Hachís y móviles ‘al por mayor’ en la cárcel de Navalcarnero

Más de medio kilo de hachís frente a las habituales aprehensiones de pocos gramos. Funcionarios de la cárcel de Navalcarnero (Madrid) intervinieron el 17 de enero el que, según fuentes penitenciarias, es uno de los mayores alijos de droga intervenidos en un penal en España en los últimos años: 680 gramos de hachís que estaban ocultos en un taller del centro, según confirmaron a EL PAÍS fuentes del Ministerio del Interior. Junto a la droga, fueron requisados nueve teléfonos móviles, un objeto cuya tenencia y uso está terminantemente prohibido en el interior de las prisiones.

Dos presos destinados en el taller donde se produjo el hallazgo han sido trasladados al módulo de aislamiento por su presunta relación con el alijo. Es la segunda ocasión en los últimos meses en el que la prisión de Navalcarnero se ve envuelta en una operación antidroga. En septiembre, cinco funcionarios fueron detenidos por la Guardia Civil como presuntos integrantes de una trama de narcotráfico en la que participaban reclusos y familiares. Entonces no se intervino droga.

Las pesquisas se iniciaron el 14 de enero al intervenirse un teléfono móvil a un recluso destinado en uno de los llamados talleres productivos del centro. Los presos trabajan en ellos para empresas privadas a cambio de un sueldo dentro de los programas de reinserción. En concreto, en el taller en el que se encontró el alijo se fabrican componentes de automoción, por lo que a diario entran y salen camiones con materiales, así como empleados de las empresas para dirigir el trabajo de los internos.

Ante la sospecha que este trasiego de personas y vehículos estuviera siendo utilizado para introducir objetos prohibidos, tres días más tarde de la requisa del móvil, funcionarios de prisiones registraron la nave con la ayuda de perros adiestrados y localizaron los 680 gramos de hachís y otros ocho teléfonos ocultos entre cajas y palés. La droga se encontraba repartida en paquetes de 100 gramos y, al menos, uno estaba abierto y le faltaba parte de su contenido. El hallazgo es ahora investigado por un juez.

Fuentes cercanas a la investigación señalan que el taller era supuestamente utilizado como guardería (escondite) de la droga y que esta salía en pequeñas cantidades para su venta a otros reclusos. Tras el hallazgo, los funcionarios ejecutaron más registros en otras dependencias de la cárcel y localizaron otros tres móviles, aunque aún no se ha podido determinar si pertenecían al mismo alijo o habían sido introducidos con anterioridad y por otras vías.

La cantidad de droga intervenida es elevada a la vista de las cantidades que anualmente se requisan en las cárceles dependientes del Ministerio del Interior. A lo largo de 2019, se intervinieron 30 kilos de hachís que ya estaba dentro de los centros penitenciarios o a punto de ser introducidos, normalmente, por familiares de presos de visita o reclusos que vuelven un permiso. De esta cantidad, dos kilos y medio fueron requisados en la cárcel de Navalcarnero.

Al año siguiente, en plena pandemia y con las cárceles aisladas para minimizar el riesgo de propagación de la enfermedad, la cantidad de hachís localizada fue algo menos de la mitad, 14 kilos y medio, según fuentes de Instituciones Penitenciarias. Sin embargo, ese año en la prisión madrileña la cifra creció hasta los dos kilos y 700 gramos. Un informe de la Guardia Civil incorporado al sumario en el que se investiga a los cinco funcionarios detenidos en septiembre asegura que la estimación es que las cantidades que se intervienen solo representan el 10% de la droga que circula en las cárceles.

El sindicato Acaip-UGT, mayoritario entre los funcionarios de prisiones, destacó ayer en el comunicado en el que daba cuenta de la aprehensión, el riesgo que para la seguridad de los trabajadores y los propios reclusos suponen el tráfico de droga y teléfonos móviles dentro de las cárceles. “Las deudas generadas para hacerse con estos elementos y la lucha por el control de los mismos son fuente de conflicto en prisiones”, apuntaban. Y añadía que, hace “pocas semanas”, se registró por este motivo una pelea multitudinaria entre internos en otra prisión madrileña, la de Estremera, “que se saldó con varios funcionarios lesionados”. El sindicato denunció también el déficit de personal que sufren las cárceles dependientes del Ministerio del Interior y que, en el caso de la prisión de Navalcarnero, cifró en 123 vacantes, de las cuales 84 corresponden al área de vigilancia encargada de la custodia directa de los reclusos.