Los magistrados de la Audiencia de Sevilla exculpan y luego sientan en el banquillo a cinco ex altos cargos de la Junta

El exconsejero Antonio Fernández, en la Audiencia de Sevilla en 2018.
El exconsejero Antonio Fernández, en la Audiencia de Sevilla en 2018.PACO PUENTES / EL PAIS

“Esto que ha ocurrido es inaudito”. El asombro de un magistrado de la Audiencia de Sevilla responde a la última decisión judicial del caso ERE. Otra sorpresa más. El pasado jueves varios jueces dictaron una resolución opuesta a otra previa de unos compañeros de la Audiencia sobre la macrocausa. A pesar de que arrastra una década de instrucción, es la primera vez que dos secciones de este órgano se contradicen y se ignora una primera resolución motivada firme. “¿Ha ocurrido antes en otro caso? Yo no lo he visto”, ilustra otro magistrado de la Audiencia que también pide anonimato, perplejo al ver que la justicia ofrece dos versiones opuestas —ambas en segunda instancia— sobre los mismos hechos.

Tras seis jueces instructores entre los que a menudo saltaron chispas, en la macrocausa se ha visto de todo: más de 500 imputados, 270 piezas separadas, dos millones de folios de sumario, sospechosos fugados y detenidos en Burkina Faso... Ahora la Sección Tercera de la Audiencia ha decidido mantener en el banquillo a cinco ex altos cargos de la Junta andaluza por una de las 150 piezas que permanecen abiertas, la que investiga la ayuda pública de 2,9 millones a la empresa de aceitunas Acyco. Sin embargo, en una decisión anterior, la Sección Séptima de la Audiencia había excluido a dos de ellos de ser investigados por argumentos que luego alegaron los otros tres. ¿Qué ha pasado entonces para que una resolución contra la que no cabía recurso se haya revertido por parte del mismo órgano judicial y se convierta en papel mojado?

El juicio de Acyco, la segunda vista oral del caso tras la pieza política que condenó hace un año a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 17 excargos, continuará de este modo el próximo lunes tras resolver esta delicada cuestión previa. Y lo hará con el exconsejero Antonio Fernández, el exviceconsejero Agustín Barberá, el exdirector de la agencia Idea Miguel Ángel Serrano y los ex directores generales de Trabajo Juan Márquez y Daniel Rivera en el banquillo como responsables de los pagos a la empresa. El exdirector Javier Guerrero estaba acusado, pero falleció el pasado domingo de una neumonía, según la autopsia practicada.

Los cinco excargos procesados se someterán a juicio porque la cuestión de fondo —si debe prevalecer el criterio exculpatorio de la Séptima o el incriminatorio de la Tercera— se resolverá en el Tribunal Supremo cuando este dictamine sobre los previsibles recursos de casación de las defensas o acusaciones. Hasta entonces, la macrocausa sigue su curso. “A mi edad solo puedes contemplar el oscuro horizonte. Después de 10 años el cuerpo se ha hecho a los pellizcos judiciales que ya han provocado alguna muerte. Es injusto, pero nos defenderemos”, comenta con gesto agrio uno de los antiguos dirigentes de Empleo que pide preservar su identidad.

En 2015 la macrocausa de los ERE se troceó en 270 piezas, una por cada ayuda incluida en el fondo de la Junta. Muchas se archivaron, otras siguen en investigación y una quincena están próximas a juicio. Pero hace tres años, el pulso permanente entre la Fiscalía y las defensas dio una gran victoria a estas últimas y súbitamente la macrocausa menguó: los jueces de la Sección Séptima de la Audiencia estimaron que los encausados en la pieza política —que juzgó el mecanismo para todo el fondo para empresas en crisis, dotado con 680 millones— no podían ser enjuiciados por cada una de esas ayudas de manera independiente. Es decir, se imponía el principio non bis in idem por el que un acusado no puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos.

En enero de 2018 esos mismos jueces de la Séptima excluyeron a Fernández y Serrano de la pieza de Acyco. ¿Qué pasó justo antes? Pues que el juez instructor, Álvaro Martín, elevó el sumario a la Sección Tercera de la Audiencia para que esta abriera juicio oral, sin esperar a que la sección Séptima se pronunciara sobre si debía excluir a los políticos, ya que los recursos no son suspensivos. Resultado: el proceso avanzó hacia la celebración del juicio y ahora el criterio de la Tercera ha chocado de manera frontal con el dictamen previo de la Séptima.

Los jueces de la Tercera consideran que la pieza de Acyco “versa exclusivamente sobre los hechos relativos a la concesión de la ayuda sociolaboral […], hechos diferentes y no comprendidos en el procedimiento específico [objeto de la pieza política]. No existe una coincidencia temporal de los hechos a los que se refiere el procedimiento específico”. En otras palabras, los magistrados consideran que la ideación del mecanismo de pago para los ERE es diferente de la concesión de una ayuda concreta para una empresa, a pesar de que la sentencia menciona una malversación por 680 millones, que incluye la suma de todas las ayudas concedidas entre 2001 y 2009 (también la de Acyco).

“La exclusión acordada por la sección Séptima ha quedado sin cimiento alguno", ya que "se ha desvanecido la causa por la que se acordó la atípica figura del apartamiento o exclusión en los autos de la Sección Séptima”, subrayan los magistrados. Y recuerdan que la Sección Primera —que juzgó la pieza política— aclaró que esta vista oral no incluía las piezas separadas, en consonancia con su postura.

Luis García, abogado de la acusación que ejerce el PP, apoya el criterio de la Tercera: “El problema no es de legalidad, sino de interpretación de la legalidad. Una cosa fue la ideación y otra cada ayuda concreta”. Solo dos años antes los jueces de la Séptima estaban en el extremo opuesto: “El Sr. Fernández no puede ser enjuiciado como autor de un delito de prevaricación y de una malversación continuadas ocurridas desde el 2000 al 2010, y a su vez, y además por uno de los supuestos ya englobado en la continuidad, pues afectaría derechos fundamentales”, fijaban.

A pesar de que desde 2018 el exconsejero Antonio Fernández ha sido excluido de la inmensa mayoría de las piezas por el Juzgado 6 de Instrucción siguiendo el criterio de la Séptima, este giro de timón de la Tercera podría sumarle años de cárcel a su condena en la pieza política de siete años y 11 meses de prisión. Y pasar el resto de su vida en la cárcel, al igual que el resto de exdirigentes investigados. “Un ciudadano no puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos y las resoluciones judiciales firmes han de ser respetadas por todos, especialmente por los propios órganos jurisdiccionales [...] En relación al auto conocido hoy se reaccionará por las vías que el ordenamiento provee”, avanza su letrado, Alfonso Martínez del Hoyo. Hasta que el Supremo se pronuncie sobre la pieza de Acyco, Fernández afronta otro calvario judicial por esta inédita colisión de togados.

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