La autonomía del Sáhara: un plan de difícil encaje en el Marruecos de Mohamed VI
Las competencias que Rabat propone dar al territorio quedan desvirtuadas por el poder casi omnímodo que ejerce el rey, según avisan algunos expertos. Otros consideran que la vía autonómica, apoyada ahora por España, podría cerrar el conflicto
En el Marruecos precolonial, al territorio ajeno a la autoridad del sultán se le llamaba bled es-siba, el país de la insumisión. Ese lugar incluía al Rif (norte), que en 1958 se alzó en una revuelta aplastada por el Ejército a las órdenes del entonces príncipe heredero. En 1981, 23 años después, el ya rey Hassan II, el hombre que había sometido a esa región molesta, dijo que “el día más feliz de su vida” sería cuando Marruecos tuviera un régimen como el de los länder alemanes. Aquella fue una de las primeras veces que el monarca aludió a una posible descentralización territorial, con el fin de lograr el reconocimiento internacional de la soberanía marroquí sobre el Sáhara, que Rabat se había anexionado en 1975.
Uno de los últimos intentos de Marruecos de obtener un título de soberanía sobre la antigua colonia española es el plan de autonomía presentado por Rabat hace casi 15 años y que el Gobierno español de Pedro Sánchez considera ahora la opción “más sería, creíble y realista para la resolución del conflicto”. Esta afirmación divide a quienes piensan que “no hay nada menos realista que una autonomía en un Marruecos autocrático y centralizado” —en palabras de Carlos Ruiz Miguel, catedrático de derecho constitucional y director del Centro de Estudios sobre el Sáhara de la Universidad de Santiago— de quienes confían en que si este proyecto llega a aplicarse podría cerrar un conflicto de décadas.
¿Cuál es el origen del plan? El proyecto de autonomía marroquí se presentó en 2007, cuatro años después del fracaso del Plan Baker II de Naciones Unidas, que se basaba también en una autonomía para el Sáhara que debía someterse a referéndum al cabo de cinco años. Rabat se había negado a rubricar el Plan Baker II porque la consulta incluía la opción de la independencia, y ello a pesar de que la ONU consintió incluir como electores no solo a los saharauis sino también a las decenas de miles de marroquíes cuya emigración al territorio había favorecido Rabat concediéndoles todo tipo de prebendas. El referéndum de autodeterminación del Plan de Arreglo para el Sáhara, que Marruecos y el Frente Polisario habían aceptado en 1988, dormía también en un cajón desde 1999, cuando Rabat presentó 130.000 recursos al censo de 84.000 saharauis que Naciones Unidas había concluido ese año.
¿Qué competencias reconocería al Sáhara? La redacción del proyecto marroquí de autonomía recuerda a grandes rasgos a la de los estatutos de las comunidades autónomas españolas. El plan reserva competencias al Estado, como la defensa y la política exterior, y establece atribuciones de la autonomía como la administración local, la policía local (no autonómica) y la existencia de tribunales propios. También le reconoce competencias sobre fiscalidad y prevé la elección de un Parlamento regional.
Esas competencias, sin embargo, se ven “vaciadas de contenido”, sostiene Carlos Ruiz Miguel, por otro ámbito del Estado que consagra el artículo 6 del plan de autonomía: “Los atributos relacionados con las competencias constitucionales y religiosas del rey”, un “agujero negro”, a juicio del catedrático, dado el gran poder del soberano alauí. Mohamed VI preside el Consejo de Ministros y puede destituir a sus titulares; legisla a través de decretos; disuelve el Parlamento; controla el órgano superior de los jueces, ostenta el mando de las Fuerzas Armadas y controla los servicios de inteligencia, además de nombrar a los responsables de empresas y organismos públicos claves.
¿Cómo compaginarlo con los extensos poderes del rey? El catedrático de derecho subraya que “la fuente superior de la legislación marroquí es la voluntad del rey”, ya que “sus decretos no pueden ser revocados por ninguna instancia jurídica”. Eso hace que, en la práctica, el rey “está por encima de cualquier autonomía”. El proyecto autonómico planteado para el Sáhara precisa que la más alta instancia judicial en esa autonomía sería el tribunal superior regional, pero, puntualiza, “sin perjuicio de las competencias” del Tribunal Constitucional marroquí. Mohamed VI nombra a la mitad de los magistrados de esta instancia, incluido a su presidente, que tiene voto de calidad (capacidad de desempate). La autonomía del Sáhara, concluye así Ruiz Miguel, sería “administrativa, no política”. “El proyecto no da a la hipotética región la capacidad de elaborar leyes, pues la somete a la Constitución de Marruecos, que no otorga potestad legislativa a las regiones”, añade. Marruecos tampoco ha eliminado la prohibición de los partidos regionales que rige en todo el país.
