La Línea, más policía que alternativas al daño del narco: “No podemos reflotar esto si no nos ayudan”

Esperanza no se llama Esperanza y ya está acostumbrada a escuchar el zumbido de los helicópteros y sirenas. A encontrarse una redada cuando vuelve del súper. O a que un agente le pida el DNI “de malas formas”. Es uno de tantos peajes que Esperanza paga por vivir en La Atunara, barrio de La Línea de la Concepción (Cádiz, 62.940 habitantes) y uno de los epicentros del narco del Estrecho de Gibraltar. Pero esta vecina de La Atunara se niega a asumir dejen en la estacada a sus hijos, de 25 y 30 años, que sortean la pobreza entre trabajos precarios y el paro: “Marlaska [Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior] llegó aquí como en Bienvenido Mr. Marshall, se avasalló al pueblo y luego, nada, ¿acaso esto es un gueto? Si el narcotráfico hace tanto daño, que inviertan aquí lo que le pillan para que le quiten las ganas a los jóvenes de tirarse a coger paquetes [de hachís] en la playa. No podemos reflotar esto si no nos ayudan”.

La amargura de Esperanza resume la sensación que invade a políticos locales, trabajadores sociales, profesores, asociaciones antidroga, policías y fiscales. Pocos en la ciudad dudan de que el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, iniciado en 2018 para luchar contra el narcotráfico, ha sido eficaz: solo en su segunda ampliación 2020 a 2022 —ya ampliado a toda Cádiz y otras provincias andaluzas— sirvió para detener 60.573 sospechosos y aprehender 814 toneladas de droga. Pero también son pocos los que creen que la segunda pata del plan, la que debía dar una alternativa social, económica y laboral a la zona cero del narcotráfico, haya funcionado. El llamado Plan Integral, que cuenta con un presupuesto de 1.000 millones de euros, se ha ejecutado en un 75%, según el Gobierno. Pero los linenses no lo notan. “Trabajamos con lo que tenemos. No se está haciendo nada singular para La Línea”, denuncia Daniel Grande, educador de un programa municipal para prevenir el fracaso escolar en menores.

Cuatro años después de que la fuga de un narco del hospital linense derivara en el refuerzo policial y social, pocos indicadores socioeconómicos apuntan hacia arriba. El Gobierno señala que el plan extraordinario de empleo “ha reducido en un 1,56%” el paro en el Campo de Gibraltar, aunque prevé que las medidas tengan impacto “a medio plazo”. Dentro de este plan, el Ejecutivo ha transferido 337.300 euros a la Junta y 1,75 millones a la Diputación de Cádiz para políticas de empleo. Sin embargo, en La Línea las cifras de desempleo nunca han bajado del 31,7%. “Hay incluso menos trabajo que antes”, denuncia Esperanza. “Y lo que hay es precario, hasta una caja de tabaco [en referencia al contrabando] la pagan mejor que una hora de trabajo”.

La realidad puede llegar a ser aún más descarnada en la propia Atunara, Las Palomeras y San Bernardo. Son los nombres de barriadas con preocupantes índices de pobreza desde mucho antes de que el narco se hiciese fuerte en la zona. Rafael Aradas, jefe de la Policía Local, lo tiene claro: “Quizás, si no hubiese narco o contrabando, La Línea tendría menos habitantes, 30.000 o 40.000, porque esto permite vivir en la marginalidad (…). Las Palomeras es un gueto cerrado del que es muy difícil escapar”. Es en estas zonas en los que siete trabajadores de Asuntos Sociales llevan tres años intentando ayudar a familias desfavorecidas a través de un programa Eracis —presente también en otras ciudades andaluzas, ya que está financiado por el Fondo Social Europeo y la Junta de Andalucía y no tiene vinculación con el narco— que se acaba en unas semanas.

