El PSOE pide una comisión de investigación sobre los contratos de emergencia de la Junta durante la pandemia

El grupo socialista ha pedido una comisión de investigación en el Parlamento andaluz sobre los contratos de emergencia adjudicados por el Gobierno andaluz durante la pandemia. Se trata de poner la lupa sobre 21.668 contratos por valor de 1.600 millones de euros suscritos durante 2020, 2021 y lo que va de 2022.

El Ejecutivo autónomo derogó el pasado 16 de marzo de manera parcial un decreto que le amparaba para contratar a dedo bienes, servicios y suministros “para luchar contra los efectos del coronavirus”. Los socialistas “sospechan” que ha habido “un abuso consciente” de este tipo de contratación especial “con el ánimo de eludir los controles de la legislación en materia de contratación pública”, según ha retirado este jueves la portavoz del PSOE, Ángeles Férriz.

El Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos que preside Juan Manuel Moreno mantuvo activo este procedimiento excepcional de contratación hasta hace 15 días. Sin embargo, el Gobierno central ya decidió en mayo de 2021 cerrar el grifo de las contrataciones excepcionales porque las condiciones del mercado para adquirir básicamente materiales y bienes sanitarios ya habían desaparecido.

Según datos de la Cámara de Cuentas, en 2020 se firmaron 17.472 contratos (el 90% menores) por valor de 979,8 millones, de los que el 85% corresponden al Servicio Andaluz de Salud (SAS). En 2021 se suscribieron 4.124 con un coste de 502,7 millones de euros, un 84% suscritos por el SAS. En lo que va de 2022 se han autorizado una decena por un importe de 16 millones de euros, según los datos aportados por el consejero de Hacienda, Juan Bravo, en una comparecencia parlamentaria el pasado 9 de marzo.

Los socialistas pidieron el pasado 16 de marzo solicitudes de información a cada una de las 11 consejerías de todos los contratos de emergencia firmados en 2020, 2021 y hasta la fecha. El Gobierno dispone de 30 días para contestar, según el Reglamento de Parlamento, un plazo que aún no se ha cumplido.

Férriz ha asegurado que la contratación por esta vía de emergencia ha supuesto una “una derivación injustificada a la sanidad privada con más de 180 millones de euros” para conciertos. También ha afirmado que, en agosto de 2021, Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación de esquí de Sierra Nevada, amplió los proveedores homologados y adjudicó un contrato de tres años para suministrar mascarillas a un nuevo proveedor: Proyectos Hospitalarios Internacional S.A., “casualmente la empresa de la madre de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso”.

El PSOE calcula que el debate de esta iniciativa se producirá en el último pleno parlamentario del mes de abril. Solo podría prosperar si obtiene el voto afirmativo de Vox, Unidas Podemos y de diputados no adscritos. Aún contando que salga adelante, la posibilidad de que la comisión culmine sus trabajos es muy remota por falta de tiempo, haya o no elecciones anticipadas.