El PSOE se reserva la opción de Ciudadanos para salvar la reforma laboral

El partido de Arrimadas promete que actuará “con responsabilidad de Estado”. Los diputados del grupo liberal no bastarían para lograr la mayoría

Yolanda Díaz y Edmundo Bal en el salón de plenos del Congreso, en abril de 2020.
Yolanda Díaz y Edmundo Bal en el salón de plenos del Congreso, en abril de 2020.Pool (Pool)

El mensaje de Ciudadanos al Gobierno es claro: está dispuesto a negociar un posible apoyo a la reforma laboral. Siempre, eso sí, que el Ejecutivo no ceda a las exigencias nacionalistas, entre ellas la de la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales. El Gobierno, de momento, solo va a negociar con nacionalistas vascos y catalanes, pero si las conversaciones fracasasen, la opción de Ciudadanos se plantea como un posible plan b, sobre todo por la parte socialista del Gabinete.

“Con este Gobierno la reforma laboral podría ser mucho peor”, declaró este miércoles en RNE la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas. “Si el Gobierno nos llama, haremos lo que haya que hacer por responsabilidad”. La formación liberal no comparte todo el texto pactado entre sindicatos y empresarios. Está en contra de recuperar la ultractividad, la vigencia de los convenios hasta que no se negocie uno nuevo. Y aboga por un contrato único y por la llamada mochila austriaca, un sistema que retira trabas al despido a cambio de crear un fondo de indemnización para el trabajador. Con todo, reconoce aspectos positivos en el texto que, según señala su portavoz parlamentario, Edmundo Bal, ya figuraban en el fallido pacto de los abrazos, suscrito en 2016 por Ciudadanos y el PSOE. De ahí que si el Gobierno los llama, los liberales prometen actuar “con responsabilidad de Estado”, corrobora Bal.

PSOE y Unidas Podemos solo van a negociar de momento con sus socios habituales, empezando por ERC, PNV y EH Bildu. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, prepara encuentros al máximo nivel con esas formaciones en los próximos días. Su departamento cree que hay margen para el acuerdo sobre algunos temas, como la demanda de esas tres formaciones de permitir la prevalencia de los contratos autonómicos sobre los estatales. Pero el Gobierno tampoco quiere hacer ningún gesto que pueda llevar a la patronal a descolgarse del pacto.

Si ese equilibrio entre las exigencias de los socios y las demandas de los empresarios no se alcanzase, fuentes de la parte socialista del Ejecutivo señalan que se debería intentar con Ciudadanos, por mucho que eso colocase en una posición incómoda a Unidas Podemos. “Si no ceden al chantaje de los nacionalistas, estamos dispuestos a hablar”, ratifica Bal.

Ciudadanos, con nueve diputados, ya fue un apoyo indispensable para el Gobierno al comienzo de la pandemia, cuando ERC rehusó apoyar los estados de alarma. Pero entonces la mayoría necesaria la completaban los seis escaños del PNV y esta vez resulta imposible meter en el mismo bloque a las dos formaciones. La principal demanda de los nacionalistas vascos, la prevalencia del convenio autonómico, es para Bal “un disparate que atenta contra la unidad de mercado”.

Aun el caso de lograr el apoyo de la formación liberal, el Gobierno necesitaría una docena de diputados más para alcanzar la mayoría. Una opción muy viable son los cuatro del PDeCAT. “La propuesta del Gobierno encaja bastante con lo que hemos venido pidiendo”, manifiesta su portavoz, Ferran Bel, que anticipa que en ningún caso votarán en contra. La dirección de Coalición Canaria, que no forma parte de la base habitual del Gobierno, tampoco ha tomado una decisión, aunque su diputada Ana Oramas se inclina por el sí: “Cuando han hablado los que crean empleo, los empresarios, y los que representan los derechos de los trabajadores, los sindicatos, los partidos ya poco podemos decir”. El mismo argumento esgrime el regionalista cántabro José María Mazón: “Estamos a favor de una norma con el consenso de los empresarios y los sindicatos mayoritarios”. Los únicos diputados de Nueva Canarias y Teruel Existe son otros de los posibles apoyos.

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Más País, con dos escaños, es de los que no se ha decantado. Su líder, Íñigo Errejón, ha criticado que no se derogase por entero la ley del PP, pero admite avances. Joan Baldoví, de Compromís, va a pedir “mejoras”. Junts, con cuatro votos, se mantiene por ahora en el no, aunque demanda lo mismo que los otros nacionalistas, “un marco catalán de relaciones laborales”, según fuentes de la formación, que lamentan que el Gobierno no los haya llamado aún.

Con todo, el Ejecutivo —que cuenta además con un diputado menos porque Unidas Podemos no ha cubierto la vacante del expulsado Alberto Rodríguez— tendría muy difícil alcanzar los 176 votos de la mayoría solo con Ciudadanos y los grupos minoritarios. Aunque también podría suceder que le bastasen menos apoyos si alguna de las formaciones con las que ya mantiene contactos —ERC y los dos nacionalistas vascos— se abstiene en lugar de votar en contra.


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