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¿3.000 días en el banquillo por los ERE?

La división de la macrocausa aboca a una decena de imputados a enfrentarse a 200 juicios

Caso de los ERE: Antonio Fernández (drcha.) y Javier Guerrero (en el centro) Ampliar foto
El exconsejero de Empleo Antonio Fernández (drcha.) y el exdirector de Trabajo Javier Guerrero (en el centro), en los juzgados sevillanos el año pasado.

¿Un acusado sentado 3.000 días en el banquillo de los acusados? Es la previsión a la que se enfrenta una decena de imputados clave en el caso de los ERE fraudulentos. La descomunal cifra, que significa estar una década sentado en una vista oral (días laborables), es la primera y asombrosa consecuencia de la división de la macrocausa de los ERE, resuelta este pasado verano.

Una decena de imputados que ostentaron puestos clave en la Consejería de Empleo andaluza que concedió el fondo de 855 millones y en la agencia Idea de la Junta (pagadora de las ayudas) repetirán un juicio tras otro hasta superar los más de 200 procedimientos. Uno por cada subvención concedida, que la instrucción judicial y la Fiscalía Anticorrupción consideran ilegales y origen de diversos delitos. Ese ramillete de imputados autorizaron las ayudas directas a empresas y para diferentes ERE como pasos preceptivos para su abono, y ahora afrontan acusaciones de malversación, prevaricación y fraude de subvenciones.

Al margen de las ulteriores condenas, la cifra de 3.000 días de juicios, a una media conservadora de 15 días por proceso, da una idea de la dimensión de la macrocausa. Las defensas de los imputados solo podrán rebajar la mareante cifra gracias a las conformidades con la fiscalía tras generarse jurisprudencia menor [instaurada por la Audiencia], pero se enfrentan al escollo de que para evitar llegar al banquillo todos los acusados deben estar de acuerdo. Y eso en causas con tantos imputados es complejo.

Durante cuatro años la juez Mercedes Alaya defendió que el caso era “inescindible” mientras que Anticorrupción pidió su división una vez y otra sin éxito. Hasta que la pasada primavera Alaya ascendió a la Audiencia de Sevilla, abandonó la instrucción del caso, y su sustituta, María Núñez, impuso su criterio, diametralmente opuesto a Alaya y alineado con los dos fiscales del caso. Solo un mes y medio tras tomar posesión, el 30 de julio, Núñez decidió trocear el sumario para lograr una ansiada “agilidad procesal”, y esta semana ha creado las primeras cuatro piezas separadas sobre los ERE de las firmas Surcolor, Río Grande, Acyco y Calderinox.

Tras recurrir las defensas para evitar esta sucesión de juicios que tildan de “calvario judicial” y “muerte civil”, ahora solo resta un último paso para que la división del caso se materialice: la resolución de la Audiencia de Sevilla que dará vía libre a la separación en procedimientos. Fuentes de este órgano dan por hecha una división que ya recomendó en su día el Tribunal Supremo.

Las defensas arguyen el riesgo de sentencias contradictorias sobre unos mismos hechos. “Evitar que una persona sea condenada a más tiempo de privación de libertad que la que el Código Penal prevé para los hechos presuntamente cometidos ha de tener mayor valor que la agilidad procesal”, defiende el abogado Juan Carlos Alférez. El también letrado Alfonso Martínez del Hoyo, matiza sobre la conexidad de los delitos: “Doscientos juicios a los que, en algún caso, puede que deba someterse alguna persona, para –inhumana, monstruosamente- arrostrar acusaciones por hechos que, sin embargo, vienen relacionados”.

“¿Qué prefiere, 200 juicios o un solo juicio que dure como 200?”, plantean fuentes judiciales ligadas al caso que solicitan el anonimato. Estas fuentes hacen hincapié en una cuestión que agiganta aún más la causa, cuyo volumen real pocas personas excepto los funcionarios del juzgado, los fiscales y la juez, pueden concebir. Y es que el caso ERE esconde -por si fuera poco- otras macrocausas dentro de su paraguas. Hay ayudas de enorme volumen de la Junta de Andalucía como la minería onubense, cuyo ERE benefició a 1.169 extrabajadores y en el que la Guardia Civil ha detectado irregularidades en las pólizas de 334 personas. “¿Cuánto va a durar esa instrucción, y la de Santa Motor o Delphi? No podemos mirar para otro lado y descartar que haya indicios de delitos cuando todo apunta a ello. Eso sí, el trabajo es mastodóntico”, subrayan fuentes de la fiscalía.

Todos los órganos jurídicos superiores estiman al unísono que la causa debe dividirse para lograr que sea llevadera y avance. La Sala Segunda del Tribunal Supremo, la Fiscalía del Supremo, la Fiscalía Superior de Andalucía y el Tribunal Superior de Justicia andaluz (TSJA). La Sala Civil y Penal de este último órgano ha repetido en sus resoluciones del caso: “Parece sumamente razonable y conveniente dividir la causa en diferentes piezas separadas, permitiendo el tratamiento separado de los aspectos que presenten suficiente autonomía”.

Todo apunta a que la división del caso desde la Audiencia de Sevilla se ratificará en breve y durante la próxima primavera se celebrarán las primeras vistas orales de los expedientes de ayudas cuyas investigaciones están ya casi finalizadas.

Un sumario mastodóntico con 263 implicados

La cifra de imputados en el caso ERE se eleva a 263 personas y no deja de crecer. El paralelismo con el caso Malaya (95 procesados, 199 sesiones de juicio) se queda corto, y la celebración de una sola vista sería inmanejable para ciertos juristas. "¿Cómo se celebra eso, en el estadio Sánchez Pizjuán? Hagas lo que hagas, las macrocausas generan problemas serios", plantean en la Audiencia. Este órgano solo dispondrá de tres Salas de lo Penal para juzgar los casos que lleguen, Salas que quedarán colapsadas ante tal aluvión. “Habrá que atender también los otros casos. Si entran los ERE no se les va a dar prioridad”, matiza Damián Álvarez, presidente de la Audiencia sevillana.

Al poner en la balanza la conveniencia de celebrar un solo juicio o 200, la fiscalía mira a un horizonte lejano. "Corres el riesgo de que se te vayan muriendo imputados, fiscales y jueces. Si celebráramos un solo juicio, estarías escuchando gente dos años y no puedes almacenar tantísima información. El acusado tiene derecho a que el juez esté fresco", sostienen fuentes del ministerio público.

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