Alcaldes de Ourense de los últimos 25 años desfilan por los juzgados imputados por prevaricación

Ourense no consigue salir de 1986. Una refriega política incesante mantiene anclada a un planeamiento urbanístico de hace 36 años a la tercera ciudad más poblada de Galicia. El pasado está tan vigente que no sale de los juzgados: tres de los cuatro alcaldes electos de los últimos 27 años, de distintos partidos, emprenden ahora un singular viacrucis por los tribunales, imputados por delitos de prevaricación, y en algún caso de malversación, de sus distintos mandatos. De fondo, siempre, el urbanismo que los enfrenta.

En 2022 la capital orensana se ve obligada a planificar su desarrollo ateniéndose a un planeamiento de hace casi cuatro décadas porque no hay alcalde que consiga aprobar uno nuevo. El crecimiento de la ciudad se ajusta al año en el que el Gobierno de Felipe González aprobaba la Ley General de Sanidad: un pasado remoto. Desde entonces solo ha habido una contienda permanente por controlar el urbanismo.

El Tribunal Supremo tumbó en 2011 el plan de ordenación municipal aprobado por el PP en 2003 —tras años de recursos de los populares y de un grupo de constructores contra nueve sentencias del Tribunal Superior de Galicia que lo anulaba— porque, entre otras irregularidades, el gobierno local había dado el cambiazo a los planos en la exposición al público: aparecía menos edificabilidad de la que constaba en los planos oficiales. Entonces era alcalde el popular Manuel Cabezas, que gobernó entre 1995 y 2007. Y esta semana se ha sentado en el banquillo. Está acusado de delitos continuados de malversación y prevaricación por perdonar a constructores de 15 promociones inmobiliarias el 10% de la cesión urbanística. El ministerio público y la acusación popular piden para él siete años de cárcel y una indemnización de más de 1,5 millones de euros.

La querella fue registrada por Áurea Soto, la edil de Urbanismo del gobierno bipartito de PSOE y BNG que siguió al del PP de Cabezas y que se mantuvo desde 2007 hasta 2012. La presentó en 2013. “Me vi obligada, por responsabilidad y porque nosotros habíamos recibido presiones enormes: llamadas, chantajes y amenazas para que mantuviéramos esa exención, que creo que es un robo, y que desde luego rechazamos”, explica Soto. “Estaba segura de que en cuanto pusiéramos un pie fuera de la alcaldía, iba a volver a ocurrir”, afirma.

El juicio contra Cabezas se ha demorado además porque tanto el primer juez instructor, Leonardo Álvarez, como el ex fiscal jefe, Florentino Delgado, le daban carpetazo constante. Solo prosperó cuando Delgado fue sancionado por esos retrasos y cuando se apartó de la causa a Álvarez tras haber sido denunciado también por Soto, aunque posteriormente absuelto, ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por prevaricación judicial.

El enorme retraso ha traído consigo importantes ausencias en el juicio: han fallecido testigos clave como el secretario municipal de aquella época. Cabezas se ha defendido señalando que este nunca le advirtió de que cometiese ilegalidad al regalarle a los promotores la cesión del 10% de suelo. La Fiscalía lo acusa de “convertir el patrimonio municipal en beneficios privados”.

El presidente de los constructores orensanos, Santiago Ferreiro, ha eludido ofrecer a este diario la versión del colectivo. Sí se ha pronunciado el presidente del Colegio Oficial de Arquitectos de Ourense, Rafael Castro, que expresa el malestar de esta asociación por la ausencia de un planeamiento actualizado. “Genera una gran inseguridad jurídica y la dificultad del desarrollo de la ciudad porque las grandes firmas comerciales o de infraestructuras no se atreven a invertir aquí”, señala. Cree que hay “una evidente falta de voluntad política” por poner fin a esta espiral. “La ausencia de un plan de urbanismo es consecuencia de la ausencia de mayorías absolutas en el Ayuntamiento”, afirma.

Cuando le tocó elaborar un nuevo planeamiento al PSOE , durante su gobierno, este de mayoría absoluta, en coalición con el BNG, la detención del entonces regidor, Francisco Rodríguez, en la Operación Pokémon —la investigación de una trama de corrupción que salpicó a alcaldes de distintos partidos— frustró el trámite. El arresto del entonces alcalde coincidió con la aprobación inicial de un planeamiento que rebajaba considerablemente el volumen de edificabilidad respecto al que pretendía el PP. En As Burgas (la zona más emblemática del casco histórico de la ciudad) pasaba de 19.000 metros cuadrados urbanizables a 4.000.

No prosperó. “Justo cuando enviamos el documento a la Xunta para su aprobación inicial, Paco [Francisco Rodríguez] fue detenido y aún hoy no nos explicamos el por qué de una detención para explicar a una instructora si un expediente era correcto o no”, apunta Soto. Y añade que ella asistió “ a todas las presiones de algún sector para que se mantuviera la práctica del beneficio del 10%”.

Además de su detención en la Pokémon, Rodríguez fue juzgado, y absuelto, junto a varios concejales de su bipartito, incluida la propia Soto, en querellas registradas por el actual alcalde, el excéntrico Gonzalo Pérez Jácome, líder de Democracia Ourensana (DO), entonces furibundo látigo en la oposición. “Lo que ponen de manifiesto todas esas denuncias es que se quiso influir, terminando por llevarse a un gobierno por delante”, concluyó Rodríguez tras las absoluciones. Ahora, retirado de la política y con la juez de la Pokémon sancionada por el Poder Judicial por “retrasos injustificados” y “desatención” en sus instrucciones, el exalcalde socialista tiene aún pendiente el juicio de la causa central de la Pokémon.

Tras el paréntesis de un mandato en clamorosa minoría del popular Jesús Vázquez (entre 2015 y 2019), que no fue capaz ni de aprobar los presupuestos, Jácome se convirtió en alcalde contra pronóstico gracias al respaldo del PP con el que gobierna en un constante enfrentamiento por discrepancias, también, en la redacción del plan urbanístico. Y no se ha librado tampoco de desfilar por los juzgados.

El actual regidor tuvo que responder hace unas semanas ante el juez, acusado por la Fiscalía de malversación por desviar a su canal de televisión el dinero que el Ayuntamiento destina a su grupo político. En cuanto trascendió la querella, se apresuró a asegurar que era cosa de los socialistas. “Cuando una Fiscalía está designada a dedo por un partido político, en este caso el PSOE, no es difícil creer que el PSOE hará lo que sea para intentar derrocar a DO de la alcaldía”, sentenció.

Además, arremete contra la gestión urbanística de su socio del PP al que ha entregado, entre otras, esta concejalía a cambio de que lo mantenga como alcalde. El enfrentamiento es de tal calibre que el nuevo planeamiento está varado en un cajón desde el verano, después de que el regidor pidiese a la empresa redactora que hiciese unos cambios para “limar pelotazos”. Asegura Jácome que esta desatiende sus demandas y amenaza con rescindirle el contrato. Se cuestiona si la empresa puede estar siguiendo órdenes del PP o del PSOE. 1986 sigue vigente.