El parlamento de Baleares condena la participación del franquismo en el Holocausto con el voto en contra de Vox

El Parlamento de Baleares ha aprobado este martes, con los votos de favor de todos los grupos con representación en la cámara excepto Vox, una condena y un reconocimiento de la participación “implícita y activa” del franquismo en el Holocausto nazi con la deportación de más de 9.700 españoles a los campos de concentración. Además, la cámara reclama al Gobierno central que incorpore a los currículos escolares la memoria democrática de las islas para dar a conocer la historia de los judíos expulsados de Baleares, de los republicanos asesinados en los campos de concentración y la connivencia del régimen franquista con el nazismo.

El texto aprobado argumenta que la participación del franquismo en el Holocausto está “más que probada en múltiples investigaciones”. También apela a un dictamen de la Organización de Naciones Unidas de 1946 que concluyó que Franco prestó “una ayuda considerable” a Hitler y Mussolini y que “pruebas incontrovertibles” demostraron que Franco fue, junto con los dictadores Hitler y Mussolini, una parte culpable de la consideración de guerra contra los países que finalmente, en el transcurso de la guerra mundial, formaron el conjunto de las Naciones Unidas.

La proposición no de ley ha sido impulsada por los grupos de Unidas Podemos, PSOE y Més per Mallorca y ha salido adelante con los votos a favor de todos los diputados de la cámara excepto los tres que conforman el grupo de Vox. El PP ha votado a favor de la iniciativa, pero se ha abstenido en uno de los puntos, en los que se reconoce la labor de las entidades memorialistas y los investigadores de las islas, así como el trabajo realizado por la Comisión de Fosas y Desaparecidos y de la Comisión de Memoria y Reconocimiento Democrático.

La iniciativa aprobada pide al Gobierno central que profundice en la investigación sobre los refugiados nazis durante el franquismo en las islas, que los estudios se hagan públicos y que se trasladen a las autoridades alemanas correspondientes. Además, reclama la retirada “sin dilaciones indebidas” de los honores concedidos por el régimen franquista a Adolf Hitler.

El texto aprobado también pretende “honrar y reconocer” el sufrimiento de los judíos refugiados del nazismo y de sus familias, que fueron expulsadas en los años 40 de las islas. “En las islas cabe destacar la estrecha colaboración entre el cónsul alemán Hans Dede y el jefe de la falange de Mallorca, el Marqués de Zayas, que ejecutaron la política antisemita del Führer en las islas” reza el texto, que precisamente reconoce las figuras de Irene y Ernst Heinemann, judíos afincados en Palma conocidos como los Ángeles del barrio del Terreno, que se suicidaron un día antes de la fecha límite de su expulsión.

”Aquí no solo acogimos a máximos dirigentes nazis y fugitivos después de la segunda guerra mundial, sino que el franquismo deportó a más de 9.700 españoles a campos de concentración” ha subrayado la diputada de Unidas Podemos, Esperança Sans. Esta ha insistido en que el Parlamento de Baleares se convierte en la primera institución pública que reconoce que el franquismo fue parte activa en el envío de republicanos a los campos de concentración. Según consta en la proposición, las últimas investigaciones apuntan a una cifra aproximada de 41 víctimas originarias del archipiélago muertas en los campos de concentración.

Otro de los puntos del documento condena la participación implícita del régimen franquista, acabada la segunda guerra mundial, en la acogida de fugitivos y de máximos dirigentes del régimen nazi, de los que muchos terminaron viviendo en las islas. “Las Baleares fueron uno de los principales lugares en los que se instalaron. De hecho, el principal responsable de la organización de fugitivos nazis fue el teniente coronel Otto Skorzeny, que desde la década de los 50 hasta su muerte, alternó su residencia entre Madrid y un chalet en el Clot de Bacarès, en Alcùdia”. El documento sostiene que la condena de las fuerzas políticas constituye “un deber de memoria y de reparación del Estado” que tiene que contribuir a “cerrar heridas que aún siguen abiertas”.