La oposición aporta a la Fiscalía más documentos sobre los contratos del hermano de Ayuso

Los tres partidos de izquierdas que conforman la oposición en la Asamblea de Madrid —Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos— han vuelto a la sede de la Fiscalía Anticorrupción para aportar más datos sobre los contratos que vinculan a Tomás Díaz Ayuso con la Administración gobernada por su hermana, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Las formaciones han acudido este miércoles al ministerio público para presentar sendas ampliaciones de denuncia en las que, además de facilitar nueva documentación, subrayan sus sospechas de que las mascarillas entregadas por la empresa Priviet Sportive S. L., encabezada por un amigo de los Ayuso y a la que se adjudicó a dedo un contrato de 1,5 millones de euros para la provisión de tapabocas, eran de un tipo más barato del acordado.

Este movimiento se produce un día después de que la Fiscalía acordase abrir una investigación sobre ese contrato, por el que Tomás Díaz Ayuso recibió una comisión. Según admitió la propia presidenta regional, esa “contraprestación” ascendió a 55.850 euros, más IVA, aunque el líder del PP, Pablo Casado, ya la había elevado hasta casi 300.000 euros.

En este sentido, existen otras facturas entre Priviet y el hermano de Ayuso sobre las que la jefa del Gobierno autonómico no ha ofrecido detalles y que la oposición coloca en la diana. “Ante los indicios suficientes de contratación y al tratarse de contratos de emergencia, esta parte entiende que los mismos han de ser objeto de diligencias de investigación al estar claramente conectados con el objeto de la adjudicación”, afirma Mónica García, portavoz de Más Madrid.

Los partidos de izquierdas, que aportan facturas y albaranes al ministerio público, inciden también en que la adjudicación a Priviet era para la compra de mascarillas FFP2 y FFP3, pero “existen indicios de que dicho servicio no se ejecutó de manera estricta”, sino que los tapabocas “finalmente” suministrados eran del tipo KN95. “Estos, que no fueron homologados por la UE y el Gobierno de España hasta el 24 de marzo de 2020, tenían en dicha fecha un precio sensiblemente inferior a las FFP2 y FFP3”, destaca el PSOE en su ampliación de denuncia.

Los socialistas recalcan que ni “una sola mascarilla” entregada era FFP3. Y, aunque dicen que no consta un documento “donde se certifique que la mercancía” fuese FFP2 o KN95, subrayan que “existe un indicio que nos hace suponer que eran del tipo KN95”: “Cuatro días después que se hiciera la última entrega a la Comunidad, el administrador único de Priviet Sportive S. L., [Daniel Alcázar, amigo de los Ayuso], a través de otras de sus empresas familiares, regaló 400 mascarillas KN95 al Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada [Ávila], como reconocía el propio Ayuntamiento a través de su perfil de Facebook”.

La oposición pone otras incógnitas sobre la mesa. Casado ya sugirió públicamente que el hermano de Ayuso pudo usar a Priviet Sportive como testaferro para no contratar él directamente con la Comunidad. En esa línea incide Más Madrid, que subraya que se “desconoce la actividad realizada” por la mercantil adjudicataria: “En el comunicado de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, se establece que la actividad principal (la adquisición y traslado de las mascarillas) se realizó por un tercero, que es hermano de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, sin que se establezca cuál fue la actividad por la cual la adjudicataria obtuvo el beneficio industrial de la adjudicación”.

Otros contratos

La izquierda ha informado también a la Fiscalía de que Tomás Díaz Ayuso “aparece implicado en una pluralidad de contratos de la Administración Pública madrileña”, como expone Podemos en su denuncia. Entre ellos, varios “contratos menores” del Hospital Ramón y Cajal con la empresa Artesolar Iluminación S. A., en la que trabajaba él, que se presentaba como “gerente de desarrollo de proyectos”. Más Madrid también ha aprovechado la ocasión para pedir que se investiguen “sobrecostes” en la adjudicación del suministro del equipamiento de la sala de prensa del hospital Isabel Zendal. “Las cifras no cuadran”, apunta la formación.