Instituciones Penitenciarias, condenada a pagar 10.000 euros a un preso al que impidió operarse y perdió un dedo

La Audiencia Nacional ha condenado a Instituciones Penitenciarias por impedir que un preso fuera operado hasta en cinco ocasiones —ya programadas— antes de perder finalmente el dedo meñique, que le fue amputado junto a una parte de la mano debido a la enfermedad degenerativa de Dupuytren que sufría.

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“Los medios sanitarios para paliar la referida enfermedad sufrieron un notorio retraso, por lo que su efectividad quedó enervada por la demora en su aplicación (…) La amputación no puede entenderse como una consecuencia directa de la enfermedad, sino de la demora en la adopción de la medida quirúrgica que, en principio, hubiera evitado la amputación”, reza la sentencia, que condena al Ministerio del Interior a indemnizar con 10.000 euros al recluso, hoy en libertad.

“Para mí las manos lo son todo siendo artesano. Después de que un cirujano pidiera que me operaran, estuve siete meses de pruebas y solo 15 días antes de la operación me trasladaron desde la prisión de Valdemoro. Mi problema es que protesté por torturas encubiertas a través de las enfermedades e hice huelgas de hambre”, denuncia Honorio Gómez desde Tobarra (Albacete), donde vive ahora, empleado como ceramista después de cumplir 25 años de condena por robos y atentado a la autoridad, entre otros delitos.

Los jueces subrayan cómo la enfermedad le fue diagnosticada a Gómez en 2005, pero tras diversas operaciones frustradas por los continuos traslados de cárceles, los médicos le amputaron el dedo meñique de la mano izquierda en 2013. “No se discute la procedencia de la amputación, cuya operación era necesaria dado el estado avanzado de la enfermedad, sino la falta de diligencia a la hora de afrontar las operaciones indicadas por los especialistas y que fueron demorándose y frustrándose por los continuos cambios del recurrente de centros penitenciarios”, describe el fallo de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional. La sentencia, fechada el pasado 22 de enero, no es firme y admite recurso de casación.

Gómez estaba clasificado como un recluso FIES (Fichero de Internos de Especial Seguimiento), de ahí sus continuos traslados de una cárcel a otra, y escribió sin éxito cartas en busca de amparo al Congreso, al Senado y al Defensor del Pueblo. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ayudó a Gómez a denunciar su caso y este miércoles ha criticado la inacción de la Secretaría General de Interior: “Instituciones Penitenciarias adoptó medidas represoras para castigar a quien le resultaba incómodo. Es el último ejemplo de la grave situación de extrema precariedad en la que se encuentra la atención médica dentro de prisión”, censura Francisco Fernández, del área de cárceles de APDHA.

“Este caso es una muestra terrible de la precaria atención sanitaria en las cárceles provocada por la no transferencia de las competencias a las comunidades autónomas desde el Estado”, resume Fernández. Instituciones Penitenciarias rechaza valorar la sentencia y se ha limitado a subrayar que “respeta” la resolución judicial de la Audiencia Nacional.

La atención médica en las prisiones es un grave problema por la falta de facultativos, y la plantilla que hoy forman 242 médicos mengua a gran velocidad porque el sueldo que paga Interior es inferior al de fuera de las prisiones, entre otros factores, tal y como denunció hace un año la Organización Médica Colegial (OMC). Solo Cataluña -con transferencias plenas- y País Vasco tienen sus propios médicos, mientras que Navarra y Baleares tienen avanzadas las negociaciones con Instituciones Penitenciarias para asumir la atención médica en sus cárceles. De las 35 plazas convocadas recientemente por Interior para médicos en prisiones, solo aprobaron 15, de los cuales 11 de ellos renunciaron y solo cuatro finalmente hicieron un curso previo para ocupar la plaza. Es decir, solo el 11% de las plazas tienen hoy un médico al frente.