Familias atrapadas

El equipo de trabajadores sociales realiza “unas 6.000 atenciones por año”, apunta Lidia Comín, una de estos profesionales. Aunque en los tres últimos años esa cifra se ha mantenido más o menos estable, otras han empeorado. “Nosotros antes no teníamos comedor y ahora lo hemos tenido que poner. Tenemos 40 plazas, pero atendemos a 60 personas [y a] 20 familias más”, explica Conchi Álvarez, presidenta de la asociación antidroga Coordinadora Despierta. Algunas de esas atenciones de auxilio son de familias que recurrieron a trabajar en los escalones más bajos del narco, sin ser conscientes de que caían en una espiral de “adicciones, desestructuraciones familiares, problemas de inclusión social o de desinterés educativo”, como ejemplifica Grande. “Ganaban 10.000 euros en poco tiempo y se lo gastaban en una semana. Ahora se encuentran que no tienen nada, ni economía de gestión del hogar”, denuncia la concejala de Asuntos Sociales, Zuleica Molina.

“Hablamos de un colectivo que tiene los valores totalmente trastocados”, añade el alcalde de la localidad, Juan Franco, del partido La Línea 100x100. Tanto que Aradas se muestra tajante: “Existe una contracultura por la que ser narco supone un prestigio social en determinados ambientes”. Belarmino Ballesteros, profesor de compensación educativa en el instituto de educación secundaria Antonio Machado de La Atunara, participa incluso de un proyecto educativo que se esfuerza por enseñar a los jóvenes que “el mar tiene otros atractivos, no solo es narcotráfico”. Allí, en ese centro educativo hacen lo que pueden con una plantilla con escasa estabilidad —de 70 profesores, solo 12 son fijos—, debido al sambenito de destino peligroso, acrecentado por los medios, que persigue a la localidad. “La Línea es la ciudad de los dos llantos. Los maestros llegan llorando por el destino que les ha tocado y se van igual porque no se quieren ir”, apunta Ballesteros.

Ni el profesor ni el educador Grande se muestran dispuestos a tirar la toalla, pese a que saben se enfrentan a un duro reto con pocas armas. Ambos inciden en la necesidad de poder contar con una ratio de maestros por alumnos más alta y con más programas de educadores para prevenir el absentismo (hasta 476 menores, en el curso de 2020-2021, según datos del Ayuntamiento) y el abandono escolar de algunos chicos que, con 14 años se inician en el contrabando de tabaco, “el entrenamiento, la universidad del narco”, como explica el segundo.

El objetivo final es no seguir sumando más de esas “generaciones perdidas” que preocupan a la fiscal antidroga del Campo de Gibraltar, Macarena Arroyo, y que Conchi Álvarez estima que ya serán “al menos, tres o cuatro”. De hecho, aunque en La Línea el plan del Gobierno haya traído un nuevo juzgado de instrucción (el quinto), el cuello de botella con las grandes operaciones policiales con decenas de detenidos frente jueces y fiscales colapsados también redunda en lo social. “El procedimiento no termina hasta la sentencia. Si no llegas a eso y solo das prisión preventiva como respuesta, sigues potenciando la impunidad del narco. Además, esto deriva en una frustración total en la ciudadanía, perciben que la Justicia no es justa”, denuncia Arroyo.

Harto de llamar a una y otra puerta con sus demandas, el alcalde Franco hasta ha llegado a plantear un proceso de consulta a los vecinos sobre si se quieren declarar como ciudad autónoma, con la idea de conseguir un trato diferenciado en forma de inversiones y fiscalidad. Sabe que tiene difícil conseguirlo, pero confía en conseguir al menos llamar la atención sobre la realidad de La Línea. “Parece que en algún lugar tenía que estar la cloaca y que se haya decidido que sea aquí”, denuncia el regidor. Franco es consciente de que “la realidad geográfica es la que es” y que, como reconoce Aradas, la ciudad “siempre va a estar a medio camino entre el productor de hachís que es Marruecos y el consumidor europeo”.

Por ahora, el Gobierno se compromete solo a prolongar su plan “todo el tiempo necesario hasta lograr su objetivo”, aunque no contesta si tiene previsto diseñar medidas concretas que tengan impacto directo en la zona. Pero, al otro lado, el alcalde se muestra dispuesto a seguir intentando una y otra vez tocar la tecla adecuada que consiga el paquete de inversiones que necesita la localidad “con cronograma y partidas presupuestarias concretas”. “Y entonces, en 15 años, quizás podamos tener una situación normal”, zanja Franco.