El plan autonómico de Marruecos para el Sáhara reserva al rey las competencias principales

Marruecos presentó ante la ONU su plan de autonomía para el Sáhara Occidental en abril de 2007, cuando el rey Mohamed VI llevaba ocho años en el trono. La iniciativa, que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha calificado como “la base más seria, realista y creíble” para la resolución del conflicto, sigue inalterada 15 años después de su presentación. El plan concede por parte del Estado competencias fiscales y administrativas para la “región del Sáhara”. Pero reserva al Estado central la seguridad nacional, así como los poderes que recaen en la figura del rey: defensa, relaciones exteriores y las atribuciones constitucionales y religiosas del monarca.

La exploración y explotación de este territorio rico en fosfato y pesca también correspondería al Estado central, según la propuesta. De igual forma, los llamados “atributos de soberanía”, como la bandera, el himno nacional y la moneda, se controlarían desde Rabat.

La propuesta contiene 35 puntos y en ella no se menciona en ningún momento al Frente Polisario, sino a las “poblaciones de la región” a las “diferentes tribus saharauis”, o a “todos los saharauis, estén en el exterior o en el interior”. El Frente Polisario rechazó desde el primer momento la iniciativa de Rabat y siguió reclamando un referéndum de autodeterminación. La organización saharaui sostuvo que en su consulta de autodeterminación, “cabe desde la autonomía a la independencia”. Marruecos, sin embargo, solo contempla en su propuesta de 2007 efectuar un referéndum sobre el estatuto de autonomía. Y desde entonces, no ha cambiado su oferta ante la ONU ni ante la comunidad internacional.

En el apartado 25 del plan se declara que “las poblaciones de la región se beneficiarán de todas las garantías que aporta la Constitución marroquí en materia de derechos humanos”. Y es precisamente la cuestión de los derechos humanos sobre la que el Frente Polisario viene denunciando “graves violaciones” desde que ambas partes firmaron el alto el fuego en 1991.

Las leyes que emanen de la región autónoma prevista en la iniciativa marroquí deberán ajustarse al estatuto de autonomía y a la Constitución marroquí. El poder ejecutivo de la región autónoma del Sáhara sería ejercido por un jefe de Gobierno elegido, por el Parlamento regional. Las competencias del poder autonómico quedarían limitadas a los presupuestos y la fiscalidad de la región; las infraestructuras, como el agua, las instalaciones hidráulicas, la electricidad, los trabajos públicos y el transporte. En el campo social abarcaría la vivienda, la educación, la sanidad, el empleo, el deporte, la seguridad y la protección sociales. Y también podría promover el patrimonio cultural saharaui hassaní y gestionar el medio ambiente.

La iniciativa marroquí prevé “una amnistía general que excluye cualquier diligencia, arresto, detención, encarcelamiento o intimidación de cualquier naturaleza que sea”. El plan contempla también una posible reinserción de miembros del Frente Polisario, a los que no se nombra: “Un Consejo transitorio compuesto por sus representantes, aportará su concurso a la repatriación y a las operaciones de desarme, desmovilización y reinserción de los elementos armados que se encuentran en el exterior del territorio”, señala la propuesta.

En el último de los 35 apartados, la iniciativa de autonomía señala: “El Reino de Marruecos alberga la esperanza de que las demás partes apreciarán el significado y el alcance de esta propuesta”.

En la comunidad internacional destacó la posición del presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero que respaldó la propuesta en 2008, ensalzando los esfuerzos “serios y creíbles” de Marruecos. Por su parte, el Frente Polisario siguió y sigue reclamando su referéndum de autodeterminación.

Texto íntegro del plan autonómico de Marruecos. Si no puede leerlo, pinche aquí.