No hay banquillo para tanto narco

A Jesús Heredia El Pantoja ya le ha llegado la hora de rendir cuentas en un banquillo por su supuesto pasado —y quizás, presente— como capo del narco en el Estrecho de Gibraltar. Estuvo huido seis meses acusado de mover 4,3 toneladas de hachís; la Fiscalía le considera partícipe del blanqueo de la urbanización Villanarco y figura como investigado por estar detrás de la droga con la que zozobró fatalmente el pesquero Rúa Mar. Pese al historial, hace unas semanas una jueza de Algeciras le dejó en libertad condicional sin fianza. El primero de esos encontronazos con la policía le llevarán a su primer gran juicio los próximos 28 y 29 de septiembre. “Lo único que esperamos es que se presente”, exhorta una fuente conocedora de sus andanzas. Heredia es el único narco del Campo de Gibraltar que arrancará el curso enredado con la Justicia. Al otro lado, fiscales y magistrados se preguntan si serán siquiera capaces de asumir logísticamente tanta macrocausa que se les viene.

“Desde septiembre, se espera un año movido”, avanza Macarena Arroyo, titular de la Fiscalía Antidroga del Campo de Gibraltar. Solo en el último año —de julio de 2020 a mayo de este año— se produjeron en Cádiz, Huelva y Málaga 4.745 operaciones policiales, un 51% más que en el mismo periodo anterior, en las que se detuvo a 3.769 y se decomisaron 457,9 toneladas de droga, según promocionó el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, durante su última visita a Algeciras en julio en la que repasó los logros conseguidos desde que en el verano de 2018 se implantó un plan policial especial para luchar contra el narco. Muchas de esas cifras se lograron a golpe de macrooperaciones con decenas de apresados y vistosos titulares. La que consiguió decomisar 15 millones de euros en efectivo por mover cocaína el pasado 8 junio suma ya 28 investigados. Y pocos son, si se compara con la Dismantle, de septiembre de 2020, en la que ya aparecen 146 encausados, entre ellos Antonio Tejón, uno de los poderosos hermanos Castaña, conocidos como los “reyes del hachís”.

“En cuanto detienen a una persona, ya empieza a una causa. Todas esas detenciones están ya judicializadas. En Algeciras, algunas ya están atascadas en los juzgados [de instrucción]. No es que esas causas sea muy complicadas jurídicamente, pero tienen mucho trabajo detrás”, argumenta Ana Villagómez, fiscal antidroga en Andalucía. Arroyo [una de las tres fiscales dedicadas materias antidroga en el Campo de Gibraltar] lleva semanas dedicando tres horas diarias solo a extractar las partes con las que hará el escrito de acusación de los 25 tomos que encierran la Dismantle. “Me he propuesto como reto sacar esto y lo voy a hacer en mis vacaciones. Al final, no avanzamos y hay que dar una respuesta a la ciudadanía. Esto sale adelante por el esfuerzo de todos”, tercia la fiscal.

Pero no solo el sacrificio desatasca el embudo judicial. Al plan policial de Interior, el Ministerio de Justicia y la Junta de Andalucía sumaron la ampliación del juzgados en el Campo de Gibraltar y el nombramiento de un nuevo magistrado para la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz que funciona en Algeciras y que está llamada a juzgar buena parte de las macrooperaciones que ahora diseccionan los juzgados y la Fiscalía. “El colapso como tal se va a ver en la Audiencia. Están llegando ahora las causas con muchos números de investigados”, avanza Arroyo. Ya el pasado mes de abril la Consejería de Justicia de la Junta tuvo que invertir de urgencia 74.194 euros para ampliar las tarimas y puestos de la sala de la sección algecireña para poder celebrar sesiones con hasta 20 investigados.

Salas pequeñas

Pero este curso la ampliación podría ya quedarse corta. Nadie sabe precisar cómo se hará posible juzgar a los hermanos Isco y Antonio Tejón, Los Castaña, cuando toque su causa con más de 30 detenidos —la Ronal, de 2015—, prevista para este curso que arranca. “Materialmente, no hay sitio”, explica Arroyo, “además las plantillas de funcionarios no han crecido al unísono”. Para próximos años llegarán otras aún más masivas, como la de los 146 investigados de Dismantle. “Va a ser superdifícil porque no tenemos ni instalaciones, ni medios ni formas”, avanza la fiscal. Fuentes cercanas a la Sección Séptima reconocen que los magistrados asisten a esta situación “con preocupación”.

“Las macrocausas pueden ser positivas comunicativamente, pero en términos de Justicia no creo que lo sean. Generan injusticias en las dos direcciones. Habrá gente que se está librando sin tener que librarse y condenada que no debería estarlo”, apunta el abogado Gonzalo Boyé, conocido por representar al narco gallego Sito Miñanco y afanado ahora en la defensa de Isco Tejón, precisamente en el juicio que le sentará en el banquillo junto a su hermano Antonio. La causa de la operación Ronal debía llegar a la Sección de la Audiencia en Algeciras en noviembre, pero un recurso de casación al Supremo de las defensas de los Castaña lo ha paralizado, al entender que el juicio corresponde supuestamente a la Audiencia Nacional. Boyé reconoce que una de las estrategias básicas de los abogados de los supuestos traficantes es ser puntillosos en aspectos “técnicos” como ese o vulneraciones de derechos fundamentales. “Recurrir es un derecho, pero esto se podría solventar si hicieran causas a escala humana. Si hace una macrocausa es lógico que se encuentren 50 recursos”, tercia el letrado.

Villagómez conoce bien la maniobra y, aunque explica que es legal, lamenta como esa estrategia se suma a los embudos de falta de medios hasta dilatar las causas en exceso: “La instrucción se podría terminar en 8 o 10 meses, pero los abogados lo recurren todo”. Y el tiempo juega en contra de los casos, no solo porque las instrucciones tienen tiempos tasados máximos, sino porque cuando los retrasos se hacen excesivos pueden acabar beneficiando a los investigados por dilaciones indebidas. “Si son 50 [investigados] y solo son 10 los que recurren, el resto lo está sufriendo, por lo que a esos se les podría aplicar”, razona la fiscal.

Esos retrasos han llevado a que Villagómez esté ya dispuesta a negociar directamente una conformidad con las defensas de 24 investigados, por una causa que, desde 2014, se ha pasado atascada en un Juzgado de Chiclana de la Frontera. Lo mismo ocurre con otros cuatro casos más de narcotráfico que los dos juzgados de Barbate, atascados con diversos frentes, arrastran desde 2007. “Hace una reforma legal, además de más jueces de instrucción, más fiscales, más refuerzos de juicios y funcionarios. Después de estar desde el principio, es un trabajo inmenso y acaba así. Esto no funciona”, tercia Villagómez preocupada.