¿Cómo se financiaría la nueva autonomía? A la politóloga Khadija Mohsen-Finan, de la universidad parisina de La Sorbona, lo que le parece “incomprensible” es que si el proyecto marroquí es la solución “más creíble” para el Sáhara, el Gobierno español “haya tardado 15 años” en darse cuenta. A su juicio, el plan de autonomía marroquí tiene “un problema de contenido: la redistribución del poder político, las finanzas y los recursos”. El proyecto enuncia que la región del Sahara dispondrá de “los recursos financieros necesarios para su desarrollo” y alude a impuestos fijados por los órganos de la región y a los ingresos “destinados [por el Estado] a la región por la explotación de sus recursos naturales”. Otro apartado atribuye a Rabat la competencia del “régimen y exploración” de esos recursos.
La actual legislación marroquí sobre las regiones no garantiza tampoco su autonomía financiera. En la ley orgánica de 2015 que las regula se lee, por ejemplo, que Rabat les asignará el 5% del impuesto de sociedades y el 5% del impuesto sobre la renta —en España, a las autonomías del régimen general les corresponde el 50% del IRPF y del IVA—, para “alcanzar un techo de 10.000 millones de dirhams para 2021″; unos 938 millones de euros para todas las regiones marroquíes. El economista Aldo Olcese, muy favorable al plan marroquí, sostiene que estas cantidades modestas se explican porque estamos ante una autonomía incipiente: “En España, cuando empezaron las autonomías, las transferencias eran ridículas”, subraya.
¿Qué ha pasado con el plan desde 2007? Desde que Rabat presentó su propuesta ―rechazada de forma tajante por el Frente Polisario―, han transcurrido casi 15 años sin que el documento se haya desarrollado. El texto prevé, por ejemplo, una reforma constitucional, pero cuando la Constitución marroquí se modificó en 2011 el contenido del plan de 2007 no se plasmó en ella. Sí se desarrolló lo que en Marruecos se conoce como “regionalización avanzada”, un proyecto de descentralización cuyo principal fin es dotar de un marco legal y político a la autonomía del Sáhara. Un estudio de 2017 del Instituto Alemán de Desarrollo —financiado por el Gobierno federal— reconocía avances en ese proceso pero definía sus límites como “estrechos”, debido “al destacado papel que desempeña la casa real en la monarquía constitucional”. Sus autoras califican además de “muy restrictiva” la aplicación de las reformas. Este análisis fue recogido en parte por el centro de estudios marroquí Tafra, que, en un artículo de 2018, subrayó que las leyes sobre las regiones “no dicen nada sobre el reparto de responsabilidades, competencias y recursos”.
Estas críticas al plan marroquí “son injustas”, rebate Aldo Olcese, que considera que el proyecto de Rabat “es la mejor opción de las que están en discusión”. Marruecos reserva al Sáhara “una autonomía calcada del modelo español”, asevera este antiguo miembro del extinto Comité Averroes, un grupo de reflexión creado por Madrid y Rabat en los años 90 para fomentar el entendimiento mutuo. Olcese, condecorado por Mohamed VI, es consejero independiente del mayor banco marroquí, el Attijariwafa Bank, cuyo principal accionista es el emporio Al Mada, propiedad de la familia real marroquí. “No se le puede negar a Marruecos que ofrezca al Sáhara una región autónoma y luego criticarlo porque el estatuto de autonomía no está desarrollado. Me consta que, si a Rabat se le permite aplicar su plan, el Sáhara tendrá tantas competencias como una comunidad autónoma española. Si Marruecos, sin tener una resolución de Naciones Unidas aprobando el plan, lo hubiera incluido en su Constitución, se le habría acusado de adueñarse del Sáhara”, defiende el miembro del Comité Averroes.
El catedrático honorario de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid Bernabé López coincide en parte con Olcese. Sostiene que el plan de autonomía de 2007 podría haber sido “un punto de partida” para una solución. Sin embargo, López deplora que se haya convertido en “una oportunidad perdida”. La razón, afirma, es que Marruecos “no se ha movido ni un ápice para hacerlo realidad”, pero también que el Frente Polisario “nunca aceptó tomarlo como base de discusión por ver en ello una claudicación que supondría aceptar la soberanía marroquí sobre el Sáhara”. “La soberanía marroquí se puede aceptar bajo condiciones muy diversas y en el mundo muchas autonomías están funcionando”, señala. Este catedrático cree que este conflicto debería acabar sin “vencedores ni vencidos”. Y para ello, subraya, cualquier solución que se plantee debería garantizar “la dignidad y la identidad” de los saharauis.
