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El impuesto a las eléctricas de Díaz aleja al PP del pacto de Estado

La vicepresidenta y Podemos quieren reducir los beneficios millonarios del sector

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en el centro, junto a su homólogo italiano, Andrea Orlando, y su homóloga portuguesa, Ana Mendes, este jueves en Madrid.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en el centro, junto a su homólogo italiano, Andrea Orlando, y su homóloga portuguesa, Ana Mendes, este jueves en Madrid.FERNANDO ALVARADO (EFE)

El intento de pacto de Estado en respuesta a los efectos de la invasión de Rusia a Ucrania no ha comenzado por el mejor camino para prosperar. La posición de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y de los máximos dirigentes de Unidas Podemos en favor de limitar los beneficios millonarios de las empresas eléctricas ha puesto en alerta al PP, que sigue sin conocer las propuestas concretas y enteras del Gobierno para bajar los precios de los carburantes, la luz y el gas. “Necesitamos todo el plan para juzgarlo, pero empiezan mal”, resumen desde la dirección del grupo parlamentario popular presente en las negociaciones con el Ejecutivo.

Fuentes oficiales de la dirección del PP añaden que esas ideas para atajar los ingresos de las eléctricas de Díaz, la ministra Ione Belarra o el portavoz parlamentario, Pablo Echenique —o incluso la iniciativa anunciada por la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, de presentar con Portugal una propuesta conjunta al resto de socios europeos para limitar el precio del megavatio hora (MWh) en el mercado mayorista a 180 euros— les parecen “globos sonda para distraer a los españoles”.

El futuro líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, avisó este jueves desde Asturias: “No vamos a firmar un cheque en blanco a nadie y mucho menos a un Gobierno que no se ha comprometido a bajar los impuestos como habíamos firmado”. Feijóo explicó que ese fue el compromiso suscrito por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con todos los presidentes autonómicos en la Conferencia de La Palma.

Desde el Gobierno y el PSOE se incidió en la necesidad de fijar una posición y una respuesta política conjunta lo más unida posible y con los agentes sociales de España ante la cumbre europea del 24 y 25 de marzo. Y sobre las críticas recibidas a los primeros intentos de diálogo, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, replicó que ahora “es importante hacer pedagogía positiva de los impuestos y no populismo. Ante más populismo, más democracia, más pedagogía política y tratar como adultos a los españoles”.

El socio minoritario de la colación gubernamental, Unidas Podemos, también se dedicó este jueves a enfriar la posibilidad de ese pacto de Estado con el PP. Sin descartar nada, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se mostró contraria a la “rebaja generalizada de impuestos” que proponen los populares como gran solución a esta crisis y que calificó de “inadecuada”. En una entrevista en RNE, la líder política de Unidas Podemos fue tajante al señalar que el “recetario económico y social” del PP “no es el que comparte una agenda progresista”. Y apuntó que esa visión coincide con la de otros partidos de izquierdas habitualmente aliados del Ejecutivo, como han indicado en estos días desde Más País, Compromís, EH Bildu o ERC.

El Gobierno inició este miércoles la ronda de contactos para ese pacto con el PP, Ciudadanos y el PNV. Esos partidos mostraron su disposición a dialogar, pero “sin cheques en blanco” y con “más concreción” en las propuestas. El Ejecutivo continuará este viernes esas sesiones, en este caso telemáticas, con los representantes del heterogéneo Grupo Mixto, formado por la CUP, los dos exdiputados sancionados de Navarra Suma, Nueva Canarias, Foro Asturias, Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y Teruel Existe. El exdiputado de Ciudadanos, Pablo Cambronero, adscrito a ese grupo, no ha sido invitado a la cita y la representante de Coalición Canaria, Ana Oramas, no podrá participar por razones personales. El martes de la semana que viene proseguirá la ronda con Bildu y se busca agenda para ERC.

Más allá de esos pretendidos grandes pactos políticos, la vicepresidenta segunda pone el acento en este punto de las negociaciones en la aplicación de manera urgente de políticas que sirvan para bajar el alza de los precios provocada por esta crisis. “No hablo sobre siglas. Lo importante es que tengamos medidas eficaces”, subrayó. Y agregó: “Si el PP entiende que tenemos que mejorar las políticas públicas en educación y sanidad, perfecto. Lo que he visto es a Feijóo ponerle una alfombra roja a [Alfonso Fernández] Mañueco con Vox”, dijo en referencia al pacto de Gobierno alcanzado en Castilla y León.

La vicepresidenta Díaz defendió la necesidad de un impuesto extraordinario a las eléctricas, la congelación de los alquileres e incluso una rebaja “excepcional” en el impuesto sobre la renta para los umbrales más bajos. “Los beneficios extraordinarios de las grandes eléctricas debido a la guerra no son justos, ni eficientes. Necesitamos una mayor redistribución de la riqueza, proteger a la gente y al tejido productivo”, concluyó Díaz.

Esas iniciativas están contenidas en el documento que Unidas Podemos ha pactado dentro del grupo y que se negocia estos días con el PSOE, con el que hay contactos de forma permanente y a diferentes niveles dentro del Gobierno. Esa fue la posición que marcó el día anterior públicamente la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, como línea prioritaria y como advertencia para “cuidar” el bloque de investidura. La política abundó este jueves: “Fijar un límite al precio de la luz debe acompañarse siempre de la reducción de los beneficios millonarios e inmerecidos que reciben las empresas eléctricas. Sus cuentas de resultados del próximo año deben mostrar que todos esos beneficios han ido a reducir la factura de la luz”.

Echenique, por su lado, no solo consideró “insultantes” los beneficios del sector eléctrico en 2021, sino que ratificó el criterio de su partido de que debía recargárseles la tasa en el impuesto de sociedades en beneficio de los ciudadanos. Y apostilló: “El coste marginal de producir un MWh de las amortizadísimas centrales nucleares e hidroeléctricas es de alrededor de 40 euros y menos de 10 euros. La propuesta de Teresa Ribera de situar el tope en 180 euros por MWh significa que la factura siga desbocada y las eléctricas forrándose”.

A la dirección actual del PP esas posturas les parecen “globos sonda para distraer a los españoles” que no aciertan a descifrar si son solo de Yolanda Díaz, de Podemos o de todo el Gobierno y remarcan que solo valorarán para intentar el pacto con el Ejecutivo propuestas concretas: “Y hasta ahora no se nos han planteado ninguna. De momento vemos falta de seriedad”. Fuentes populares presentes en la mesa de negociación recuerdan que en su cita bilateral pidieron específicamente “que no se subieran ni impuestos ni cotizaciones” y sobre un hipotético tope a un precio de la energía anticiparon que les parecía “una medida artificial” y poco clara sobre cómo se retribuiría a las empresas que produjeran energía sobre el precio topado.

El nuevo toque de atención de Podemos al funcionamiento de la coalición se une al que sus ministras (Belarra e Irene Montero) formularon al inicio de la invasión rusa a Ucrania con su mensaje del “no a la guerra” e incluso tras el anuncio del presidente Sánchez de enviar material armamentístico a ese país para su defensa. El partido recela desde siempre de los intentos de “geometría variable” del presidente y el sector socialista del Ejecutivo, como se vio con la aprobación por los pelos de la reforma laboral. Fuentes de esa formación entienden que esos intentos en clave electoral del PSOE de resucitar el bipartidismo y mirar hacia el centro y la derecha no arreglarán los problemas de los ciudadanos y supondrán una “salida en falso” de esta crisis.

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