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Casado eleva el pistón contra el reparto de los fondos europeos y amenaza con cuestionarlo en Europa

El líder del PP carga contra el ministro Garzón por sus palabras contra las macrogranjas desde una explotación de ganadería extensiva como la que defendió el titular de Consumo

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, en una explotación ganadera extensiva en Las Navas del Marqúes (Ávila), este viernes.Foto: RAÚL SANCHIDRIÁN (EFE)
Elsa García de Blas

La política se construye con imágenes, como saben bien los asesores de estrategia. Así, desde que la derecha logró que explotara la polémica en torno a las palabras del ministro de Consumo, Alberto Garzón, contra las macrogranjas, los dirigentes del PP compiten por aparecer en cámara con el mejor fondo de ganado. El presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, apareció esta semana rodeado de un enorme rebaño de ovejas, y este viernes, el líder del PP, Pablo Casado, ha seguido la misma estrategia citando a los periodistas en una explotación ganadera de Las Navas del Marqués (Ávila). El jefe de la oposición ha comparecido con un idílico fondo campestre con vacas pastando a su espalda, desde donde ha cargado contra el titular de Consumo. El problema es que la granja elegida por el PP era una explotación de ganadería extensiva, precisamente las que defendió el ministro frente a las macrogranjas. Ante la contradicción entre el mensaje y la imagen, Casado ha tenido que salir al paso prometiendo que cambiará sus planes y visitará una explotación intensiva la próxima semana. En ese marco, Casado ha elevado el pistón también contra el Gobierno por el reparto de los fondos europeos. El líder popular da una vuelta de tuerca en su estrategia de cuestionamiento de la distribución de las ayudas y amenaza con denunciar ante Europa las presuntas irregularidades.

Casado se ha reivindicado recordando que el pasado 10 de noviembre ya había avisado al Gobierno de que “o hacía una gestión objetiva [de los fondos europeos] y no a dedo” o el PP acudiría a los tribunales. “Dos meses después esto ha sucedido. Y las comunidades y los alcaldes gobernados por el PP van a ir a la justicia para denunciar el reparto a dedo de las ayudas en beneficio del PSOE y en perjuicio de los ciudadanos que están viviendo en una administración gobernada por el PP”. El líder del PP ha tratado así de defender que no ha sido Isabel Díaz Ayuso quien le ha marcado el paso con este asunto, porque ha sido la presidenta madrileña la que ha anunciado el primer recurso ante la justicia contra el Gobierno el pasado martes, y el resto de autonomías y Ayuntamientos populares han ido a rebufo. “Vamos a ir hasta el final”, ha advertido Casado, que suma a la vía judicial la batalla en Europa.

El líder del PP siembra dudas sobre la gestión de los fondos, habla de “discriminación clientelar” y de varios “escándalos” en torno al reparto y arroja la sospecha de presunta corrupción. “Son muchos escándalos los que está habiendo. El Parlamento no sabe nada, las autonomías no saben nada, las diputaciones... Sánchez no está contando con nadie. Nosotros decimos que los fondos europeos que ha negociado el PP con Merkel, con Von Der Leyen y con Lagarde son para los españoles. Lo que pedimos es una gestión compartida y transparencia, y si no iremos a la justicia y a Europa. Esto acabará en malas prácticas y esperemos que no acabe, como los ERE, en corrupción”, ha censurado.

No obstante, la práctica totalidad del dinero se ha repartido con el consenso de las autonomías, en debate en conferencias sectoriales, salvo por una partida de nueve millones de Trabajo, una cantidad muy pequeña en el mar de los fondos ―supone el 0,08% de los recursos repartidos a las autonomías―, que se han destinado a proyectos piloto de empleo innovadores en cuatro territorios sin pasar por una conferencia sectorial con todas las autonomías. Esa partida es la discutida por la Comunidad de Madrid y la que ha motivado su recurso ante el Tribunal Supremo.

Ahora, además del camino judicial ―las autonomías y Ayuntamientos del PP preparan una avalancha de recursos, y el partido ha llevado al Tribunal Constitucional el decreto que aprobó el mecanismo de reparto por no tramitarse como proyecto de ley― los populares amenazan con una campaña de desprestigio en Europa de la ejecución del fondo. Esta iniciativa no se trata de un asunto menor, ya que conlleva el riesgo de colocar a España en la diana de los países más reacios a conceder las ayudas, como es el caso de Países Bajos, que disponen de un freno de emergencia para detener temporalmente los desembolsos si perciben problemas en la ejecución del fondo en algún país. España cerró 2021 en cabeza de recepción del fondo, y es el único país que ya ha recibido un primer desembolso además de la prefinanciación inicial, en total 19.036 millones, pero ahora la oposición ha emprendido una batalla que puede hacer mella sobre la recepción de los multimillonarios fondos (70.000 millones en subvenciones).

Casado ha martilleado al Gobierno con los fondos europeos y con la polémica de las macrogranjas, que los populares quieren hacer su eje de campaña en Castilla y León. El partido ha lanzado este viernes una campaña en redes sociales de estilo ayusista con el lema “más ganadería, menos comunismo” (Ayuso usó el de “comunismo o libertad”) y Casado ha cargado contra “el intervencionismo comunista” del ministro de Consumo porque recomienda reducir el consumo de carne siguiendo las indicaciones de la ciencia sobre los hábitos saludables de alimentación. El líder del PP ha dejado claro, además, a preguntas de los periodistas, que él defiende las macrogranjas, “que cumplen con una normativa muy estricta”, y duda de sus efectos dañinos. “Tampoco me parece que contaminen”, ha considerado.

Pero Casado se ha enfrentado a otra contradicción sobre este asunto. Siendo esa su posición, se le ha preguntado por qué hay ayuntamientos del PP que están aprobando medidas contra estas instalaciones de ganadería, como es el caso del consistorio de Daimiel (Ciudad Real), que prohíbe las macrogranjas intensivas de porcino desde el pasado 23 de diciembre. “Lo que decida un ayuntamiento en base a sus votos es su decisión, es una opción política”, ha despachado el líder popular. El PP no ha dado una directriz sobre las macrogranjas a sus gobiernos por si estos toman otras decisiones “por cuestiones económicas”, ha precisado Casado, decidido a seguir explotando la polémica aunque eso suponga cabalgar unas cuantas contradicciones.



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Sobre la firma

Elsa García de Blas
Periodista política. Cubre la información del PP después de haber seguido los pasos de tres partidos (el PSOE, Unidas Podemos y Cs). La mayor parte de su carrera la ha desarrollado en EL PAÍS y la SER. Es licenciada en Derecho y en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid y máster en periodismo de EL PAÍS. Colabora como analista en TVE.

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