Detenida la subdirectora de la cárcel de Villena por fingir que había sido agredida por encapuchados

Agentes de la Guardia Civil han detenido este miércoles a la subdirectora de la prisión de Alicante II, situada en el municipio de Villena, acusada de los delitos de denuncia falsa y simulación de delito tras la investigación abierta después de que esta funcionaria denunciase, el pasado septiembre, que cinco encapuchados la habían agredido en el portal de su domicilio cuando se dirigía al trabajo, según confirmaron a EL PAÍS fuentes del instituto armado. Las pesquisas, bautizadas con el nombre de Operación Silencia, han concluido que este ataque nunca existió a pesar de que la ahora arrestada presentaba lesiones en la cara. Tras prestar declaración asistida de abogado, la responsable de la prisión alicantina quedó en libertad a la espera de ser citada por el juez que dirige la investigación.

Cuando se conoció la supuesta agresión, tanto el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mostraron su apoyo a la mujer. Grande-Marlaska la llegó a calificar de “una verdadera funcionaria”, mientras Ortiz encabezaba una concentración de repulsa por los hechos denunciados a las puertas de la prisión en la que participó la funcionaria ahora arrestado. Este miércoles, Instituciones Penitenciarias estaba a la espera de tener notificación oficial de la detención para abrir un expediente a la mujer y apartarla de sus funciones en la cárcel alicantina, según confirmaron fuentes de este organismo.

La noticia del ataque ahora puesto en cuestión por la investigación de la Guardia Civil se conoció el pasado 6 de septiembre, cuando la subdirectora de seguridad de la prisión de Villena denunció que había sido atacada a primera hora de la mañana por cinco o seis encapuchados a la salida de su domicilio cuando se dirigía al trabajo. Entonces Instituciones Penitenciarias vinculó en una nota de prensa la supuesta agresión con la investigación interna abierta en la prisión por la paliza que, unas semanas antes, había sufrido un interno con una enfermedad mental a manos de tres funcionarios de esta cárcel. La subdirectora asaltada era la responsable de custodiar las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del penal que recogían aquel suceso y, según denunció, los atacantes pretendían que las borrara.

En su denuncia, ahora considerada falsa, la mujer aseguró que tres de los supuestos asaltantes la habían sujetado por detrás mientras otro le propinó dos fuertes golpes en la cara a la vez que le exigía que tuviera “la boca cerrada” en la declaración que iba a realizar al día siguiente por la paliza al recluso. Además, aseguró que días antes había recibido amenazas en su teléfono a través de mensajes de WhatsApp procedentes “de un número oculto”. La funcionaria se excusó de no poder aportar el terminal telefónico con estos mensajes porque, aseguró, este le había sido sustraído en la prisión. La Guardia Civil concluye ahora que ni las amenazas ni el robo del móvil existieron.

Aquella denuncia provocó la reacción de Interior, que convocó concentraciones de repulsa a las puertas de los centros penitenciarios. El secretario general de Prisiones afirmó entonces que “cualquier comportamiento irregular tendrá una respuesta tan justa como contundente”, mientras Grande-Marlaska mostraba en una entrevista en televisión su “solidaridad y reconocimiento” a la supuesta víctima. Frente a ellos, los sindicatos de funcionarios cargaron contra el Ministerio del Interior y sus responsables, a los que acusaron de criminalizarlos.

El enfrentamiento entre los representantes de los trabajadores e Instituciones Penitenciarias se agravó cuando, semanas después, el preso que había sufrido la paliza hirió en el cuello con un objeto cortante a un funcionario de la cárcel de Cuenca donde había sido recluido tras una nueva detención. En la actualidad, los tres trabajadores identificados como los presuntos autores de la paliza siguen siendo investigados.