Socios y oposición cercan al Gobierno en el momento clave de la legislatura
El Sáhara, Ucrania, los paros del transporte y varias movilizaciones ponen a prueba la solidez y continuidad de la coalición de investidura
El Gobierno de Pedro Sánchez vive el momento más crítico de una legislatura especialmente convulsa, que empezó con la pandemia de covid-19 y que encara ahora las consecuencias de una incierta guerra en Europa. Los dos socios de la coalición, el PSOE y Unidas Podemos, defienden posiciones abiertamente contradictorias sobre el tipo de intervención ante la invasión en Ucrania o por el giro promarroquí del presidente Sánchez sobre el Sáhara Occidental. La mayoría de los socios de la investidura también se muestran muy críticos con los postulados del sector socialista del Ejecutivo.
El líder de Más País, Íñigo Errejón, exigió el martes una reacción urgente porque, en caso contrario, entiende que al Gobierno “se le ha ido la legislatura de las manos”. Una idea que suscribieron con otras palabras igual de duras portavoces de EH Bildu, Compromís o ERC. Fuentes de los partidos que se reunieron el martes con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para abordar la respuesta económica a la crisis ucrania confesaron que los encontraron preocupados por el nivel de contestación en la calle que se está registrando estos días.
El PP ha recuperado los discursos más duros contra Sánchez, al que el futuro presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, calificó el lunes de “autista”. Socios y oposición exigen que el presidente dé explicaciones ya en el Congreso. El Gobierno, inquieto por el malestar social que se intuye tras las movilizaciones de transportistas, ganaderos o agricultores, pide “unidad y responsabilidad” ante un momento que reconoce crítico.
El principal problema para el Ejecutivo no es tanto que la coalición entre el PSOE y Podemos se vaya a romper, algo que no se plantean ninguno de los dos partidos, como la sensación de desconexión y “falta de cuidado” hacia las formaciones que le han permitido sacar adelante con holgura la mayoría de sus leyes; y el creciente rechazo de diversos colectivos a sus actuaciones por no haber explicado ni justificado bien las medidas. El Gobierno, sus ministros y vicepresidentas multiplican las reuniones bilaterales en el Congreso con partidos normalmente aliados y con agentes sociales y económicos, pero cunde la impresión de que se actúa tarde, a la fuerza y sin argumentos ni papeles de trabajo.
Sánchez en el Congreso
ERC, Más País, Compromís, Bildu, PDeCAT, PP, Ciudadanos y Vox han reclamado casi con la misma contundencia que el presidente se presente cuanto antes en el Congreso para aclarar no solo las actuaciones para paliar los efectos económicos de la guerra en Ucrania, sino, especialmente, el inesperado giro en la política exterior que ha supuesto el apoyo de España al plan autonomista marroquí para el Sáhara.
En la Junta de Portavoces del martes en el Congreso, varios de esos grupos pidieron, sin éxito por ahora, comparecencias monográficas del presidente sobre esos asuntos, pero no lograron concretar siquiera una fecha. El Ejecutivo avanzó más tarde que Sánchez acudiría ―probablemente el día 30― al pleno de la Cámara para tratar de manera conjunta las conclusiones del transcendente Consejo de la Unión Europea que se celebrará jueves y viernes en Bruselas, así como las razones del vuelco que España ha oficializado con respecto a la excolonia del Sáhara. Este es un asunto históricamente sensible para toda la izquierda española y para las bases del PSOE y Podemos, con múltiples lazos con la resistencia saharaui.
El vuelco de pragmatismo político internacional mostrado ahora por el presidente y su ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en la cuestión del Sáhara ha enfadado y unido en sus críticas a todas las corrientes que perviven en Podemos, donde en este caso no ha habido divergencias entre la vicepresidenta Díaz, siempre con más sintonía hacia Sánchez y el PSOE, y la línea más dura de esa formación. Díaz, en las reuniones políticas del martes y ante el creciente malestar ciudadano, admitió que hacen falta respuestas “inmediatas, eficaces y sociales”.
El portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, no tuvo más remedio que reconocer su enorme distancia con la actitud unilateral del PSOE y del presidente, como también remacharon portavoces de Bildu, Más País y Compromís, que llegaron a avisar de que se podría “comprometer” la mayoría progresista de la legislatura.
Echenique precisó, sin embargo, que la coalición no está en riesgo porque entienden, además, que son “una pieza clave y la única garantía” para asegurar que el Gobierno siga haciendo políticas de izquierdas y para vencer en las siguientes elecciones generales al PP de Alberto Núñez Feijóo y la “involución democrática” que supondría la alianza de los populares con Vox.
Ese temor a la peor alternativa con Vox es lo que reflejó el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, para desmarcarse de cualquier posibilidad de tumbar ahora a este Gobierno. Rufián, eso sí, se atribuyó para ERC todo el mérito de las “mejores” políticas que dice haber conseguido arrancar al PSOE con sus presiones. Errejón lanzó la alerta más fuerte: “Si el Gobierno no reacciona ya en este momento crucial, se le va la legislatura de las manos”. Y cuestionó los “bandazos”, no solo sobre el Sáhara, sino también las malas formas y la falta de concreción y de propuestas anticrisis del Ejecutivo. El líder de Más Madrid censuró el “desprecio” del Gobierno “a la gente de la calle” que protesta estos días por el abandono del campo y el mundo rural, y la falta de negociaciones directas con la plataforma convocante del paro en los transportes.
El PP, más duro
Rufián, Errejón y hasta Aina Calvo, de En Comú Podem, quisieron remarcar que las protestas no se pueden descalificar como en un primer momento hicieron miembros del Gobierno, que aludieron a que la ultraderecha de Vox estaba detrás de esos movimientos. Los aliados del Gobierno creen que esas quejas las suscriben muchos trabajadores, pescadores y autónomos perjudicados por el precio de los carburantes.
PP, Vox y Ciudadanos se lanzaron también contra Sánchez por no acudir con urgencia a las Cortes y no adelantar las medidas para aminorar los rigores de la guerra. Feijóo ya focalizó todo un debate en el Parlamento gallego en las “indecisiones” de Sánchez y le puso un decálogo de deberes. Cuca Gamarra, su portavoz en el Congreso, preguntó retóricamente: “¿Dónde está el Gobierno?”. Y se contestó: “Está desaparecido y paralizado, gobernando contra la gente, dando bandazos”, con “un país al borde del desabastecimiento”. El PP precisó que Sánchez ya ha incumplido el acuerdo que ofreció en la Conferencia de La Palma de bajar impuestos, y percibe que solo busca que se convalide con “un cheque en blanco” el decreto que el Consejo de Ministros prevé aprobar el día 29 para paliar los efectos económicos derivados de la guerra de Ucrania.
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