Una Constitución que nos protege

La conmemoración del aniversario de la Constitución invita a mirar de manera retrospectiva a aquellos años en que España transitó de la dictadura a la democracia. Y también llama a analizar los acontecimientos de las décadas recientes.

Esa reflexión nos reafirma en la idea de que la aprobación de la Carta Magna fue un éxito histórico. Un éxito de país.

La transición hacia la democracia fue un proceso de diálogo y encuentro entre diferentes con un resultado admirable. Una conquista pacífica de derechos y libertades cuyo germen de cambio se había ido incubando en la sociedad española incluso durante la dictadura. El “espíritu de la Transición” fue el sello fundacional de nuestra democracia como modelo de convivencia plural, con reglas de juego consensuadas. Todos cedieron en aquel camino, con el fin de conseguir un bien superior: convivir en paz y en democracia.

Aprobar la Constitución fue el inicio del disfrute de las libertades y el progreso social en nuestro país. Un éxito liderado por una generación que supo estar a la altura de la necesidad histórica de poner fin a la fatalidad del desencuentro entre españoles. Que identificó las inquietudes de la mayoría, que deseaba un cambio que no fuese ni cosmético ni traumático. Que fue capaz de fraguar acuerdos en el proceso constituyente.

Se abría la posibilidad de que cristalizase una España moderna, dispuesta a la concordia y a la progresiva expansión y consolidación del Estado social y democrático de Derecho.

A lo largo de estos 43 años, España se ha convertido en una democracia plena, en una sociedad avanzada. No hay periodo histórico comparable en avances sociales a los que hemos conseguido durante este casi medio siglo. De hecho, no existe en el mundo un país que haya logrado tanto en tan poco tiempo. Un éxito por el que hemos de mostrar un legítimo y justificado orgullo de país. La España constitucional es, sin duda, la mejor España conocida.

Hay muchos motivos para conmemorar cada 6 de diciembre la vigencia de nuestra Constitución. Un texto pionero que otorgaba relevancia a los derechos sociales y declaraba que España se constituía en “Estado social”.

La norma de 1978 mandata el mantenimiento del Estado de bienestar, que sustenta el diseño y la orientación de las políticas públicas: derecho a la vivienda; derecho al trabajo y a una remuneración suficiente; pensiones y servicios adecuados para nuestros mayores; acceso a la educación para el pleno desarrollo de la personalidad; un régimen público de Seguridad Social; protección de la infancia y la juventud, entre otros muchos. Su carácter inequívocamente social se expresa en la previsión que llama a una distribución más justa de la renta; y también en la que establece la subordinación al interés general de toda la riqueza. Incorpora además un concepto tan avanzado para aquel tiempo como el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado y, si bien es verdad que el término utilizado para hacer referencia a las personas con discapacidad resulta hoy inaceptable —desde el Gobierno hemos impulsado una reforma del artículo 49 que sustituya el término “disminuidos” por personas con discapacidad—, sí podemos resaltar la vocación social de este artículo en cuanto que busca garantizar la atención a las personas con discapacidad.

Las obligaciones de protección y cumplimiento de los derechos sociales siguen plenamente vigentes, y esta es una característica esencial que hemos de destacar hoy. Ahora que estamos saliendo de una grave crisis sanitaria, social y económica e iniciamos una recuperación que va a ser potente y va a ser justa, es decir, que ha de llegar a todas las personas, a todos los territorios y a todos los sectores de actividad. Por eso, la Carta Magna nos inspira y nos guía cuando consideramos prioritario el fortalecimiento de lo público; cuando adoptamos decisiones como subir el salario mínimo, dignificar las pensiones, instaurar el ingreso mínimo vital, promover la primera ley de vivienda estatal, multiplicar las becas, avanzar en igualdad de género… No es posible defender la Constitución sin defender los derechos sociales. Sin comprometerse con el mantenimiento del Estado del bienestar. La Constitución nos obliga a construir una España más social, una España mejor.

Nada hay más sólido que una Constitución que fundamenta y ampara los derechos sociales, ni mandato más vigente que la protección de aquellos conciudadanos que se enfrentan a dificultades, que son los que necesitan de lo público.

Hoy la ciudadanía nos pide a los gobiernos que les protejamos frente a la adversidad. Que lo público sea su red de seguridad, tanto en las dificultades individuales (por ejemplo, el desempleo o la enfermedad) como en las colectivas (una pandemia o una catástrofe natural). Esa red de seguridad solo puede ser pública y es nuestro Estado del bienestar. Poner en valor lo público como garantía de protección de la ciudadanía es apostar por reforzar el Estado del bienestar y es ese Estado del bienestar el que consagró nuestra Constitución hace 43 años.

Sigamos cuidando, por tanto, de nuestra Carta Magna. Para que siga siendo la base desde la que ampliar derechos y libertades en el proceso de transformación y modernización en que estamos inmersos. Estos 43 años de vigencia son la mejor garantía de un futuro que debemos mirar con optimismo y esperanza. Nos espera una España mejor.