La Línea se blinda ante la impunidad del narco

El fuerte sonido de unas hélices batiendo el viento acaba con la tranquilidad vespertina en el puerto de La Atunara de La Línea de la Concepción (Cádiz). Acostumbrados a ser espectadores de lamentables escenas de narcos que alijan droga a plena luz del día, unos vecinos graban la escena. Esta vez lo que contemplan es distinto. Un helicóptero de la Guardia Civil vuela tan bajo que arremolina el agua. Persigue a una lancha que, a la carrera, embarranca en la orilla. Su ocupante continúa su desesperada huída en tierra. Se suman patrullas de coches de la benemérita. El helicóptero le sigue de cerca, volando a ras de suelo entre edificios. “Mira, mira, como no hay picoletos ahora… ¡A este lo van a coger!”, los comentarios de sorpresa de la vecina se cuelan en el vídeo casero. No está equivocada. Le detienen, aunque el sospechoso, junto a otras tres personas más, solo acaba identificado porque no llevaba droga a bordo.

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Fuera de la ley

La persecución de película se vivió el pasado jueves 15 de junio y ejemplifica justo lo que pretendía el Gobierno cuando, a través de su delegado en Andalucía, Antonio Sanz, anunció a principios de esta semana que se iba a intensificar el control policial al narco en el Campo de Gibraltar. En una visita en La Línea el pasado lunes, Sanz detalló la llegada de 40 agentes de la Guardia Civil de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS); varias dotaciones de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional (sin especificar números de éstos “para no dar pistas a los malos”). Además de 15 agentes en prácticas y a dos suboficiales para la Comisaría. Además, prometió crear un plan de acción social con una mesa técnica que se debe reunir semanalmente.

Dicho y hecho. Los 40 agentes ya han llegado y se han hecho notar. Además de la espectacular y mediática persecución, en la madrugada del jueves, agentes de los dos cuerpos y miembros de Vigilancia Aduanera consiguieron incautar más de una tonelada de hachís. Fue tras otra persecución en la urbanización de La Alcaidesa en la que los narcos, a bordo de dos todoterrenos, intentaron embestir a los policías. A diferencia de las últimas ocasiones, esta vez, no consiguieron atacar a los agentes.

Porque la violencia de los traficantes contra los agentes suma meses de escalada hasta llevar a La Línea a unos límites que no se recordaban en los últimos tiempos. “Antes había hechos puntuales violentos, pero hace dos meses que esto se fue de las manos”, reconoce Juan Franco, alcalde de la localidad. Se refiere a los alijos a plena luz del día, a las embestidas de vehículos, al linchamiento con piedras de más de un centenar de personas a guardias civiles que intentaban frustrar un alijo o a los ataques directos de narcos y sus allegados a agentes, incluso sin estar de servicio. “Se han empeñado en hacer de La Línea su particular Medellín”, aseguran desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC).

Una muerte como  punto de inflexión

El punto de inflexión en tanta violencia se vivió el pasado 8 de junio, cuando un policía local murió atropellado, durante una persecución a contrabandistas, en este caso, de tabaco. Días después, hasta 5.000 personas se manifestaron en La Línea a la llamada de la plataforma Por tu seguridad y la de todos (integrada por más de 20 entidades sociales y sindicatos policiales) para decir basta ya. Francisco Mena, coordinador de la federación de asociaciones antidroga Nexos, integrada en la plataforma, explica cómo han estado “a punto de iniciar un encierro, debido a la preocupación por la integridad de agentes y ciudadanos”.

La llegada de refuerzos ha aplazado, aunque no suspendido, la protesta. Franco se muestra “agradecido” por la respuesta del Gobierno y espera que sirva para “disuadir a los traficantes”. Pero el regidor sabe que esto es solo el principio y queda mucho por hacer: “Es solo el reflejo de una situación sociológica complicada”. José Encinas, secretario provincial de AUGC, cree que hay que acabar con la sensación de impunidad, “endureciendo las medidas judiciales contra las agresiones a agentes”.

De hecho, el control no ha llevado a que, de momento, descienda la actividad ilegal. La tonelada de hachís decomisada en la madrugada del jueves se sumó a los más 6.300 kilos intervenidos en tres operaciones de la policía en apenas dos días. Incluso en la madrugada después de que Sanz realizase el aviso, una lancha de narcos no dudó en abrir fuego contra agentes de la policía gibraltareña, cuando se vieron acorralados en la zona de Catalan Bay. El Gobierno del Peñón emitió un comunicado horas después advirtiendo que el hecho era “un punto de inflexión” en el control del narcotráfico. De hecho, hace escasas semanas, los policías gibraltareños ya habían sido autorizados a usar armas.

En España, los sindicatos policiales miran de reojo a sus vecinos y anhelan lo que no tienen. Mena recuerda que, aunque el refuerzo policial es de agradecer, “si hubiera llegado antes, quizás se podrían haber evitado nuevos casos”. Encinas reconoce que más allá de un refuerzo puntual como éste, "es necesario una plantilla estable más amplia, de 200 agentes más”. Luis Baltar, responsable nacional de vigilancia aduanera del Sindicato Independiente de la Agencia Tributaria, va más allá y zanja con claridad: “No deberíamos haber llegado a este punto de ciudad sitiada. Faltan medios y personas, nuestras lanchas no son tan rápidas como las suyas y hay que endurecer la ley. Esas son medidas necesarias”.