El Supremo revisará a partir de mayo las condenas a Griñán y Chaves del ‘caso ERE’ de Andalucía

El Tribunal Supremo ya ha puesto fecha al inicio de la revisión de las condenas por corrupción impuestas a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el caso de los ERE. La Sala de lo Penal ha fijado para los próximos 4 y 5 de mayo la vista pública de los recursos presentados contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que dio por probado que, entre los años 2000 y 2009, la entonces cúpula del PSOE andaluz urdió un “sistema fraudulento” dotado con 680 millones que, sin control, repartió fondos a empresas en crisis. Griñán fue condenado a seis años de cárcel por malversación y prevaricación, por lo que la sentencia del Supremo determinará si debe entrar en prisión.

La sentencia de los ERE es una de las causas penales más relevantes, si no la que más, que tiene pendiente de revisar el Tribunal Supremo. Y la Sala de lo Penal prevé que será con seguridad una de las deliberaciones más largas que afrontará en 2022. El ponente de la sentencia del Supremo será el magistrado Eduardo de Porres, que desde octubre pasado estudia los recursos presentados por los 19 ex altos cargos de la Junta condenados y la respuesta del Ministerio Público. El tribunal lo completarán los magistrados Juan Ramón Berdugo (presidente), Ana María Ferrer, Carmen Lamela y Susana Polo.

La vista pública, cuya fecha se ha notificado este viernes a las partes, marcará el inicio oficial de la revisión, que previsiblemente se prolongará durante meses. El Supremo tiene en su mano, entre tras decisiones, determinar si el expresidente Griñán cometió un delito de malversación al dar el visto bueno al fondo de los ERE cuando era consejero de Economía. A su favor juega que el alto tribunal instruyó en 2015 el caso y no apreció malversación, pero tanto la Audiencia de Sevilla como la Fiscalía consideran acreditado ese delito. El expresidente Chaves, como los exconsejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez, se juegan una condena de nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación continuada. La Fiscalía del Supremo ha pedido que se confirmen todas las condenas.